Terrorismo en México: ¿falacia o realidad?

Por: Christopher Rodríguez Jácome

En México, como en cualquier país del mundo, existen muchos tipos de delincuencia. En todo el planeta siempre existirán personas con trastornos de la personalidad que los lleven a cometer conductas que, en sus respectivas naciones, obren dentro del catálogo de delitos; esto es un hecho innegable y que en muchos casos se puede prevenir o controlar desde el seno familiar, lamentablemente, en otros más, lo único por hacer será la sanción por parte del estado una vez que la conducta delictiva sea consumada.

La criminalidad en nuestro territorio, sin duda alguna, se ha modificado con el tiempo, se ha vuelto más sofisticada, más temeraria e incluso, en algunos casos, más disciplinada al tener influencia de carácter organizacional y operacional de diferentes fuerzas armadas y de seguridad.

Entonces, si la delincuencia evoluciona ¿por qué las leyes no?

Incrementar una pena a determinado ilícito o bien robustecer las agravantes del mismo no puede ser considerado una evolución, sino un medio indirecto de prevención. Si en vez de 10 años la pena es de 20, el individuo lo pensará dos veces, puede funcionar, pero no es una evolución. El estancamiento de la ley es el que permite, en muchas ocasiones, que precisamente no lo piensen dos veces, pues si la persona priva de la vida a otra por un ataque de rabia o celos, será igualmente castigado y perseguido que otro que lo hace en venganza por  que le detuvieron un cargamento de drogas a su jefe, o porque incluso la temida “delincuencia organizada” aplica igual para las organizaciones delictivas dedicadas al trasiego de estupefacientes que a las dedicadas al robo de vehículos. Agravantes más, agravantes menos, diferentes modalidades, pero el delito es el mismo.

¿Son una falacia las declaraciones del inquilino de la casa blanca, o es una necesidad de actualización jurídica?

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), terrorismo es: “Cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones a un civil o a un no combatiente, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”.

¿Qué es un civil o no combatiente? De acuerdo con los convenios de Ginebra, “no combatiente” es un término que las leyes de la guerra describen como “los civiles que no toman parte directa en las hostilidades y no forman parte de las fuerzas armadas, o de seguridad, cuando se trata de un conflicto interno y no internacional”; dicho de otra manera y aplicado al caso específico de México, es todo aquel ciudadano que no forma parte, de manera directa, de las confrontaciones hostiles, salvo los militares y los policías, estos últimos son de carácter civil, pero con la clasificación de combatientes al participar en operaciones conjuntas con las fuerzas armadas.

Es común que las organizaciones criminales de nuestro país amenacen poblaciones para abandonar alguna comunidad, y de no hacerlo les causen lesiones o la muerte. Es común ver en puentes, postes, o en plena banqueta, cuerpos humanos apilados con letreros amenazando a la población con sufrir esa suerte si no se les apoya o se apoya a un rival; que si bien en muchos casos los infortunados también realizaban actos ilegales, siguen siendo miembros de una comunidad que no forman parte de las fuerzas armadas y, por lo tanto, son civiles. Es algo cotidiano que estos mismos mensajes vayan dirigidos a gobernantes y mandos policíacos ordenando con detener alguna investigación, dejarlos en paz o, incluso, como en pasadas fechas, desencadenar un caos de violencia en plena ciudad poniendo en riesgo a la ciudadanía, para forzar a la autoridad a liberar a uno de sus líderes.

Tan es cierto lo anterior que el término con el que nuestro gobierno describe a los integrantes de estos grupos es el de “civiles armados”, ya que no son combatientes -de acuerdo con la legislación internacional-, pero ¿por qué, si las conductas son típicas del terrorismo no están catalogadas como tal?

Nuestro país cuenta con diferentes cuerpos especializados en el combate al terrorismo como son el Grupo de Alto impacto (GAI), de la Secretaría de Marina; y la Fuerza de Reacción Inmediata (FER), de la Secretaría de la Defensa Nacional; que cuentan con herramientas suficientes y un grado único de adiestramiento, destacando como los mejores de Latinoamérica en su rama, quienes cuentan con una infraestructura y capacidad similar a las del servicio especial aéreo de Inglaterra (SAS, por sus siglas en inglés) o la Fuerza Delta de la Marina estadounidense, responsables del abatimiento de Osama Bin Laden.

México tiene los medios humanos y tecnológicos para hacer frente al terrorismo sin la intervención o ayuda de nadie, entonces, vuelve la pregunta y surgen otras más ¿por qué no llamar a las cosas por su nombre?, ¿por qué fingir que no existe una problemática que es extremadamente evidente?

El problema no es de hoy ni de ayer, desafortunadamente México ha tenido la mala suerte de nunca haber contado con un Ejecutivo federal que actualizara la condición de este tipo de organizaciones, hasta el día de hoy criminales, pues si bien se les ha tratado de combatir con inteligencia, con fuego y, hoy por hoy, con abrazos, en todos los casos se ha tratado de combatir a delincuentes sin que nunca se haya tenido el interés de una reclasificación, la cual estaría por demás justificada de acuerdo a la legislación y tratados internacionales e incluso por las mismas leyes nacionales, pues el Artículo 139 del código penal cita: “Se impondrá pena de prisión de seis a cuarenta años y hasta mil doscientos días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, al que utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación.”

La necesidad es real, el fundamento existe, tanto a nivel nacional como internacional; aunque las intenciones en las declaraciones del presidente Trump ciertamente no son las más sinceras, pero también es cierto que la razón -al menos jurídica- le favorece en esta ocasión, pues ciudadanos de su país, mujeres y niños, fueron ultimados por uno de estos grupos, e incluso ya ha tenido “ataques” dentro de su territorio, como el ocurrió en marzo del 2017 en el condado de Maricopa, Arizona, cuando hubo más de 30 muertes ocasionadas por un cargamento de Fentalino, fármaco utilizado durante el proceso de “corte” de la heroína, y que fue enviado a Estados Unidos de manera ilegal desde México etiquetado como oxicodona, y fue ingerido por habitantes de ese condado que perdieron la vida.

¿Es necesario que un mandatario extranjero amenace la soberanía nacional, con fines electorales, para que las autoridades mexicanas tomen cartas en el asunto y hagan valer la ley como juraron? ¿O será otro episodio más en la historia de México en el que nuestros gobernantes sigan privilegiando la palabrería y desinterés, en vez de asumir la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las leyes?

El tiempo lo dirá.

 

crimrodriguez@hotmail.com 

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