Privacidad de riqueza a funcionarios, alienta corrupción

Por: José Lima Cobos     

La discusión es interesante, pero sin duda, la única forma de terminar y sepultar por siempre y para siempre con la corrupción e impunidad en el gobierno, solo se logra si desaparece la opacidad y es donde la puerca torció el rabo, porque muchos quieren seguir gozando de los privilegios del poder público pero que no se conozca de dónde provienen sus riquezas porque, sin duda son ilícitas, de otra forma, ¿a qué le temen?

Si no existiera el temor o miedo a que la sociedad los señale y estigmatice   como bribones o bandidos enriquecidos a costa del servicio público, la normalidad operaría sin el menor resquemor ni asombro alguno, de ahí tanta alharaca, contrario sensu, igual acontece cuando el presidente de la república, en clara austeridad republicana anuncia que su objetivo esencial es estar y entregarse al servicio público, esto es servir a la patria, en tanto, quienes sirven al gobierno sólo piensan en la placenta presupuestaria.

Llama mucho la atención y pone en la más peligrosa y vergonzosa evidencia a los jueces, magistrados y ministros de este país al recurrir al amparo de la justicia- que ellos aplican- para oponerse a percibir un salario menor al presidente de la república, en estricta observancia a lo que establece el artículo 127 constitucional que terminante expresa: que nadie ganará más que ese servidor público, por lo que, el desprestigio de los tribunales irá creciendo.

 

En el gobierno de López Portillo se acuño la frase que “la solución somos todos” sin embargo la multitud la transformó en que “la corrupción somos todos”, lo que en este gobierno se quiere confirmar – al menos de quienes son servidores públicos- porque en lugar de sujetarse a lo previsto en la constitución, se busca la forma de hacer la trampa   para que todo siga igual, es decir, esquilmar al Estado con salarios que rayan en la criminalidad o el saqueo desmedido y brutal que no se registra en ningún país del mundo.

 

De verdad es lamentable el espectáculo que estamos viendo y viviendo, -a propósito de la llegada de un hombre que presume y quiere acreditarlo que es honesto y que aspiró al cargo para servir a su pueblo- pues lo digno, lo ético de los servidores públicos incómodos con el nuevo sueldo, era haber presentado de inmediato su renuncia y en silencio sepulcral, irse a sus domicilios a gozar lo ya obtenido y dejar el espacio para quienes sí realmente estén dispuestos al sacrificio.

 

Ello no ha sucedido así porque, amparados en la mal llamada autonomía e independencia judicial van por sus fueros, confundiendo la gimnasia con la magnesia, pues una cosa es que se entrometa el ejecutivo o legislativo en sus determinaciones y muy distinto que quieran vivir en la opacidad y en los privilegios a costa de la miseria de una nación que está en crisis.

 

Para que se tenga una mediana idea de lo que nos espera -yo afirmaría claridad de la discusión para no extirpar la corrupción de este país -en el artículo 121 de la ley de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas de la Ciudad de México se obliga a los servidores públicos a publicar sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales, precisamente el tribunal superior de justicia, el consejo de la judicatura, el tribunal contencioso y el tribunal electoral interpusieron un amparo y en la secuela respectiva, reclamación 32/2016, derivada de la controversia constitucional 62/ 2016, el ministro ponente Alberto Pérez Dayan, con Margarita Beatriz Luna Ramos- ya se jubila en febrero- y Eduardo Medina Mora, concedieron la razón a esos servidores , y en contra de los votos de Javier Laynez Potisek y José Fernando Franco, de ahí que no sea novedad que en violación al artículo 64 de la ley que reglamenta el artículo 105 constitucional, el ponente de este asunto haya concedido la suspensión en contra de la ley remuneraciones cuando está expresamente prohibido.

 

En este orden de ideas, la presión contra el presidente de la República y el Congreso de la Unión por la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos y transparencia para que todos den a conocer sus patrimonios, con lo que se quiere poner orden al país, son precisamente los jueces, magistrados y ministros de todo el país que, en abierta coalición de servidores públicos contra el Estado, se apuran para cerrar el paso al cambio que se anuncia en esta, que si tendrá que ser una cuarta transformación, para que México deje de ser el país más corrupto del mundo.

 

 

limacobos@hotmail.com

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