Reporteros de Veracruz se quejan de opacidad informativa en la Fiscalía

Vía redes sociales, reporteros de diversos medios mostraron su inconformidad por la opacidad informativa que se da desde la Fiscalía General del Estado, además de lo que calificaron como “cerco informativo” que “ni en los peores momentos del Duartismo, ni tampoco en el ocaso del sexenio del no menos polémico Fidel Herrera Beltrán, se había vivido tanta ausencia de información en la FGE, como en estos 60 días”.

A CONTINUACIÓN, EL TEXTO ÍNTEGRO…

Fiscal General del Estado de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz
Gobernador Constitucional de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, María Elisa Manterola Sáinz
Presidenta de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas de Veracruz, Ana Laura Pérez Mendoza
Presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Namiko Matzumoto Benítez

PRESENTE

Con fundamento en el artículo 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los aplicables en materia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información a nivel federal y estatal, los que suscriben, reporteros del norte, centro y sur del estado de Veracruz, representantes de medios de comunicación locales, estatales y corresponsales de medios nacionales e internacionales, externamos nuestra preocupación por el cerco informativo que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha puesto en torno a hechos de violencia y a diligencias propias de la dependencia que dirige Jorge Winckler Ortiz, que son de la mayor relevancia para nuestros lectores, pero que también marcan la pauta en la agenda pública estatal y nacional.

Quienes rubricamos está misiva, hemos cubierto y damos seguimiento a diversos hechos de violencia como el abandono de cadáveres en carreteras, lotes baldíos y ranchos; aparición de cuerpos sin vida en fosas comunes; detenciones de personas acusadas de diversos delitos. Asimismo, somos testigos de procedimientos penales vinculados a delitos del fuero común, entre otros.

El sistema de justicia penal acusatorio no sólo está reñido con la transparencia, la rendición de cuentas y la publicidad de los actos de gobierno, tanto en la fase de investigacion de los hechos como la impartición de justicia, sino que las refuerza, al ser un sistema garantista de derechos tanto de los imputados, las victimas y la sociedad ofendida, precisamente para evitar y combatir los abusos de la discrecionalidad y los abusos de autoridad

La impunidad o falta de justicia en nuestro país y estado no es responsabilidad de los periodistas sino de las autoridades que precisamente en un régimen de opacidad, de falta de rendición de cuentas y de débil escrutinio público, la han alimentado y dado la pauta para la implementación de un nuevo sistema ante la falta de resultados.

Los comunicadores somos parte de una sociedad obsevadora y vigilante del fenómeno de la violencia derivado del debilitamiento del Estado de Derecho que exige a las autoridades el cumplimiento de la ley y de la justicia, y esta será irrealizable si las mismas pretenden ocultar los hechos, imponer versiones unilaterales, operar discrecionalmente en las investigaciones, y guardar silencio ante las inquietudes y cuestionamientos de la opinión pública y de la prensa.

De la forma más respetuosa expresamos que ni en los peores momentos del “duartismo”, ni tampoco en el ocaso del sexenio del no menos polémico Fidel Herrera Beltrán, se había vivido tanta ausencia de información en la FGE, como en estos 60 días.

La opacidad informativa, el ocultamiento de hechos violentos, el silencio ante liberaciones de exfuncionarios estatales han sido el tema y la queja de cada día dentro del gremio periodístico.

Desde que Winckler Ortiz tomó protesta como fiscal a  propuesta del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, se enarboló un discurso mediático donde se privilegiaba la transparencia y la apertura informativa. Incluso se utilizaron lemas y frases  “en mi gobierno no vamos a ocultar nada”, “no vamos a minimizar la violencia”, “vamos a reconocer lo que esté ocurriendo”, entre otros. Sin embargo, la política de la Fiscalía ha ido en una directriz contraría.

Tampoco se debe perder de vista que la FGE goza de autonomía y no debería depender de las decisiones o políticas del Gobierno del Estado, pero en Veracruz esto no ha ocurrido y la institución ha dado muestras de subordinación con la administración del ejecutivo Yunes Linares, tal y como sucedió en el sexenio pasado.

A continuación expondremos casos puntuales en los que ha prevalecido la falta de información oficial:

En el pasado mes de diciembre de 2016, cuando Jorge Winckler ya era encargado del despacho, Veracruz cerró con más de 130 homicidos dolosos; y enero, con otros 110 casos. De este universo, la mayoría representan severas violaciones a los derechos humanos de las cuales no se está documentando por fuente oficial. Uno de ellos es la aparición de una camioneta con ocho cuerpos en el municipio de Nogales, el pasado dos de febrero. Hasta la fecha no se ha tenido información de los hechos. En contraste, el gobierno del estado de Puebla, por medio de la SSP, sí aportó un comunicado oficial.

Durante la madrugada del pasado 31 de enero, Leonel Bustos Solís, primer exfuncionario de alto nivel detenido por la FGE, fue dejado en libertad. Ante esto, tuvieron que pasar más de 16 horas para que la Fiscalía confirmara dicho evento y diera a conocer qué acciones tomaría.

En diciembre de 2016, cuatro días después de que se renovaran las instituciones estatales, hubo una serie de enfrentamientos armados que derivaron en la muerte de 20 civiles en Jesús Carranza; el 29 de diciembre se ocultó el homicidio de una madre y su hija de ocho años en Las Choapas; en este mismo municipio, ya al comenzar enero de 2017, no se emitió ni una línea sobre el rapto y homicidio de tres oficiales de la policía municipal; en enero de 2017  varios de esos casos fueron homicidios múltiples, como el 14 de enero en Papantla; Tampoco se informó sobre la identificación del exfiscal de Cardel, Pedro Huesca y su secretario, Gerardo Montile, quienes aparecieron en las fosas clandestinas de Colinas de Santa Fe, en el puerto de Veracruz.

Estos son algunos de las decenas de casos que no han sido informados oportunamente a la sociedad, lo que confirma que hay un cerco que atenta contra el derecho a ser informados de las y los veracruzanos, situación que dista del compromiso adquirido por los funcionarios implicados de garantizar la transparencia y el acceso a la información.

Atentamente
Todos los Firmantes.

Facebook Comments

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *