Premios a la corrupción veracruzana

ALMA GRANDE

Por Ángel Álvaro Peña

 

  • El desfalco de los duartistas contra Veracruz tuvo un trazo bien planeado.

A los más cercanos al gobernador se les colocó un puente hacia la impunidad, así ganan tiempo para preparar su defensa y realizan amarres para continuar con el fuero que ahora les protege.

La lista es larga, cada personaje que vivió de la administración de Javier Duarte, tiene algo de responsabilidad, mucha o poca, ya sea por actuar directamente contra el dinero y los bienes de los veracruzanos o por omisión de ver y callar.

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Así, en el ámbito de los legisladores federales encontramos que hasta fueron premiados con presidencias de Comisiones, a pesar de la mala fama que les identifica.

Legisladores locales y federales llegaron a las cámaras respectivas no para abogar por sus representados sino por los intereses personales y sobre todo en pos de su libertad, que no es otra cosa que impunidad disfrazada de fuero.

Hacer legal lo ilegal fue la idea básica de Javier Duarte desde el inicio de su mandato y de ahí que haya llevado a la quiebra la administración no sólo estatal sino municipal.

En el Congreso local hay dos pillos, el primero de ellos, todavía con los colores del PRI, Juan Manuel del Castillo González, quien fue premiado nada menos que con la Presidencia de la Comisión de Procuración de Justicia. Es decir, el bandido blindado por partida doble: Fuero y manejo de la ley.

Juan Manuel del Castillo González, fue subsecretario de Finanzas y Administración del gobierno de Javier Duarte y actual diputado local por Córdoba, fue demandado penalmente ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos por “retención indebida” de recursos por 22 millones 411 mil pesos en perjuicio de mil 84 empleados del poder ejecutivo y de la empresa financiera Intermercado.

En la averiguación previa FESP/128/2016/II-05, se consigna a Del Castillo González junto con cuatro servidores públicos de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

En marzo de este año, Juan Manuel del Castillo, quien empezó como jefe de asesores de Duarte y después fue su secretario particular, pidió licencia en la Sefiplan para buscar la diputación local en Córdoba.

Otro de los pájaros de cuenta, responsables del quebranto sin precedente en la administración del gobierno veracruzano es Vicente Benítez González, conocido como el Señor de las Maletas.

Encargado de repartir el dinero a manos llenas y en efectivo, durante mítines y reuniones, a empresarios y reporteros; pero el colmo fue cuando en enero de 2012, fue detenido por agentes de la PGR en el aeropuerto de Toluca con una maleta donde transportaba 25 millones de pesos, que presumiblemente tenían como destino alguna campaña.

Benítez repartió grandes cantidades de dinero sin dar recibo, para diferentes propósitos, que tenían que ver con la movilización en campañas y jornadas electorales, hasta “convenios” publicitarios con medios de comunicación, para los cuales, precisamente por esa razón, es intocable.

Pero para poder seguir medrando del presupuesto imitó a las víboras y cambió de piel al afiliarse al Partido Nueva Alianza, a través del cual es ahora nada menos que presidente de la Comisión de Vivienda y Fondo Legal, como diputado local.

Durante su campaña rebasó por un millón 200 mil pesos, 150 por ciento más, los topes de gastos de campaña, por lo que “su” partido fue multado y su elección debió ser anulada por los tribunales, ya que de acuerdo con el artículo 396 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, podrá declararse la nulidad de la elección de diputados locales de mayoría relativa en un distrito electoral cuando “se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado”. No hubo castigo.

Benítez González fue señalado como propietario de bienes inmuebles en Costa Rica, motivo por el cual fue denunciado en los medios electrónicos de aquel país centroamericano, varios de ellos a nombre de su esposa Mariela de los Ángeles Núñez Rodríguez, valuados en más de 25 millones de pesos. Entre éstos, el hotel Nube, del que es socio.

Entre otros involucrados en el desvío de recursos, en la Secretaría de Educación de Veracruz está Adolfo Mota Hernández, ex secretario de Educación, ahora diputado federal por el PRI y Edgar Spinoso, ex oficial mayor del órgano educativo, actual legislador federal por el Partido Verde Ecologista, de quien hablaremos en la próxima entrega. Lo mismo que del dipsómano Alberto Silva, quien es investigado por estar coludido con el narcotráfico y a pesar de su fuero como diputado federal, no puede cantar victoria. Podría decirse que fue quien comandó a la bola de bandidos que ayudaron a Duarte no sólo a enriquecerse, sino a fugarse.

En Veracruz no puede suceder lo mismo que en Nuevo León, con Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, quien ofreció castigo a los corruptos, mismo que no pudo cumplir porque en el caso del ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, no tuvo el apoyo del gobierno federal para castigarlo.

Lo que le pasó a El Bronco no le debe suceder a Miguel Ángel Yunes, quien tiene la palabra empeñada y no debe fallarles a los veracruzanos… Esta columna se publica todos los lunes, miércoles y viernes.

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