DUARTE DE OCHOA SE SALIÓ CON LA SUYA

 

***Incongruencia del Nuevo Sistema de Justicia Penal en beneficio de la delincuencia

***Una condena ridícula y una multa grotesca, escarnio para la sociedad

***En 3 años saldrá libre para gastar los miles de millones que se robó

***No bastaron 145 denuncias para aplicarle todo el peso de la ley

***Durante su gestión 19 periodistas asesinados y tres desaparecidos

***Los reos del Reclusorio Norte lo repudian, porque “los desprestigia”

***Ahora ya sabemos de qué se reía y porque sigue carcajeándose Javidú

 

José SÁNCHEZ LÓPEZ

 

“Una burla para la sociedad y una muestra fehaciente de la

incongruencia del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, fue el

desenlace del caso del más grande ladrón que ha padecido Veracruz:

Javier Duarte de Ochoa, que en tan sólo tres años y con el pago de una

multa ridícula, sin reparar daño alguno, quedará libre para disfrutar

de los miles de millones de pesos que birló a los veracruzanos”,

 

Así lo señaló el abogado Alberto Woolrich Ortiz, presidente de la

Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, quien

añadió: “ahora ya sabemos de qué se reía y porque sigue carcajeándose

Duarte de Ochoa, con socarronería insultante; se mofa de la fragilidad

de las leyes mexicanas; se burla del NSJP y se pitorrea de la

estulticia de la Procuraduría General de la República, que fue el

parapeto para simular que actuaban en contra del ex mandatario, cuando

en realidad lo beneficiaban”.

La disfrazada protección que le brindó todo el sistema, no sólo la

PGR, resaltó el prestigiado penalista, comenzó con la suspensión

provisional que un juez le otorgara por los delitos d abuso de

autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado tráfico de

influencia y coalición, delitos no graves conforme al NSJP, con lo que

de facto quedaron “congeladas” varias órdenes de aprehensión que había

en su contra.

 

“Todo fue un circo mediático del Estado de Derecho, mediante el NSJP,

que pareciera haber sido creado para juzgar convenientemente a pillos

de la política, pues no deja de ser un absurdo, una incoherencia, que

se otorgue el perdón sin la reparación total del daño, como lo

señalaba el Código Penal Federal, al precisar que bajo ningún concepto

se permitían componendas con delincuentes, porque era incentivarlos

para que volvieran a delinquir”, apuntó el también ex catedrático de

Derecho Penal en la UNAM.

 

En opinión del doctor en Derecho, HECTOR SEGOVIA TAVERA, catedrático

de la Universidad La Salle; una señal inequívoca del resultadi que

tendría el proceso contra Duarte de Ochoa, fue el deplorable desempeño

que tuvieron los fiscales de la PGR en la primera audiencia ante el

juez de control adscrito al Palacio de Justicia Federal en el

Reclusorio Norte, Gerardo Moreno García, “había sido enviados para

perder”, remató.

 

Las inconsistencias de los MPF Martha Ramos Castillo, Nelly Magaly

Alvarado y Pedro Guevara Pérez, que no habían intervenido en el caso,

fueron tan evidentes, que el mismo juez los reconvino por exponer

datos incongruentes, al dar cifras contradictorias respecto a las que

ofreció la PGR cuando solicitó la orden de aprehensión.

 

La PGR imputó a Duarte el delito de lavado de dinero por más de 438

millones de pesos, provenientes de recursos públicos, pero los MPF

sólo pudieron comprobar 38.5 millones de pesos de la Secretaría de

Educación de Veracruz, es decir, ni el 10 por ciento de los recursos

que habían sido desviados por el ex gobernador de Veracruz.

 

Cabe acotar que Duarte sumó en total 145 denuncias penales

interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el

Órgano de Fiscalización Superior y la Contraloría General del estado

de Veracruz, encabezado por el panista Miguel Ángel Yunes Linares,

pero ninguna, de acuerdo al NSJP, tuvo el peso suficiente para

aplicarle la ley con todo rigor.

 

La auditoría presentó 49 denuncias, el Órgano de Fiscalización, 14

querellas y el gobierno de Yunes linares Linares 82 acusaciones contra

Duarte y compinches.

 

Asimismo, la acusación inicial contra Duarte era por operaciones con

recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), que pese a su

cuantía, de acuerdo al NSJP no es delito grave y por el de deincuencia

organizada, ilícito que sí es considerao como grave y que hubiera

impedido que el político veracruzano recibiera sentencia tan ridícula.

 

Empero, la jugada maestra que vino a beneficiar por completo a Duarte

fue la inexplicabe decisión de la Procuraduría General de la

República, que a un mes de que el juez l dictara sentencia, resolvió

reclasificar el delito de delincuencia organizada (si grave) por el de

asociación delictuosa (no grave) que prácticamente puso a Duarte con

un  pie en la calle.

Ello no fue sino resultado de la negociación que sostuvo Duarte con la

PGR para confesarce culpable y de esa manera acceder a los beneicios

de una sentencia mínima, como aconteció.

 

A manera de justificación y pese a la ridícula sentencia, la

Procuraduría General de la República, en voz del subprocurador Felipe

de Jesús Muñóz Vázquez, dijo no estar satisfecha con la resolución del

juez, “pero la ley manda y no puede ser a tono, la procuraduría se

tiene que apegar a lo que la ley ordena y acogerse a la misma” y

todavía tuvo el descaro de emitir un comunicado en el que la PGR “hace

patente su compromiso para evitar la impunidad y procurar justicia,

acorde a lo establecido en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio”.

 

ALGUNAS DE LAS TRASTADAS DE JAVIDÚ

Dar a conocer a detalle todas las trapacerías de Duarte nos llevaría

varias ediciones, por lo que solamente nos referiremos a unas cuantas

que pintan de cuerpo entero al individuo que, en su momento, fue

considerado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto,

como “la sangre nueva del PRI”, junto con Roberto Borge Angulo, otro

gobernante corrupto, detenido en el extranjero y, para variar, también

favorecido por el NSJP.

 

En el caso que nos ocupa, las cifras de lo robado por Duarte y

camarilla, resultan alucinantes como lo señala la Auditoría Superior

de la Federación que promovió 47 denuncias al detectar en las cuentas

públicas del gobierno de Veracruz (2011-2014), un daño patrimonial por

12 mil millones de pesos, en tanto que la deuda pública del estado es

de 45 mil millones de pesos, pero aunada a “otros adeudos”, suman más

de 100 mil millones de pesos, una cifra fácil de decir pero

inimaginable siquiera de contar.

 

Duarte contaba con una verdadera red  de servidores públicos

corruptos, perfectamente organizados para el desfalco, el fraude y el

desvío de recursos, a través de empresas fantasma”, de las cuales

fueron identificadas al menos 33, a las que el gobierno veracruzano

otorgó contratos por 3 mil 300 millones de pesos.

 

Figura también la falta de pagos a proveedores de la Universidad

Veracruzana por 2 mil 470 millones de pesos y el negro episodio cuando

fue secretario de Finanzas en el gobierno de su amigo, guía y

protector, Fidel Herrera Beltrán, su antecesor,  por la compra de

medicamentos falsos (agua bidestilada) para el tratamiento de cáncer

en niños.

 

Esa fue una acción a todas luces criminal, pues independientemente de

los millones que se llevaron a la bolsa, está el terrible daño causado

a los pequeños a los que les fueron aplicados los falsos medicamentos;

hay reportes de decesos por dicha causa.

 

Se le llegó a señalar también como el responsable de más de dos mil

desapariciones y el incremento del crimen organizado con presencia en

distintos municipios del norte del estado, donde “Los Zetas” mantienen

un control económico y político, en contubernio con Herrera Beltrán al

que en su momento se le llegó a llamar “El Z-1” de Veracruz .

Según información de inteligencia recabada por la PGR y por

declaraciones del licenciado Alfonso Ortega López, primero amigo,

luego socio y por último testigo en contra de Duarte, éste lo instruyó

a constituir en febrero de 2011 la Inmobiliaria Roor y en mayo del

mismo año, esa sociedad adquirió dos propiedades en la calle de Sierra

Fría #715 en Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México, con un valor

de 47 millones de pesos, que le servirían como “casa de retiro”.

 

Antes en marzo de 2011, durante el festival veracruzano de Cumbre

Tajín, por órdenes de Duarte, compró una lancha de lujo Aquariva con

un valor de 790 mil dólares, a la que le puso el nombre de

“Candelaria” para poder participar, con categoría, en la procesión

acuática de la Virgen de la Candelaria, en las fiestas de Tlacotalpan.

 

El mismo Ortega López, le sugirió comprar parcelas ubicadas en un

ejido en Lerma, Campeche, sugerencia que aceptó de inmediato por lo

que adquirió 21 parcelas: cuatro a nombre del propio Ortega, tres al

de Juan Janeiro Rodríguez; cinco al de Rafael Gerardo Rosas Bocardo,

ambos cómplices y luego delatores, y nueve al de Moisés Manzur

Cysneiros, con un costo aproximado a los 20 millones de pesos.

 

Para poder comprarlas, tuvieron que hacer uso de documentación falsa a

fin de que se les reconociera como avecindados, pues tenían que

demostrar que al menos tenían un año de vivir en el ejido.

 

Duarte dispone de más propiedades que están a nombre de otras personas

como una hacienda en Córdoba, Veracruz, conocida como El Faunito,

adquirida en marzo de 2014 por Juan Janeiro, testaferro de Duarte y un

departamento de lujo en la Torre Pelícano en Boca del Río, Veracruz.

 

En otro rubro, Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de Seguridad de

Duarte, declaró que a mediados de 2014, el actual diputado federal

Antonio Tarek Abdala, entonces tesorero de Veracruz, le dijo que por

instrucciones de Duarte, a partir de ese momento, todos los recursos

federales en materia de seguridad ya no los iba a recibir la

Secretaría de Finanzas, sino que debían ser recibidos directamente por

la Secretaría de Seguridad Pública que los enviaría a la tesorería

estatal y a otras empresas.

 

Otro latrocinio más: Juan José Janeiro fue llamado por Duarte, a

inicios de diciembre de 2015, para que gestionara un crédito bancario,

pues necesitaba dinero para cubrir compromisos del gobierno de

Veracruz. No consiguió ningún préstamo, pero el ex gobernador sí, por

lo que le dijo que necesitaba una lista de empresas que recibirían

recursos del gobierno de Veracruz.

 

Todo lo relacionado con la facturación de las transferencias de

recursos públicos hacia las empresas, se trataría con el entonces

subsecretario de Administración y Finanzas, Juan Manuel del Castillo.

De esa manera, las empresas, sin justificación alguna, comenzaron a

captar recursos del gobierno de Veracruz por más de 350 millones de

pesos.

 

DUARTE Y SU PECULIAR LIBERTAD DE PRENSA

Dutante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa la libertad de expresión

fue letra muerta, toda vez que fueron asesinados 19 periodistas y tres

más desaparecieron.

 

Noel López Olguín, de Noticias de Acayucan,  desapareció el 8 de marzo

de 2011. Su cuerpo fue encontrado el 1 de junio  en el municipio de

Chinameca, al sur de Veracruz. El caso sigue sin resolver, se acusó a

un supuesto sicario de su asesinato.

 

Miguel Ángel López Velasco, reportero y columnista de Notiver. Fue

asesinado junto con su esposa y su hijo menor en su domicilio, ubicado

en el puerto de Veracruz, el martes 20 de junio del 2011. Era conocido

como Milo Vega.

 

Misael López Solana, fotógrafo de Notiver e hijo de Miguel Ángel López

Velasco. Se culpó a un supuesto narcotraficante de su asesinato. A la

fecha no se ha resuelto el caso.

 

Yolanda Ordaz de la Cruz, reportera de Notiver. Desaparecida el 24 de

julio de 2011. Su cuerpo, decapitado, fue encontrado el 26 de julio

del mismo año, dos días después.

 

Regina Martínez Pérez, corresponsal de Proceso. Fue estrangulada en su

casa el 28 de abril del 2012. Las autoridades determinaron que fue

víctima de robo o de un crimen pasional.  Fue conocida por su crítica

a la corrupción del gobierno de Duarte.

 

Guillermo Luna Varela y Gabriel Huge Córdova, ambos fotógrafos de

Notiver y Esteban Rodríguez, reportero del periódico AZ, fueron

asesinados en el canal de la Zamorana, en el puerto de Veracruz, el 3

de mayo del 2012. Junto a ellos se encontró el cuerpo de Ana Irasema

Becerra Jiménez, empleada administrativa de El Dictamen.

Víctor Manuel Báez Chino, periódico Milenio el Portal de Veracruz, fue

asesinado el jueves 14 de junio del 2012, su cuerpo fue encontrado a

una cuadra del Palacio de Gobierno.

 

Gregorio Jiménez de la Cruz, reportero del diario Notisur. Desapareció

el 6 de febrero de 2014. Su cuerpo fue encontrado el 12 de febrero.

Duarte de Ochoa aseguró que fue asesinado por “problemas personales”;

sus familiares aseguraron que fue por publicar un reportaje crítico

del gobernador.

 

Octavio Rojas Hernández, corresponsal del periódico El Buen Tono.

Asesinado en su casa en el municipio Cosolapa, Oaxaca, en la frontera

con Veracruz.

 

Moisés Sánchez Cerezo, director de La Unión. Secuestrado el 2 de enero

de 2015. Su cuerpo apareció el 24 de enero, decapitado. Duarte dijo

que no era periodista, sino “un taxista”.

Armando Saldaña Morales, de la estación La Ke Buena. Fue asesinado el

4 de mayo de 2015. Su cuerpo fue encontrado con cuatro balazos y

señales de tortura en la frontera entre Oaxaca y Veracruz.

 

Juan Mendoza Delgado, director del portal Escribiendo la verdad.

Reportado como desaparecido el 1 de junio de 2015. Su cuerpo,

atropellado, fue hallado al día siguiente.

 

Rubén Espinosa Becerril, corresponsal de Proceso y Cuarto Oscuro en

Veracruz. Asesinado el 31 de julio de 2015 en México. Se había ido del

estado semanas antes tras denunciar que había sido amenazado.

 

Anabel Flores Salazar, reportera del periódico El Buen Tono y de El

sol de Orizaba. Un grupo de hombres armados, vestidos de militares, la

secuestró la madrugada del lunes 8 de febrero de 2016, cuando se

encontraba en su domicilio. La reportera fue hallada muerta en un

paraje del municipio de Tehuacán.

 

Manuel Torres, director del portal de noticias MT y ex reportero de TV

Azteca Veracruz, asesinado el 14 de Mayo del 2016, de un balazo en la

cabeza cuando salía de la Delegación de Tránsito Estatal, en Poza

Rica.

 

Pedro Tamayo Rojas, asesinado el 20 de julio del 2016  de 11 disparos

afuera de su domicilio, ubicado en la calle 5 de Mayo, entre Morelos y

Matamoros, en la colonia Centro de Tierra Blanca.

 

Los reporteros desaparecidos fueron: Gabriel Fonseca ‘Cuco’, reportero

de la sección policiaca de El Mañanero. Desapareció el 19 de

septiembre de 2011 en Acayucan, Veracruz; Miguel Morales Estrada,

fotógrafo del Diario de Poza Rica. Desapareció el 25 de julio de 2012

y Sergio Landa Rosales, periodista del Diario de Cardel. Secuestrado

el 26 de noviembre de 2012.

 

En su momento, Reporteros sin Fronteras, Artículo 19, la Sociedad

Interamericana de Prensa y otras organizaciones internacionales,

señalaron que México es uno de los países más peligrosos para ejercer

el periodismo y Veracruz es el estado más riesgoso de todo el país.

 

Pese a ese historial, Duarte de Ochoa se mantuvo no sólo tranquilo,

sino hasta retador, confiado quizá en la torpeza, involuntaria o

premeditada, de la PGR, que nunca mostró elementos ni argumentos

convincentes de la culpabilidad del ex mandatario.

 

Entre corrillos se comenta que tanto Javier Duarte de Ochoa como

Roberto Borge Angulo, fueron algunos de los principales financiadores

de la campaña de Peña Nieto, rumbo a la Presidencia del 2012, de ahí

la ponderación de ambos que hizo el Jefe del Ejecutivo, al referirse a

ellos como: “La sangre nueva del PRI”.

 

LOS REOS DEL RECLUSORIO NORTE LO REPUDIAN

Cuando fue internado en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, un

nutrido número de internos de dicho penal mostraron su inconformidad

ante la estancia de Javier Duarte en ese lugar y amenazaron con

ponerse en huelga de hambre si las autoridades carcelarias no lo

cambiaban de prisión.

 

Dijeron que no podía haber comparación entre un delincuente común, que

no se parapetaba en un cargo para delinquir y “una rata coluda que

aprovechó su puesto para robar a sus paisanos”.

 

Las autoridades carcelarias capitalinas hicieron un llamado para que

Duarte fuera trasladado a un penal de máxima seguridad, pero hasta

ahora el gobierno federal se ha encargado de que el ex mandatario siga

en esa cárcel, catalogada por los mismos presos como un “hotel de 5

esrtellas”, donde es posible gozar de todos los beneficios si se tiene

con que pagarlos y dinero es lo que le sobra a Duarte.

 

Por lo que respecta a la señora Karime Macías Tubilla, esposa de

Duarte de Ochoa, sobre quien pesa una orden de aprehensión girada por

un juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de

Jalapa, Veracruz, por el presunto desvío de más de 100 millones de

pesos a empresas fantasma, cuando estuvo al frente del Sistema

Integral para el Desarrollo de la Familia (DIF), la PGR informó el

miércoles 3 del presente que no existe ninguna averiguación previa o

carpeta de investigación en contra de la señora Macías.

 

El subprocurador de Delitos Federales, Felipe de Jesús Muñóz Vázquez,

señaló que hay una denuncia contra Karime Macías por defraudación

fiscal, presentada por el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes,

de la que se dio vista a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,

pero hasta el momento no ha sido ratificada.

 

Mientras tanto, Karime Macías, quien se dice perseguida política,

reside en exclusivo barrio londinense, en Inglaterra, en Wilbraham,

Place, a un kilómetro de donde vive la Reyna Isabel, en el Palacio de

Buckingham, donde la mujer tiene que gastar un millón 600 mil pesos

mensuales, sin considerar compras, viajes y servicios, ni el gasto que

ocasionan otros ocho familiares políticos de Duarte.

 

Ante tan absurdos resultados, ahora sí nos queda claro el por qué de

esa permanente sonrisa sarcástica, trastocada en mueca burlona del

llamado “Javidú”  hacia las leyes de nuestro país.

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