García Guzmán, contralor de la corrupción.

ALMA GRANDE

Por Ángel Álvaro Peña

 

Ahora resulta que quien reparte el pastel asegura que no lo probó,

a pesar de que le tocó la rebana más grande.

 

Es el caso del contralor del gobierno del estado de Veracruz, Ricardo García Guzmán, quien ahora señala con índice de fuego a los culpables del gran desfalco de la administración pública que todavía no termina y que comenzó con la llegada de Javier Duarte a la gubernatura.
El caso particular del contralor, Ricardo García Guzmán, es sorprendente porque ahora se pavonea diciendo que él fue el instrumento legal para que dos funcionarios públicos de la administración de Javier Duarte fueran investigados y detenidos, Deantes y Bermúdez, pero no sólo eso sino que amenaza con presentar 7 denuncias más que implican incluso a diputados federales, entre quienes se encuentra Tarek Abdalá.
García Guzmán llega a apagar fuegos, a tapar hoyos, a falsificar firmas, a crear empresas fantasma. Aunque dijo públicamente: “En Veracruz no hay empresas fantasma”, según advirtió en programa de Radio Fórmula conducido por Ciro Gómez Leyva, a finales de mayo del presente año.
Habrá que aclarar que Ricardo García Guzmán fue nombrado por Javier Duarte contralor del gobierno del estado, el 21 de julio de 2014, precisamente cuando las notas informativas acerca de las corruptelas en el gobierno de Veracruz comenzaban a hacer escándalo dentro y fuera de la entidad, dentro
y fuera de nuestras fronteras.
García Guzmán trabajó para Duarte, no para los veracruzanos, como contralor, 811 días, incluyendo fines de semana, porque era precisamente en días de asueto cuando verificaban que los domicilios de sus empresas fueran dúctiles, manejables, nobles para los propósitos de encubrimiento y simulación.
García Guzmán empezó a denunciar a funcionarios públicos hasta que solicitó licencia Duarte, antes de esa fecha nunca dijo esta boca es mía.
Así, en el programa televisivo donde se invitó al secretario de Finanzas del actual gobierno, Antonio Gómez Pelegrin, y al contralor Ricardo García Guzmán, como acusados, y por otro lado, a Daniel Moreno, director general del portal Animal Político, y al reportero de este mismo medio, Arturo Ángel, como acusadores.
La postura de los burócratas fue clara; cumplimos con los requisitos de la ley; la posición de los periodistas, también: revisen sus leyes porque tienen grandes lagunas.
El caso es que los funcionarios públicos aseguran que no está dentro de sus atribuciones revisar si los socios que aparecen en un acta constitutiva existen, aseveran que eso es tarea de los notarios públicos. Aseguran carecer también de atribuciones para verificar si los domicilios donde se ubican las 21 empresas que tuvieron contratos con el gobierno del estado, son los correctos. Afirman lo anterior contundentemente Guzmán y Pelegrin, que ese es problema y trabajo del notario público.
Lo raro es que esas empresas que aparecen como lotes baldíos, fondas, viviendas particulares, una vez que se dio a conocer el reportaje de Animal Político, desaparecieron como proveedores del gobierno.
Ante esta situación los funcionarios veracruzanos aseguran que ese es asunto de las empresas implicadas que no quisieron seguir siendo proveedores del gobierno, porque no pagaron los derechos para continuar negociando con la alta burocracia veracruzana.
Se asegura en ese programa que el domicilio de una empresa cementera en realidad es una casa particular con piso de tierra.
Si las 21 empresas que realizaron contratos por un total de 645 millones de pesos hubieran sido investigadas, acción supuestamente dentro de las responsabilidades del Contralor del gobierno del estado, en este caso Ricardo García Guzmán, quien entre sus responsabilidades está. Cotejar que las compras realizadas coincidan con lo estipulado por la Ley de Adquisiciones del Estado.
Así, las 21 empresas fantasma tuvieron contratos con la Secretaría de Educación, Sedesol, Protección Civil y DIF estatal. Es decir, se involucra a los más altos niveles de la administración de una entidad federativa.
Los funcionarios públicos como García Guzmán actuaron superficialmente, nunca fueron más más allá de lo que sus limitadas capacidades pudieron ofrécele, a pesar de que está dentro de sus atribuciones sospechar, investigar, ir más allá de lo que indican sus limitadas normatividades. Es por ello que ahora el investigado es él.
Los argumentos de los críticos de Guzmán y Pelegrin, -ponemos los apellidos maternos para que sean recordados con mayor facilidad-, hay domicilios fiscales falsos y socios que no son socios, pero no hay autoridad dentro de la jurisdicción veracruzana, encargada de verificar este tipo de empresas y sus composiciones.
Para corroborar este tipo de huecos, por decir lo menos, hubo por parte de ese medio 16 solicitudes de información a las dependencias citadas, y en el caso de la Secretaría de Educación, por ejemplo, se les pidió dieran a conocer el concepto por el cual se había otorgado el contrato y aclararon puntualmente: Material pedagógico.
Cuando se les solicitó a través de las oficinas de acceso a la información el nombre de las escuelas, respondieron: a diversos centros educativos.
Cuando se les solicitó el nombre de esos diversos centros educativos respondieron: que dado el volumen de la información era imposible darlos a conocer.
Es decir, el gobierno del estado de Veracruz hizo negocio con empresas con domicilio fiscal falso, con socios que no son socios, que esas mismas personas negaron tener cualquier negocio, y firmaron contrato con empresas que tenían seis meses de haberse constituido y nunca se dio cuenta el contralor de estas anomalías.
Los conceptos de las compras son tan absurdos como ilegales desde la primera percepción, por ejemplo se compraron tres millones seiscientos mil pesos en cobertores, supuestamente para los damnificados del huracán, a una empresa llamada MARVER Card. Que ya no se le puede ubicar por ningún lado, por lo menos en el estado de Veracruz.
Pero inculpar a otros parece ser una obsesión para Guzmán, porque dice que a ellos no puede culpárseles de anomalías en este tipo de contratos únicamente porque en Veracruz existe un subcomité de adquisiciones, conformado por funcionarios públicos cámaras empresariales y notarios públicos. Asegura que cada vez que hay un contrato para la compra de un bien, se requiere de su participación y aprobación.
Toda esta basura surge sólo de un programa de televisión de menos de 50 minutos, realizado hace seis meses. Lapso en el que se han ventilado una serie de anomalías en las que el propio secretario de Finanzas, Arturo Gómez Pelegrin y el contralor Ricardo García Guzmán, debieron darse cuenta.
De no ser así debe consignárseles por no ir a trabajar o bien por no reportar la ceguera que padecen que debió incapacitarlos de por vida… Esta columna se publica todos los lunes, miércoles y viernes.

Si tienes algún comentario escribenos a:
angelalvarop@hotmail.com
politicosad@outlook.com
Twitter @politicosad

 

Facebook Comments
Xalapa, Veracruz. Los comentarios expresados de LAS COLUMNAS son responsabilidad de los autores.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *