Pifia de AMLO en la propuesta del fiscal y la ministra de la Corte

Por: José Lima Cobos*

Los acontecimientos recientes y los que nos esperan -se irá deshojando la margarita, hasta poner a cada quien en su lugar-, pondrán al descubierto a quienes, embozados en el gobierno del presidente López Obrador, contribuyen a crear confusión, o bien, inconscientes o sin capacidad profesional, generan una imagen de que no existe coordinación, y eso ocasiona que como jefe de gobierno y de estado -es el único que responde a lo que suceda- se le haga ver mal, porque no hay pretexto para rehuir a su responsabilidad, más ahora que ya no tendrá fuero y que se le pueda enjuiciar por actos u omisiones cometidos en el ejercicio de la función pública.

El pasado reciente era cómodo, cuando el Presidente sólo podía ser enjuiciado por delitos graves del fuero común o por traición a la Patria, de ahí que, con el voto democrático de más de treinta millones de ciudadanos, tiene que obligar al Presidente en los cambios o nombramientos del futuro, y ya se vio que el exsecretario de Hacienda no se encontraba en sintonía con la política presidencial y, sin miramiento alguno, se le dio de baja en el gabinete.

Si tanto se pondera la Cuarta Transformación de la república, el sello tiene que ser genuino, nada de simulación o engaño, y más con ese emblema: no mentir, no robar y no traicionar, es decir, ser y parecer, como la mujer del César, de lo contrario, se tendrán que sufrir serios descalabros y el Presidente tendrá que estar enmendando constantemente la plana a sus colaboradores, lo que no es recomendable.

Todo lo anterior viene a colación a resulta de las desafortunadas expresiones del fiscal general de la República -promovido por el presidente López Obrador, para ocupar por nueve años ese cargo-, que es de la mayor trascendencia, desde el punto de vista de la persecución de los delitos y sus delincuentes en la grave corrupción que vive el país, y que se genera en el lavado de dinero o la delincuencia organizada que acumula riquezas de procedencia ilícita, porque no se puede permitir que eso se siga protegiendo o prohijando mediante la complicidad de los gobiernos, cuando la acción que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, viola la presunción de inocencia cuando se realiza un procedimiento administrativo, como es hurgar en el manejo sospechoso de recursos y estos se congelan.

Con esas manifestaciones del fiscal General de la República, viene a demostrar o supone ignorancia en la nueva concepción de la presunción de inocencia, que es reconocida y aceptada por todos, con los actos previos que son producto de la investigación que en nada empaña el proceso, si este aún no se judicializa, pues con la congelación de cuentas sólo se garantiza que ya no habrá afectaciones a los intereses económicos del país, esto es, paraliza cualquier acción delincuencial sin determinar el fondo del asunto, es decir, la apariencia del buen derecho del Estado a enfrentar a la delincuencia que se nutre de los recursos provenientes de la defraudación fiscal o de cualquiera de los delitos graves que están establecidos en la constitución.

De ahí que la pifia del presidente López Obrador, al proponer un fiscal con esa escasa vivencia de los acontecimientos de la nación que, si se está viendo la tempestad y no se reza, porque es público y notorio que los bienes de los pocos, en riguroso análisis, es de dudosa procedencia, claro que no es tarea fácil acabar con la corrupción e impunidad, cuando la prueba diabólica de propiedad hará partir a más de cuatro, pero con criterios como el de ese servidor público pone en entredicho su capacidad.

Más aun, la propuesta del presidente de la República, de Yasmin Esquivel Mossa, como ministra de la Suprema Corte para integrar la segunda Sala, evidenció su incapacidad jurídica o inocencia, pues al contender las tesis en contradicción 78/2019 entre los tribunales colegiados vigésimo primero del primer circuito y segundo circuito, ambos en materia administrativa, el 22 de mayo del 2019 sobre el congelamiento de las cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, por unanimidad de cinco votos, se aceptó como tesis de Jurisprudencia la ponencia que presentó el exministro Medina Mora, aunque posteriormente ante la queja 56/2019 que resolvió el primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito, esa misma sala estableció la tesis de Jurisprudencia 87/2019 el 19 de mayo de ese mismo año para establecerla como obligatoria, pero, entretanto, cientos de cuentas de recursos de procedencia -presuntamente- ilícita, volaros a otros países en detrimento de la economía nacional.

En ese orden de ideas, se dejó de lado la idea de Medina Mora -que aprobaron todos los ministros-para que solo se congelaran las cuentas bancarias cuando un país extranjero lo solicitara, aberración e infamia digna de un sistema corrupto interno; caso similar se observa con la actitud del ministro Pérez Dayán, integrante de esa sala que, violando el artículo 64 de la ley que reglamenta las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, concedió la suspensión contra la ley que reglamenta las remuneraciones de los servidores públicos, que consiste en que nadie puede ganar más que el presidente de la República, como está establecido en el artículo 127 constitucional, pues en este país no pasa nada.

limacobos@hotmail.com

Twitter: @limacobos1

Facebook Comments