Los magistrados

Casa de Citas

Por: Baltazar López Martínez

“¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas!, que separan para Dios la décima parte de la menta, del anís y del comino, pero no hacen caso de las enseñanzas más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que deben hacer, sin dejar de hacer lo otro. ¡Ustedes, guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello!”

-Jesús, en Mateo 23:23 y 24

“La ley solo existe para los pobres; los ricos y los poderosos la desobedecen cuando quieren, y lo hacen sin recibir castigo porque no hay juez en el mundo que no pueda comprarse con dinero.”

-Donatien Alphonse François de Sade

“Juez — Un estudiante de leyes que corrige sus propios exámenes.”

-Henry Louis Mencken

Todos conocemos, palabras más, palabras menos, las primeras frases del artículo 49 Constitucional: “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”. Pues bien, parece que odiar a dos de esos poderes es casi un deporte nacional: odiamos al presidente de la República, que representa al Poder Ejecutivo; odiamos todavía más a diputados y senadores, que constituyen el Poder Legislativo, pero pocas veces sabemos del Poder Judicial, y mucho menos lo odiamos. Quizá se deba a la simple ignorancia de cómo el Poder Judicial nos aprieta los huevos todos los días.

Verán ustedes, el Poder Judicial de la Federación está integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Federal Electoral, el Consejo de la Judicatura Federal, los Juzgados de Distrito, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Tribunales Unitarios de Circuito. Como se aprecia, la última instancia del Poder Judicial en esta sufrida Patria, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos magistrados estuvieron bajo el escrutinio público a mediados de septiembre pasado, cuando la Cámara de Diputados, integrada en su mayoría por Morena, aprobó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que pone en práctica el apartado II del Artículo 127 Constitucional, que establece: “Ningún servidor público podrá recibir remuneración (…) mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente”.

Los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hicieron un berrinche que Dios guarde la hora, porque la ley recién aprobada les recortó feo su salario a los angelitos. Verán ustedes. Los Magistrados en cuestión son once. Los propone el presidente de la República. Los ratifica o no el Senado por mayoría calificada. Cada uno de ellos gana más de 4 millones de pesos netos al año, excepto el ministro presidente, que gana 6 millones 300 mil pesos al año. Cierra los ojos, lector, lectora, y paladea las cifras: 4 millones de pesos al año gana cada uno de esos señores, a razón de casi 77 mil pesos por semana. ¡Una baba de perico!

La Ley de Remuneraciones les causó escozor a los Magistrados, y de inmediato saltaron a la arena a decir que no, que cuáles seis millones, que eran infundios, y que utilizarían todos los recursos de la Ley, de la cual se sienten dueños, suponemos, para que ningún hijo de vecina les rebaje el sueldo a míseros 100 mil pesos mensuales, cómo creen.

Según la investigación de ADN Político, “los salarios de los magistrados consisten en un monto anual total bruto de 6 millones 938 mil 234 pesos, lo que equivale a 578 mil 186 pesos al mes, es decir, cerca de los $600,000 que suele mencionar López Obrador. Sin embargo, si consideramos el neto —o sea, lo que efectivamente gana un trabajador después de impuestos— se queda en 4 millones 659 mil 489 pesos, lo que representa 388 mil 290 pesos mensuales”. ¡Pobrecitos!

Para que te des una idea del poder brutal que se concentra en estas once personas, recordaremos aquí que en septiembre de 2014 el Partido Acción Nacional recabó más de 2 millones y medio de firmas ciudadanas para presentarlas ante el entonces Instituto Nacional Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para someter a Consulta Popular un aumento al salario mínimo, con la siguiente pregunta: “¿Estás de acuerdo en que la Ley Federal del Trabajo establezca que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fije un nuevo salario mínimo que cubra todas las necesidades de una familia para garantizar al menos la línea de bienestar determinada por el Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social)?”.

A diferencia de las Consultas del presidente López Obrador, debemos reconocer que esta pregunta estaba en chino. Por eso, uno de los magistrados que estaba a favor de la Consulta, José Ramón Cossío, propuso aprobar el proyecto, pero modificando la pregunta de esta forma: “¿Estás de acuerdo en que se fije un nuevo salario mínimo que resulte suficiente para que una familia cubra sus necesidades alimentarias y no alimentarias?”. Pregunta, lector: ¿Qué contestarías en esta Consulta, que sí o que no?

En pocas palabras te diré lo que ocurrió en la SCJN: 4 ministros votaron a favor de la consulta, 6 en contra, mientras que el undécimo ministro, Sergio Valls estuvo ausente por motivos de salud. El argumento en contra fue muy simple: la consulta no es constitucional, dijeron, “porque el salario mínimo se relaciona con los ingresos y gastos del Estado, uno de los asuntos que la Constitución mexicana prohíbe llevar a este tipo de ejercicios”. Así de sencillo. Con el mismo argumento echaron por tierra el proyecto de consulta de la izquierda sobre la reforma energética.

El tema aquí no es la consulta, sino la aterradora realidad de que seis personas, o diez, u once, pueden estar sobre la voluntad de millones de mexicanos. ¡Qué poder brutal el de estos once ministros, qué poder inmenso sobre la vida de tanta gente! Por supuesto, la consulta que propuso el PAN pasaría como cuchillo en mantequilla. No hay un solo mexicano de la clase jodida, a la que aludía Azcárraga, que dijera NO a esa consulta. Lo saben los ministros, por eso no la dejaron pasar.

Piénsalo, lector. Son once privilegiados en un país donde la gente debe partirse el lomo día a día para llevar el pan a la mesa. Once nada más. Cada uno de ellos gana 4 millones de pesos al año, que representan el salario anual de cien personas, considerando que cada una de ellas ganara 40 mil pesos. Con estos salarios de lujo, como pocos hay en este México nuestro, qué van a saber los magistrados de hambre y necesidades, qué de pagar colegiaturas, comprar zapatos o recibir servicio médico en las clínicas rurales del IMSS o del sector salud.

Nada saben los magistrados de viajar en autobuses atestados, de soportar las chingas inclementes en el surco de sol a sol, de asear calzado en la plaza de algún pueblo que se calcina a fuego lento bajo el sol. Nada saben de tronarse los dedos por lo que habrán de almorzar al día siguiente. Qué van a saber ellos de respirar los gases tóxicos de la soldadura de argón, de arriesgar la vida en las alturas montando estructuras metálicas, de sentir la piel de las manos desolladas de tanto acarrear ladrillos. No saben nada de eso los magistrados. Saben de lujos y comodidades. Por sus decisiones entendemos que viven en una realidad alterna, una donde la felicidad consiste en comer en los mejores restaurantes de la ciudad y dejar mil pesos de propina: el salario diario de diez personas.

Por eso defienden la paga millonaria como leones de melena negra. A los pocos días, como los escribas y fariseos de los tiempos de Jesús, los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijeron que no, que ni madres, que jamás aceptarán que les disminuyan el sueldo, apelando al principio de irreductibilidad, establecido en el artículo 94 Constitucional, el cual señala que no se pueden reducir sus percepciones durante su encargo. Dijeron además que esa jugosa lana garantiza la autonomía e independencia de los funcionarios judiciales. Esto último parece un chiste mal contado.

Séneca dijo: “Lo que las Leyes no prohíben puede prohibirlo la honestidad”. Pero a estos ministros la honestidad y la decencia les son desconocidas. Viven en un mundo paralelo al nuestro, muy alejado de la gente de a pie, de la que a diario sale a sudar la trusa en trabajos de morondanga, sin prestaciones ni seguridad social. Al fin que somos un chingo de mexicanos jodidos. Por cada uno de nosotros que muere en la mina hay diez dispuestos a tomar su lugar a cambio de una paga irrisoria. En cambio, sólo hay once plazas de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Once privilegiados de entre 120 millones de mexicanos, de los cuales 55 millones se están muriendo de hambre. ¿Qué clase de país es este?

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