El fiscal debe irse

Ya es hora

 

Las acusaciones señalan a Jorge Winckler como el personaje que, atendiendo órdenes del gobierno anterior, abre la puerta a la impunidad.

Por José Páramo Castro

Como en los tiempos más crudos de la dictadura priista, la tortura renació en Veracruz en los separos de la Fiscalía General de esa entidad. Mientras el fiscal deambulaba políticamente para desgastar al gobernador, sus agentes y esbirros se daban gusto torturando personas.

Pero lo cierto es que Jorge Winckler cumplía con su trabajo, porque quien lo colocó al frente de esa responsabilidad tenía un solo encargo: desgastar la imagen del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Lo logró en un principio hasta que la gente empezó a darse cuenta de la consigna, la orden era muy sencilla: no trabajar para adjudicarle al gobernador la responsabilidad de la delincuencia creciente.

Los últimos en advertir la consigna, y todavía algunos no lo perciben, fueron los medios locales, que padecen una inercia inexplicable por seguir practicando un esfuerzo cotidiano rutinario y repetitivo.

Así, frente a una panorámica de violencia, Jorge Winckler libró la posibilidad de ser sujeto de juicio político.

En el asunto de la culpabilidad de Jorge Winckler están los medios de Veracruz, algunos están a la vanguardia, algunos otros en el rezago tradicional de una prensa pasiva y de contemplación.

La persistencia de la realidad adversa la postura del fiscal se ha vuelto insostenible, toda vez que la vida humana está de por medio, sobre todo ahora que se descubrió que tuvo en su poder, y sin mover, por casi dos años escondidas más de 150 órdenes de aprehensión sin subirlas a Plataforma México; entre ellas, órdenes de aprehensión de delincuentes de alto impacto, motivo por el cual se le denunció ante la Fiscalía General de la República por los secretarios de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, y de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, con el respaldo de los diputados locales de Morena. El alegato es que el fiscal veracruzano estaría incurriendo en omisiones por su probable participación en la constitución de delitos que tienen que ver con la procuración y administración de justicia.

Winckler dijo que desconoce tal denuncia.

Pero esta situación, que deberá investigarse y sancionarse en caso de ser real, no es la única, ahora la CNDH en Veracruz, acreditó que hubo tortura en la Fiscalía General que encabeza Jorge Winckler, y solicitó a la dependencia investigar los actos cometidos y pagar una compensación a la víctima.

El organismo emitió una recomendación en contra de la Fiscalía por los abusos que se habrían perpetrado por elementos de la propia institución en contra del exdirector general de los Servicios Periciales, Gilberto Aguirre Garza, preso en el penal de Pacho Viejo, por desaparición forzada, desde 2018.

Es decir, durante el periodo de gobierno de Miguel Ángel Yunes.

La recomendación de la CEDH es para la Fiscalía y la SSP, no obstante Aguirre señaló como perpetradores de los actos de tortura a subalternos de Winckler, como el exfiscal especial en Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, Luis Eduardo Coronel, que a la fecha se desempeña como fiscal regional de la Zona Centro, en Xalapa.

La comisión generó su investigación con elementos aportados por la propia Fiscalía, entrevistas con testigos y entrevistas con la víctima que presentó la queja.

El abogado penalista Jorge Reyes Peralta anunció que cuenta con una resolución que confirma que Winckler “es un delincuente”. Aseveró que la resolución de la CEDH servirá para proceder en contra de Winckler ante la FGR.

La acción de la justicia y la legalidad debe actuar cuanto antes, la vida de los veracruzanos y de cualquiera que se atreviese por los tentáculos de este fiscal corre grave peligro.

Anteriormente Jorge Winckler ha sido acusado de actos de corrupción y su hermano Willy, es señalado como responsable de adquirir inmuebles en Veracruz con dinero de origen desconocido. Por su parte, al padre del fiscal, y notario público 35 de Salina Cruz, Jorge Winckler Yessin, por presuntas irregularidades en la función notarial, que además acumula denuncias desde 2004 por dar fe en distintos actos jurídicos irregulares.

Es decir, habiendo denuncias públicas y penales contra la familia del fiscal, nunca se actuó en consecuencia. La impunidad que se vivió durante muchos años en el estado continúa.

Una vez que el fiscal sea desterrado de este puesto, que le otorgó su amigo Miguel Ángel, la seguridad y la tranquilidad regresarán al estado, pero sobre todo habrá justicia.

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