PLAZOS FATALES

Por: Valentín Ramos F.

La democracia exige la transición. Cierto es que la decisión electoral de un pueblo puede ser la ratificación de un partido o un gobernante, pero a la larga, es imposible que un mismo conjunto de personas o de ideas permanezcan en el poder sin sufrir un desgaste ni requerir una revigorización, lo que de manera natural lleva a la oposición al poder. Claro que existen casos como el del PRI en México, pero son anomalías, y debemos tener en cuenta que este país no era en términos técnicos una verdadera democracia.

El anterior párrafo sirve para introducir al tema de esta ocasión, que es el periodo de tiempo que corre entre la elección de un cargo público, en especial un ejecutivo, y la toma de posesión del mismo. En México, durante la mayor parte del siglo XX se vio como una normalidad que las elecciones se realizaran en el primer domingo de julio, y la jura del cargo el primer día de diciembre siguiente, es decir, un periodo de poco menos de cinco meses. Salvo en 1994, cuando las elecciones se realizaron un 21 de agosto, hasta la fecha tenemos este lapso absurdo que no parece tener más utilidad que permitir al gobierno saliente dejar las cosas en orden.

Cuando la transición de un partido a otro era un mero chiste inimaginable en la realidad, los priistas no tenían de qué preocuparse, pues salvo algún despistado como Jorge Díaz Serrano, era muy difícil que la corrupción heredada se castigara. Los mexicanos tenían cierta costumbre a ese espacio de cinco meses en que en realidad, había dos presidentes, uno formal, aunque ya casi sin poder, y uno electo, pero ya visto como el nuevo hombre fuerte de la nación. La cuestión es que empezamos a ver problemas específicos para mantener situaciones de ese tipo, y que no tienen alguna razón de ser práctica para la sociedad.

En Gran Bretaña, por ejemplo, el alcalde de Londres es electo un domingo, y a más tardar estará tomando el cargo el viernes siguiente. El primer ministro de Canadá no suele dejar pasar más de dos semanas entre su elección y su entrada a la oficina mayor. En Francia, una semana ocurre entre las elecciones y la jura del nuevo mandatario. Vamos, que tal vez el país más complicado administrativamente, Estados Unidos, tiene un periodo de dos meses y medio de sus elecciones a la entrada de la nueva administración.

En México, en cambio, las cosas parecen hacerse al revés. En Jalisco, pongamos el ejemplo, al empatarse sus elecciones de gobernador con las de presidente de la república se creó un periodo de ¡siete meses! entre los comicios y la llegada al poder estatal de Aristóteles Núñez, con lo que el desgobierno de Emilio González Márquez tuvo tiempo de sobra para maquillar sus innumerables tropelías. Mientras que otros gobernadores electos el mismo día llevaban ya casi dos meses en el cargo, en Veracruz al establecerse la toma de protesta hasta el uno de diciembre padecimos la tragicomedia duartista de todos conocida, incluyendo un gobernador interino que permitió que el electo designara a miembros de su gabinete, aun siendo de oposición. ¿Cuántos sinsabores nos habríamos ahorrado si Yunes hubiera entrado a ejercer el cargo en poco tiempo, en lugar de deambular por un limbo de mandato popular sin poder?

Habrá teóricos de ocasión, defensores de la manera mexicana de hacer las cosas, que digan que el periodo al que nos referimos debe necesariamente ser tan largo para permitir que la maquinaria administrativa se prepare para el cambio, haciendo un cierre ordenado y una entrega adecuada. Este argumento no se sostiene, pues como hemos visto, hay países más grandes y complicados que no necesitan semejante interregno, y sobre todo, porque la administración pública debe estar siempre lista para un cambio de personal, sin importar el nivel. Sobre todo, porque el plazo de conclusión de una administración a otra está fatalmente señalado.

Pensar que el cierre de administración debe ser distinto dependiendo de quién sea el sucesor, es tanto como aceptar que el gobierno es un coto personal de poder y canonjías, mismo que necesita ese lapso de gracia, en caso de que sea necesario componer (o al menos intentar componer) los desperfectos dejados por corrupción, desidia o incompetencia. Claro, en el caso de Veracruz, ni un sexenio entero más le hubiera alcanzado a Duarte para ensayar siquiera un modesto arreglo al desastre nuclear que nos dejó. Ya veremos cómo les va a los alcaldes salientes, que tienen ahora medio año para simular mientras las autoridades electas se dedican a esperar sentadas, desperdiciando el mandato popular.