Organismos con dueño

Bisagra

Por José Páramo Castro

Los organismos autónomos no son instituciones sino auxiliares de las instituciones, creadas ante la parcialidad de quienes las operan. Incluso se crearon para vigilar las actividades de las instituciones que, saturadas de actos de corrupción, necesitaban un cesto de basura dónde guardar las denuncias al respecto.

Los organismos autónomos son una especie de la Fiscalía del Caso Colosio y otros elefantes blancos que se crearon para diluir los hechos que no le interesaba al gobierno de aquel entonces aclarar. Son funciones que si no hubiera corrupción nunca hubieran existido, pero se crearon como una alternativa para depositar quejas y traspapelar demandas.

Desde luego que hubo mecanismos con suficiente poder transexenal que hicieron de las suyas y lejos de evitar la corrupción la fortalecieron y echaron raíces para hacer más complicada su erradicación. Son oficinas con nueve años de duración en la administración pública, de tal suerte que por lo menos abarcan dos sexenios, a veces tres, manteniendo un esquema poco transparente y supervisiones que no satisfacen a nadie.

En muchos casos fueron creadas por los últimos dos o tres presidentes de la República, ejemplo de corrupción y desviación de tareas propias de su investidura, esto deben recordarlo quienes ahora se envuelven en las banderas de sus partidos para lanzarse al vacío en defensa de esos lugares extraños.

Por ejemplo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, a unas semanas de concluir el sexenio de Peña Nieto, renovó por 20 años las concesiones de televisión abierta a televisa y TV Azteca. Nadie dijo nada, nadie pregunta cómo ni por qué, pero a la hora de cuestionar su verdadero servicio a la sociedad se rasgan las vestiduras para conservar esos espacios donde se fortalecen muchos vicios del pasado.

Esa autonomía que ahora defienden de los organismos autónomos no sólo no cumple con la legalidad, sino que impulsa el monopolio e intenta desbarrancar a la actual administración pública porque obedecen a los intereses de quienes los colocaron en esos sitios.

Hace unas semanas ese mismo instituto aprobó prorrogar 557 señales explotadas por esas televisoras, cuya vigencia estaba fijada hasta el 31 de diciembre de 2021, pero se adelantan antes de que pudieran desaparecer para seguir viviendo de esos favores que tantos privilegios y privilegiados crearon en el pasado.

Lo mismo puede decirse de otros organismos que son dependencias de gobiernos pasados, corresponden a los intereses de los funcionarios del pasado, pero que se autodenominan instituciones.

La posibilidad de desaparecer estos organismos se politizó de inmediato y cómo no pensar que así sería si la simbiosis entre gobierno e iniciativa privada estaba determinada, esto explica la reacción del panista Erandi Bermúdez, senador de ese grupo, que anunció que se creará un bloque con legisladores de su partido, el PRI, MC y otro cuyo nombre ya nadie recuerda, para evitar la desaparición de esos organismos, donde seguramente tienen intereses.

Los organismos autónomos debieron ser, desde el principio, dependencia de Estado no de gobierno, esa es la intención de la duración de sus periodos administrativos, pero tenemos el caso del INE que desde sus escritorios benefician a una parte privilegiada de la población y atacan con la fuerza de sus intereses a otros segmentos de la población desprotegidos.

La desaparición de esos organismos autónomos la provocaron las conductas de sus dirigentes.