Los desplazados amenazan la seguridad nacional

Por: José Lima Cobos

El país se encuentra en una seria encrucijada. La incapacidad del gobierno para dar seguridad   a los mexicanos es por demás elocuente, pues los asesinatos se multiplican cada día y más ahora en que los candidatos a cargos de elección han sido asesinados, lo que quiere decir que la delincuencia organizada está operando de manera clara y contundente, para no tan solo controlar el tráfico de drogas y demás actitudes ilícitas, sino para concentrar en sus manos el poder político.

No existe capacidad para impartir justicia y obviamente que eso obedece, esencialmente, a que la corrupción mata de manera exponencial y se sospecha, de manera fundada, que los empresarios están aliados con esa delincuencia que, sabedora de la podredumbre que está en todo, es difícil afrontar con decisión inquebrantable un ataque frontal con todo el poder de lo que puede ser un estado consolidado.

El gobierno mexicano no ha permitido que se le acompañe en esta lucha por instancias internacionales- OEA o ONU- y todo porque, según el informe de esta organización y cinco de sus asociados afirman que se “demuestran que existen “fundamentos razonables”, para considerar que tanto las fuerzas gubernamentales, como el cartel del narcotráfico de los Zetas han cometido, a lo largo de la última década, crímenes de lesa humanidad contra la población civil”.

Al acusarse a los distintos gobiernos – 2006 al 2018- de ser prácticamente incapaces de garantizar la rendición de cuentas por los crímenes atroces, como resultado de la obstrucción política, por ello, se exhorta al gobierno mexicano a crear un organismo de investigación internacional pero la resistencia se funda en que se viola su soberanía sería violentada, sin embargo, lo que se pretende es ayudar al gobierno, pues de acuerdo con los estándares jurídicos establecidos en el Estatuto de Roma en que se apoya la Corte Penal Internacional define loa patrones de asesinatos, desapariciones forzadas y tortura como crímenes de lesa humanidad, cuando estos actos son cometidos para promover una política de Estado u organizacional, en “un ataque generalizado o sistemático dirigido contra la población civil”.

La organización Open Society Justice Initiative ha insistido de manera reiterada la urgencia de un programa de salvamente para el país, pero se han resistido su aceptación , según lo expresa en su in forme James Goldstone, su director, convalidado por Iva Zoom, directora del programa para México, donde se señala que sin asistencia internacional de los expertos en esa materia, no podrán lograse los propósitos de apaciguar el país, pues la acentuada corrupción mata cualquier propósito de impartir justicia, pues las atrocidades cometidas son innegables , y que se ha arribado a la conclusión que existe una colusión de ciertos empresarios ante la impunidad imperante.

Existen en el país, según informes extraoficiales aproximadamente un millón de desplazados de las comunidades rurales hacia las ciudades, ante la inseguridad imperante, fundamentalmente, y pero sobre todo, ante la crisis que se da en el campo, donde no caen recursos del Estado para activar la economía, pues el saqueo de las arcas es desproporcionada y mantienen esa sequia económica que amenaza a todos.

Es sumamente preocupante que en nuestro país se den esas condiciones de instabilidad social, mismos que, según dice el informe de ese organismo, se inicia en el año 2006, esto es con la llegada al gobierno del panista Felipe Calderón y que se han multiplicado en la presidencia de Peña Nieto en que, pese a las presiones que se han ejercido, no acepta el acompañamiento para resolver la crisis que sólo podrá resolverse   apoyada por expertos internacionales.

En esas condiciones, ese organismo internacional, preocupado por lo que está pasando el país, solo está esperando el cambio de gobierno para insistir en la necesidad imprescindible de actuar con rigor y disciplina jurídica y emprender una acción que erradique la corrupción y consecuentemente la impunidad, pues se afirma en el informe “que las desapariciones forzadas son perpetradas por el gobierno y que erróneamente se han consignado como secuestro”.

 

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