La universidad pública, derecho de todos

Por: Héctor Yunes Landa
​La semana pasada, prácticamente todas las universidades públicas del país iniciaron su ciclo escolar. En México, concluir una carrera profesional es una de las aspiraciones sociales más importantes.

En materia de educación superior, México tiene al menos tres retos titánicos: que todos los jóvenes que deseen estudiar lo puedan hacer; que la educación sea de calidad; y que haya un espacio laboral garantizado para todos aquéllos que concluyen sus estudios.

México es un país que cuenta con diversas universidades; sin embargo, estudios de la OCDE nos indican que aún estamos lejos de ser un país de profesionistas.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el país hay cerca de tres mil 800 universidades y se imparten aproximadamente 33 mil programas educativos o carreras profesionales distintas. Sin embargo, sólo 33 por ciento de los jóvenes en edad de estudiar la universidad lo hacen, y al salir, sólo el 50 por ciento opina que pasar por la universidad haya mejorado sus posibilidades para emplearse.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU han planteado que para el 2030 se debe asegurar el acceso equitativo para todas las mujeres y hombres a educación asequible, de calidad, técnica, vocacional y terciaria, incluyendo la universidad. Esta meta enfatiza que la educación superior debe ser globalmente accesible para todos y de alta calidad.

Pero el problema es mucho más complejo que dar educación a todos nuestros jóvenes. La SEP reconoce que el 65 por ciento de los jóvenes elige una carrera profesional por presión social, tradición familiar o imagen, y esto suma al fracaso en su empleabilidad y su coincidencia con lo que el mercado laboral demanda. Adicionalmente, las empresas que sí logran encontrar talento, tienen que formarlo nuevamente al ingresar a su planta laboral.

México debe desarrollar un modelo que garantice un derecho que todos tenemos, sin embargo, apostar a la cobertura universal no es la solución si esta actúa en detrimento de la calidad y la oferta de empleo; una de las consecuencias es que tengamos a nuestros ingenieros desempeñando trabajo como taxistas, abogados como empleados en comercios o empresas y a profesionistas como burócratas que realizan tareas que nada tienen que ver con su formación.

Cuando uno de nuestros universitarios termina ocupando un empleo informal, se desperdicia el esfuerzo institucional del gobierno por ofrecer educación superior y se cancela la expectativa personal de bienestar.

Hasta ahora, pese a las dificultades que implica el contexto social y económico de nuestro país, concluir una carrera universitaria sigue siendo la oportunidad más importante para lograr el desarrollo personal. Garantiza el acceso al conocimiento, pero al mismo tiempo, a oportunidades de empleo y bienestar que no están al alcance de toda la población.

Según Naciones Unidas, en comparación con graduados de preparatoria, los egresados de universidades tienen una vida útil más prolongada, un mejor acceso a servicios de salud, más estabilidad y seguridad económica, más empleo estable y satisfacción laboral. Además, los egresados universitarios poseen un mayor índice de acceso a internet y más tiempo para dedicar a actividades de ocio, entretenimiento o artísticas, así como mayores índice de participación política.

Históricamente, en México como en la mayor parte del mundo, la educación superior ha sido con frecuencia inaccesible para grupos como las mujeres, las minorías étnicas y raciales, las personas con discapacidad y aquéllas en situación de pobreza. Ese es nuestro gran reto como gobierno y como nación.

La universidad no tiene el propósito de hacernos diferentes; por el contrario, representa la posibilidad de construir una sociedad con mayor justicia e igualdad.

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