Fiscalías, aliadas de la delincuencia organizada en un estado corrupto

Por: José Lima Cobos*

La reciente disposición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el caso de delitos de delincuencia organizada que integró la Procuraduría General de la República, hoy fiscalía de la federación, en contra de Ricardo Anaya, candidato contendiente a la presidencia de la República en la elección del 1 de julio del 2018, pone en evidencia el nivel de corrupción e impunidad que se anida en el gobierno de la República, donde apenas- en cinco meses-  se dan medianos resquicios para enderezar lo mucho malo que existe, ante la resistencia feroz y perversa que se resiste a que mueran los intereses creados y que, se ve y se siente, que se  hará lo indecible para que se descarrille lo que pretende cambiar de fondo.

El expresidente Peña armó todo el teatro para tratar de obstaculizar o manchar el triunfo  de Andrés Manuel López Obrador, que de suyo se vía ya imposible, -dado el hartazgo que la ciudadanía veía en un gobierno- que, en sí mismo, con su gaviota, se veía como una auténtica farsa y que en poco tiempo se confirmó, con el armado que se generó para que llegara a la presidencia en 2012 y con los resultados funestos que hoy tienen al país en una situación crítica y agobiante ante las reformas legales, que con el pacto por México -PRI-PAN, PRD, VERDE- crearon un andamiaje jurídico, de suyo inextricable, para no dejar  la posibilidad de la esperanza.

La confesión y reconocimiento público de Alejandro Gertz Manero, en  la renovada procuraduría general de la República, hoy  la Fiscalía de la Federación, viene a acreditar, que esa institución que debería  de  representar a la sociedad mexicana, se encontraba en los límites  del  peor de los desprestigios, al ser utilizada por el presidente de la República como instrumento de persecución criminal, no contra los delincuentes de todos los niveles, sino contra los políticos adversarios de la debacle que hundía a la nación, así  aconteció  con Salinas de Gortari contra  el líder petrolero “la Quina” Hernández: Zedillo contra el hermano del expresidente Salinas; Fox en contra de López Obrador; Calderón para justificar el fraude electoral sembrar la violencia generalizada y Peña Nieto; con la profesora Elba Esther Gordillo, en síntesis, al servicio de  la delincuencia organizada, en palabras del fiscal “la procuración de la justicia al servicio de los intereses del poder en el que se encubrieron delitos, convertida en un verdadero verdugo de lo políticos  mientras encubría en forma permanente a los cómplices del poder”.

El caso de Anaya merece ponderarse con seriedad y  que la fiscalía actúe con la sencillez que dan las leyes que existen, para escudriñar a fondo, porque no es posible que si hubo actos reparatorios en esa denuncia, que las cosas se queden en ese orden, porque de ser así, se pierde la seriedad que debe existir y que la sociedad esta exigente para conocer la verdad, porque es inadmisible que se llegue a tanto, para después, sólo con esa declaración del Tribunal Electoral todo quede en la duda razonable que habla de un contubernio ominoso entre el Estado y la delincuencia organizada desde el gobierno.

Si en puridad  se quiere que se  viva una auténtica cuarta  transformación,  en principio se tiene que revisar que todos los  presos sean analizados en base a los nuevos protocolos en atención a los derechos humanos, pues en esas cárceles se anidan las mayores injusticias y luego, o más que nada, al  unísono, representando los principios de presunción de inocencia, debido proceso, legalidad de las detenciones, se  apliquen las reformas recientes en cuanto al lavado de  dinero, enriquecimientos inexplicables, actos de corrupción y hacer realidad que esos bienes mal  adquiridos, de defraudación fiscal y delincuencia organizada o lavado de dinero , se devuelvan  a la sociedad, de manera  tal que se movilice la economía, porque siendo mucho lo que se ha acumulado por unos cuantos, a resulta del saqueo al erario público, mal se vería al Estado administrar la corrupción e impunidad de nueva cuenta y con esa parsimonia, digna de mejor causa, en nuestra pobre memoria quede, “lo que pudo haber sido y no fue”.

Si se quieren cuentas claras y manos limpias y habida cuenta que la nación, -según las calificadoras internacionales que  nunca vieron los derroches  y despilfarro  de los anteriores gobiernos- está en peligro su  deuda  soberana que es endemoniada, se tiene  que demostrar,  de manera palmaria, en el menor tiempo posible, que no es tan sólo la voluntad política para resarcir el daño que ha sufrido el país, sino de castigar a quienes alentaron y estimularon la penuria nacional.

Veracruz es un referente incuestionable del manejo faccioso de la fiscalía, cuando un líder histórico como César del Ángel, durante más de dos años, víctima de la tortura y de la venganza, se le mantuvo en prisión de manera injustificada, así con Anaya, que se investigue si existió el lavado de dinero y el enriquecimiento ilegítimo y que castigue sin ningún miramiento.

 

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