Alerta de género y omisiones del Estado

Rúbrica

Por Aurelio Contreras Moreno

Contrario al triunfalismo y a la repetición sistemática de la versión de que los feminicidios y en general la violencia contra las mujeres van a la baja, Veracruz se mantiene entre los estados punteros en agresiones y asesinatos de todo el país.

En su reporte de finales de septiembre, el Secretariado Ejecutivo de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana dio a conocer que la entidad mantiene el tercer lugar nacional en número de feminicidios, con un total de 50 al 31 de agosto, 19 más que los registrados al corte de finales de julio. Y ya veremos el acumulado del recuento de septiembre.

Además, los municipios de Emiliano Zapata, Papantla, Tuxpan y Veracruz se ubican entre los 100 con más feminicidios del país, mientras que la entidad ocupa los segundos lugares nacionales en cuanto a secuestro de mujeres con 14, extorsión con 221 y violencia de género con mil 56, solo por debajo del Estado de México.

Reiterando que se trata de cifras que reflejan lo acontecido hasta agosto, lo que vemos es una estadística escalofriante y aterradora que, por otra parte, es congruente con lo que cotidianamente se informa en los medios de comunicación: la violencia indiscriminada y sistemática en contra de las veracruzanas, de la que nadie desde el sector gubernamental se hace cargo.

Son las asociaciones civiles –las que no están cooptadas ni buscando “huesos” en las administraciones federal, estatal y municipales, por supuesto- las que están poniendo el “dedo en la llaga” de las omisiones del Estado sobre esta oleada asesina de mujeres en Veracruz. Causa de la que el autoproclamado régimen de la “cuarta transformación” se “colgó” en sus tiempos de movimiento opositor y de la que nada quiere ya saber ahora que es gobierno.

Tres de estas asociaciones, el Colectivo Feminista Cihuatlahtolli, el Instituto Mexicano de Derechos y Democracia y la organización Justicia, Derechos Humanos y Género, presentaron una solicitud ante el Gobierno de la República para que se emita una tercera Alerta por Violencia de Género en el estado, a causa de la verdaderamente imparable violencia feminicida de los últimos años. Pero, ¿sirven de algo estos mecanismos?

Veracruz tiene dos declaratorias previas: la primera fue emitida el 23 de noviembre de 2016 –todavía en el anterior sexenio federal, por aquello que los ignorantes y convenencieros dicen que la lucha de las mujeres comenzó en 2018-, a partir del contexto de violencia contra mujeres que existía en el estado, luego del nefasto gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

El instrumento fue declarado para los municipios de Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Xalapa, Tuxpan y Veracruz. Estos dos últimos se encuentran, cinco años después y como ya se señaló, entre los 100 con más feminicidios de todo México.

La segunda declaratoria data del 13 de diciembre de 2017, al acreditarse un agravio comparado ante las restricciones a los derechos humanos de las mujeres derivadas de Código Penal del Estado y de la falta de implementación de la Norma Oficial Mexicana 046, referente a violencia familiar, sexual y contra las mujeres, y los criterios para la prevención y atención por parte de personal de salud. O dicho más claramente, por la negativa del Congreso del Estado a debatir acerca de la despenalización de la interrupción del embarazo, omisión que fue finalmente subsanada apenas en julio pasado. Casi cuatro años después.

Las razones esgrimidas por las asociaciones civiles para solicitar una tercera alerta de género para la entidad sostienen que las acciones tomadas a partir de la emisión de la primera en noviembre de 2016, han sido insuficientes para reducir la violencia feminicida en Veracruz.

Aseguran también que existe una indebida clasificación de las muertes violentas de mujeres, pues son categorizadas en la mayoría de los casos como homicidios dolosos y no como feminicidios por la Fiscalía General del Estado (FGE). Lo cual fue puesto en práctica específicamente a la llegada de Verónica Hernández Giadáns al organismo, ya que al gobierno de Cuitláhuac García le urgía reducir las cifras. Que no los hechos de violencia.

Los organismos civiles puntualizan en su solicitud que existe un contexto diferente al de 2016, ya que los feminicidios son perpetrados por actores y a través de formas distintas a las originalmente consideradas para emitir la primera Alerta de Género en el Estado.

Como era de esperarse, inicialmente el gobierno federal se negó a admitir la solicitud, pues evidencia el fracaso de su política de género –si es que puede afirmarse que tiene alguna-. Pero un Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación le ordenó analizar la emisión de una tercera Alerta de Género para Veracruz.

El Tribunal Colegiado señaló que “no es posible afirmar que los hechos en que descansa la nueva solicitud ya fueron analizados, pues es razonable que se denuncie un contexto criminal diverso, al haber transcurrido cinco años a partir de la anterior solicitud y emisión de la Declaratoria de Alerta de 2016, de modo que, por el lapso transcurrido es lógico considerar que existan diversos grupos criminales en la entidad y cuyas modalidades para la comisión de los delitos son modificadas, en aras de evadir las medidas previamente implementadas por el Estado para mitigar los actos de violencia cometidos contra las mujeres y niñas de la entidad”.

Este fin de semana, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) informó que la solicitud fue declarada como admisible y publicada para la conformación del Grupo de Trabajo que analizará la petición.

Razones para que sea admitida y declarada la tercera alerta sobran. El problema es que si la actitud del gobierno en sus tres niveles se mantiene como hasta ahora, banalizando las demandas, maquillando las cifras de la violencia y construyendo una narrativa de criminalización de las mujeres para evadir sus propias responsabilidades, omisiones y culpas, pues tampoco servirá de mucho.

A menos, claro, que la sociedad civil –a la que tanto odia la “4t” porque no la puede manipular ni someter- haga valer su voz.

 

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