Impunidad  en desarrollo

Crece la corrupción

Los ilícitos cometidos pueden echar por tierra nuevos tratados comerciales con socios diferentes

Por Staff

Todo comenzó cuando los gobernadores de los diferentes estados de la república dejaron de ser supervisados, guiados y coordinados desde el centro durante los dos periodos del PAN en la Presidencia de la República.

Los actos de los gobernadores fueron descuidados ante la falta de experiencia de los gobiernos federales panistas que consideraron que los estados podrían ser autónomos o simplemente estaban muy ocupados en descubrir el poder desde dentro.

Las prácticas de corrupción dentro de algunas entidades del país, responsabilizan a los funcionarios públicos en general y principalmente a los gobernadores. La corrupción de la última camada de gobernadores en México no tiene precedentes. Nunca antes en la historia del país habían podido documentarse desfalcos tan grandes en los gobiernos estatales.

Quienes quieren atenuar la responsabilidad de los servidores públicos argumentan que para un acto de corrupción se requieren dos partes, como si el ciudadano tuviera varias alternativas para escapar de la presión de la autoridad.

El poder que tiene todo funcionario público lo responsabiliza del cien por ciento de toda acción de corrupción. En una simple infracción de tránsito real o inventada por el uniformado, el ciudadano es la víctima, no el corresponsable, como quieren hacerlo creer quienes insisten en culpar al ciudadano de los errores de los miembros de la administración pública.

Lo mismo sucede en la designación de una empresa o en la asignación de una obra, donde la autoridad tiene el poder de otorgar o desmembrar una constructora según sea el monto del dinero acordado vía tránsito de corrupción.

La corrupción en lugar de mover a los partidos políticos hacia una reflexión interna y evitarla, sancionando a los corruptos por un lado, y previniendo actos de corrupción, por el otro, utilizan las acciones corruptas de los militantes de otros partidos para armar sus discursos de campaña.

Aquí cabría preguntarnos sobre los temas que pudieron tocar los discursos de campaña de los partidos que compitieron el 4 de junio? Pero también preguntarse ¿Qué hubiera sido de los discursos y promesas de campaña del 2016, sin los gobernadores investigados y señalados de cometer actos de corrupción?

La corrupción ya no es exclusiva del PRI, tampoco el poder. Esta diversidad de poderes, también afecta la cuota de corrupción que practica cada partido político y sus afiliados montados en los diferentes cargos de la administración pública, en sus tres niveles de gobierno.

Si las administraciones estatales fueran autónomas en lo económico, y el federalismo no tuviera los lazos políticos que ahora tiene con el centro, las entidades se hubieran convertido en verdaderos feudos, donde el monto de lo desviado sería mayor, la impunidad más contundente y la reiteración de estos actos más continua.

Al menos 11 gobernadores han sido señalados por actos de corrupción e investigados por la PGR por desvío de recursos públicos y enriquecimiento ilícito. Entre ellos, figuran los casos de Javier Duarte (Veracruz), Roberto Borge (Quintana Roo), Guillermo Padrés (Sonora), César Duarte (Chihuahua), Ángel Aguirre (Guerrero), Fausto Vallejo (Michoacán), Jorge Herrera Caldera (Durango), Miguel Alonso Reyes (Zacatecas), Rodrigo Medina (Nuevo León), Egidio Torre Cantú (Tamaulipas) y Rubén Moreira (Coahuila).

Esto sin contar con gobernadores de años anteriores que fueron investigados por casos de enriquecimiento ilícito y vínculos con el crimen organizado, entre los cuales se incluyen los nombres de Andrés Granier (Tabasco), Humberto Moreira (Coahuila), Juan Sabines (Chiapas), Emilio González (Jalisco), Fidel Herrera (Veracruz), Arturo Montiel (Estado de México), Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández (Tamaulipas), y Ulises Ruíz (Oaxaca), esto sin contar lo numerosos grupos de cómplices que hay detrás de cada uno de los señalados, sobre todo de Javier Duarte, cuyo número de compinches rebasa el medio centenar.

La Auditoría Superior de la Federación señala que el desfalco de Javier Duarte en Veracruz ha impuesto un nuevo récord desde el surgimiento del órgano fiscalizador, esto debería obligar a las autoridades a actuar contra sus cómplices ahora amparados en fueros como legisladores federales y locales.

Es decir, si se rompen récords de cantidades, lo mismo en cuanto a número de actos y una cifra creciente de gobernadores a quienes le son detectados actos ilícitos, es indudable que la práctica de la corrupción ha crecido considerablemente en México.

Existen acusaciones y señalamientos por el saqueo de al menos 307 mil millones de pesos y una deuda pública de 479 mil 430 millones de pesos en tan sólo 11 entidades que incluyen a Michoacán, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Sonora, Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo.

Así, hay gobernadores señalados en la misma proporción de poder y corrupción distribuido a lo largo y ancho del territorio nacional. Es una especie de parcela institucional y proporcional de ilícitos y delincuentes.

Si existiera la simple intención de sancionar a los delincuentes habría más funcionarios públicos, es decir más gobernadores, detenidos o, por lo menos investigados. Sabemos que los arriba mencionados no son todos los que están, ni están todos los que son.

Ante el endurecimiento de la política del principal socio comercial de México, los funcionarios públicos deben buscar nuevos puentes para desplazar sus productos, tal y como lo ha hecho en el último medio año, cuando los países diferentes a Estados Unidos condicionaron Tratados comerciales, acuerdos con nuevos mercados y convenios económicos al respeto a los derechos humanos y el combate a la corrupción; sin embargo, la flexibilidad que existe en nuestro país ante el crecimiento de actos indebidos por parte de los funcionarios públicos podría echar abajo nuevos e importantes convenios que signifiquen la sobrevivencia económica y la autonomía financiera de México.

Puedes leer este artículo en las páginas 5, 6 y 7 de la Edición 33 de la revista Políticos al Desnudo