Apenas empieza vigilancia a funcionarios

Impunidad en peligro

Las dependencias encargadas de poner orden en la administración pública inician lo que debieron comenzar hace seis años

Por: Rubén Castro P.

A menos de 24 horas de que se conociera el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador las instituciones que dicen haber creado los priistas empezaron a trabajar como si fuera el primer día, realizando tareas que debieron ejecutar desde hace mucho tiempo.

Pero la derrota del partido en el poder los obligó a cumplir con sus responsabilidades.

Así, la Auditoría Superior de la Federación, de inmediato se dio a la tarea de dar a conocer sanciones que seguramente no habría concretado si el PRI hubiera ganado en las urnas.

Al día siguiente, es decir el lunes 2 de julio, en Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tabasco y Yucatán, el órgano auditor detectó incumplimiento en las obligaciones de transparencia, subejercicios y, en algunos casos, malas prácticas sobre el manejo de recursos públicos.

De acuerdo con el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, los citados gobiernos generaron posibles daños a la Hacienda Pública a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; Fondo de Infraestructura Social para las Entidades y el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, entre otros. Deberán aclarar las irregularidades antes de dejar el cargo.

La llegada de David Colmenares a la Auditoría Superior de la Federación se caracterizó por un régimen autoritario al interior de la institución; una vigilancia represiva; despidos injustificados, supervisiones de los trabajos realizados, entre otras muchas anomalías.

David Páramo no es auditor, su carrera se caracteriza por ser tapadera de otros correligionarios que no actúan del todo correctamente y en Tabasco, su trabajo dejó mucho que desear.

Por otra parte, 72 personas y empresas involucradas en los esquemas de desvíos de recursos federales que se realizaron en “La Estafa Maestra” deberán devolver mil 88 millones de pesos al erario, sólo para resarcir los daños. Según el informe sobre la cuenta pública 2013, en los esquemas de “simulación de servicios” que la Secretaría de Desarrollo Social, dirigida por Rosario Robles Berlanga, realizó con las universidades autónomas del Estado de México y de Morelos.

Destacan 63 funcionarios y ex funcionarios de la Sedesol, así como las dos universidades mencionadas. Pero a Rosario Robles no se le menciona ni se le mencionará.

Hasta el secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray, salió afectado en las auditorías en esa sorpresiva etapa de honradez de la ASF, órgano que asegura que la SRE malgastó 53 millones de pesos y no tenía el desglose de las erogaciones en acciones de defensa a mexicanos. Realizó 16 observaciones, de las que la dependencia sólo solventó una, y concluyó que la Cancillería incumplió “con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”.

El 22 de febrero de 2017 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgó mil 70 millones de pesos de recursos extra “de carácter excepcional” a la Cancillería para defender a los mexicanos en Estados Unidos a través de su red de 50 consulados.

De este monto, la ASF revisó 480 millones de pesos, que la SRE derivó a ocho consulados y a la creación del llamado Mandato para la Estrategia de Fortalecimiento para la Atención a Mexicanos en Estados Unidos de América, una estrategia articulada alrededor de cinco ejes, entre ellos la representación legal de los connacionales y fondos para el traslado de personas.

La Secretaría de la Función Pública por fin actuó en consecuencia, y a unos de días de cumplirse el año del accidente ocurrido el 12 de julio en la obra del Paso Exprés en Cuernavaca, Morelos, 8 servidores públicos fueron sancionados de diferentes formas por esa Secretaría.

La dependencia indicó que, derivado de la resolución de 21 procedimientos de responsabilidad administrativa, los 8 servidores públicos fueron sancionados con suspensiones temporales, destituciones e inhabilitaciones para el ejercicio de cargos públicos por periodos de tres meses, uno y diez años.

La dependencia a cargo de Gerardo Ruiz Esparza debió ofrecer información de inmediato luego del accidente. No es posible que sólo haya funcionarios menores culpables, en una obra de infraestructura de tan altos vuelos.

Seguramente en los próximos días habrá más de estas acusaciones que de haber ganado el PRI nunca hubieran salido a la luz pública. Los mexicanos esperamos que situaciones graves como la verdad sobre los 43 estudiantes desaparecidos y satanizados por los medios entregados a la administración de Peña Nieto puedan ser aclarados y se sancione a los culpables sin excusa ni pretexto.

El caso de Ruiz Esparza que ventilamos en este espacio en varias ocasiones debe ser visto por los mexicanos como un ejemplo de corrupción que debe ser sancionado; sin embargo, la plataforma de conciliación del nuevo gobierno seguramente dejará de lado algunos de los aspectos más graves de la administración pública donde ocupa un lugar muy destacado el actual secretario de Comunicaciones y Transportes, cuya gestión estuvo llena de irregularidades, y el socavón de Cuernavaca sólo fue un ejemplo de esta forma de beneficiar a unos pocos, con mucha propina de por medio sin importar que en la negociación se implique la muerte de varias personas.

Ejemplo de ello fue la tolerancia a los camiones de doble remolque, que ha causado tantas muertes en las carreteras del país y que, a pesar de ello, nunca hizo nada por prohibir vehículos que no pueden transitar en carreteras de otros países.

Ruiz Esparza permitió que Guillermo Ruiz de Teresa manejara las APIS, Administración Portuaria Integral, de la SCT, a su antojo haciendo de este esfuerzo de los habitantes de los diferentes puertos del país, una mina de oro; sin embargo, nunca fue requerido por tal motivo a pesar de que era un escándalo su administración a lo largo de nuestros litorales.

Si hubiera alguien que mereciera el premio a la corrupción ese sería Gerardo Ruiz Esparza, quien ahora envía a la cárcel funcionarios menores para salvarse él de la mínima sanción, pero se va con los bolsillos llenos.

México ya no quiere este tipo de funcionarios, pero también desearían los mexicanos que esas conductas no sólo sean erradicadas sino castigadas.

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