Marinos sí participaron en homicidio y desaparición; MAYL quiere confundir a la opinión pública: abogado

“Honestamente, desconoce y nada más pretende confundir a la opinión”, así respondió Homero Pérez, abogado de la familia oaxaqueña Ramírez Bravo, al ser cuestionado sobre las declaraciones que este jueves hizo el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, al asegurar que no hay indicios que apunten a que elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) estuvieron involucrados en el asesinato de dos civiles y la desaparición de tres más en el Puerto de Veracruz a principios de año.

Dijo estar sorprendido con la actitud del mandatario sobre el caso de la desaparición de los hermanos Jaciel, Levi y Rafael Ramírez Bravo, así como de los homicidios de Hugo Ramírez Bravo y Luis Ortega, en donde a decir de los familiares, cuatro marinos fueron los responsables de estos hechos.

“Honestamente nos sorprende la actitud del gobernador Yunes ahorita ¿por qué? Se le buscó allá en la secretaría, en Xalapa, se ha buscado la atención… y la atención no la ha dado. Se tuvo que recurrir también a la Subsecretaría General de Gobierno (sic) en México para que interviniera, entonces ¿la dinámica aquí cuál es? Si ellos realmente dicen que no hay señalamientos, entonces por qué el oficial de Tránsito involucra, sobre todo, lo principal, elabora una documentación para ingresar ese vehículo de motor, cuando ya existe… claro que existen pruebas, ¿por qué?, por los dichos de los propios marinos de manera extrajudicial que nos dicen que efectivamente estaban ingresados, en probanzas que obviamente llevaban en el juicio de amparo y que efectivamente está saliendo a la verdad legal las cosas”.

Recordó que en el mes de enero Hugo Ramírez Bravo y Luis Ortega fueron asesinados en medio de los saqueos a centros comerciales que se registraron en las inmediaciones del fraccionamiento El Coyol del puerto de Veracruz, en el marco de las protestas al alza a las gasolinas.

“Desconoce y nada más pretende confundir a la opinión, ¿por qué?, porque él con fecha 21 de enero también hizo una declaración en donde desconocía y decía que primero estaban involucrados en el saqueo los oaxaqueños y después dijo que no”.

El abogado señaló que el enlace y a quien se le dejó la tarjeta informativa y los puntos petitorios fue a su “coordinador político, sí, porque se le comentó y obviamente su intervención” para la liberación de los oaxaqueños.

Insistió en que a los cuatro marinos se les acusa de desaparición forzada y homicidio, sin embargo a la fecha continúan en funciones.

“Ahorita es por la desaparición forzada de tres oaxaqueños, de Levi, de Jaciel y de Rafael Armando, son de la desaparición, desaparición forzada… hasta ahorita no tenemos conocimiento si los han puesto a disposición de alguna autoridad y sobre todo la cuestión del homicidio que también va encaminado a los supuestos elementos de la Marina, ¿por qué?, porque fueron ellos los que intervinieron ahí en el hecho que se investiga”.

– ¿Cuáles eran los nombres de las personas que perdieron la vida?

“Hugo Alberto Ramírez Bravo y Uriel”.

– ¿Uno de ellos fue el que apareció en el fraccionamiento El Coyol (Veracruz)?

“En la calle Cafetales fue. De Hugo Alberto, lo ejecutaron frente a la gasolinera Las Palmas de El Coyol”.

Finalmente, precisó que desde el 24 de febrero se recurrió ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuyas autoridades emitieron una petición al estado mexicano para la localización de las víctimas y medidas cautelares para sus familiares.

“Aquí la verdad ya se recurrió a la ONU, se recurrió a la ONU con fecha 24 de febrero en la Organización de las Naciones Unidas, por medio de la Dirección de Desaparición Forzada y de la Subdivisión de Tratados de Derechos Humanos a cargo de Ibrahim Salama, el jefe, emite las medidas cautelares en contra del estado mexicano para preservar la vida y la integridad personal de los familiares de Jaciel Ramírez, Levi Ramírez y Rafael Armando y sobre todo que garanticen en la familia las actividades de búsqueda de los desaparecidos”.

“El comité lo requiere también para que les dan un término de 10 días que fenece antes del 10 de marzo como límite de este año para que brinden toda la información adicional al procedimiento de la acción urgente y de las medidas cautelares por parte de la ONU”, puntualizó.

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