Exhiben actos de la más alta corrupción en el gobierno de Veracruz

  • Navieras denuncian cobros ilegales de parte de la Secretaría de Salud
  • Exigen cuotas en dólares por cada barco que llega al puerto de Tuxpan

Por Ángel Álvaro Peña

Tres secretarios de gobierno y el propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez están siendo acusados de perpetrar uno de los más vergonzosos actos de corrupción de este gobierno, al exigir cuotas en dólares a las agencias navieras y consignatarias, ubicadas en Tuxpan, por supuestos servicios de sanidad internacional avalados por la OMS y la SSAVER.

Esta trama de corrupción que solo pudo haber sido engendrada en una mente perversa, involucra al Secretario de Salud Roberto Ramos Alor, al Secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos, al titular de la SEFIPLAN, José Luis Lima Franco, al Subsecretario de Finanzas, Eleazar Guerrero y al mismo gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Todos ellos estuvieron de acuerdo en exigir diversos cobros, en pesos mexicanos y dólares, a las agencias navieras y consignatarias, por trabajos de fumigación y desratización. Para ello, crearon el acuerdo administrativo con folio 059533, expedido por el director de Protección contra Riesgos Sanitarios de Veracruz, Bartolo Avendaño.

Sin embargo, a estos funcionarios se les olvidó que las actividades por las que ellos pretenden ganar dinero son de competencia federal y, de hecho, parte de estas tareas las realiza el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), organismo que se encarga de la aplicación de medidas profilácticas, para evitar y disminuir el riesgo de ingreso de plagas y enfermedades.

También pasaron por alto que la Dirección General de Puertos forma parte de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante y en ella radica la autoridad en materia de puertos del país. Nunca el estado ha tenido rectoría en asuntos portuarios.

Pretenden cobrar 600 dólares por control de sanidad; 600 dólares por certificado de botiquín médico; 7 mil pesos por fumigación; 4 mil 500 pesos por inspección en fondeadero y 2 mil pesos por inspección en muelle, es una verdadera vulgaridad dentro de la corrupción.

Pero más allá de la ilegalidad en estos cobros, el gobierno del señor Cuitláhuac García Jiménez pide que los pagos se hagan a la cuenta de Bancomer número 0471999567 a nombre de Carlos Herrera Guillen, quien no forma parte del gobierno de Veracruz. ¿Quién es este personaje que se encarga de recaudar las cuotas antes mencionadas?

El año pasado llegaron a Tuxpan 834 embarcaciones, y si a este mismo número se le cobrara el control de sanidad y el certificado de botiquín médico, estaríamos hablando de poco más de un millón de dólares que irían a la parar a la cuenta de Carlos Herrera, no a la SEFIPLAN.

Si en el gobierno de Javier Duarte hubo empresas fantasma, en el gobierno de Cuitláhuac resultaron peores, al tener una SEFIPLAN “fantasma”, cuyo recaudador es Carlos Herrera, quien según se dijo está vinculado al Secretario de Salud Roberto Ramos y al Secretario de Gobierno Eric Cisneros.

Tampoco se descarta que detrás de esta trama de corrupción esté el operador financiero Eleazar Guerrero, quien nos recuerda el trabajo que realizaba Gabriel de Deantes para el gobernador Javier Duarte.

La Asociación Mexicana de Agentes Navieros denunció públicamente que les llama la atención, el hecho de que los recursos deberán ser depositados a una cuenta del banco BBVA a nombre de Carlos Herrero Guillén, una persona física que no tiene relación con el Gobierno de Veracruz.

“Ese nombre es el destinatario que se especifica en un oficio expedido por el responsable de Servicio de Sanidad Internacional y Comercio Exterior, jurisdicción 2 con sede en Tuxpan, Horacio Cadena Hernández”, expuso en un comunicado la citada Asociación.

Según el responsable de Sanidad Internacional del gobierno de Cuitláhuac, estos cobros se fundamentan en directrices de la OMS, pero la Organización Mundial de la Salud establece que la aplicación del Reglamento de Sanidad Internacional es responsabilidad de los gobiernos federales de los países, no de los estados o municipios.

La Dirección General de Puertos y Marina Mercante y la Administración Portuaria Integral de Tuxpan (APITUX) no tienen el menor conocimiento de estos cobros y por tanto son ajenos a estos actos que deben ser investigados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Políticos al desnudo