Familiares acusan irregularidades en caso de ambientalista mexicano en Honduras

Gustavo CastroEl proceso judicial en Honduras por el atentado en el que fue asesinada la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), Bertha Cáceres y herido el ambientalista mexicano, Gustavo Castro Soto, “ha estado caracterizado por la violación de los derechos humanos y garantías procesales” en contra del director de la Asociación Civil Otros Mundos Chiapas, dijeron familiares.

 

Añadieron que Castro Soto ha sido sometido a “largas jornadas de espera para la práctica de las diligencias investigativas, a la falta de tiempo de reposo entre la realización de las mismas, falta de acceso a sus fotocopias de todas las diligencias, falta de asistencia médica y sicológica como víctima de un delito grave, retención de sus pertenencias y sobre todo la prohibición de salir del país, medida que la propia jueza del caso Victorina Flores, reconoce en su resolución como no prevista para testigos”.

 

En un comunicado, los familiares de Bertha Cáceres y de Gustavo Castro, así como el Copinh, aseguraron que además, la jueza Flores, del Juzgado Primero de Letras de La Esperanza, Intibucá, resolvió el jueves “negar el recurso de reposición interpuesto contra la prohibición de que Castro Soto salga del país por 30 días”.

 

Manifestaron que la jueza argumenta que el mexicano “incumplió un citatorio”, el cual él “nunca tuvo por recibido cuando se suscitó el incidente del aeropuerto”, para negarle su salida del país centroamericano, ya “las autoridades policiales y fiscales se limitaron a impedir su salida sin hacerle entrega alguna de citación”.

 

Subrayaron que la jueza “aduce que incurrió en el delito de desobediencia y que podría haber librado una orden de captura” en su contra.

Los familiares de Cáceres y Castro Soto consideraron que la embajada de México en Honduras, “debe de redoblar los esfuerzos para restituir los derechos de Gustavo Castro y proteger su integridad física y sicológica, de acuerdo con los más altos estándares de derechos humanos, frente a una detención ilegal en Honduras y el peligro de su criminalización”.