IMBECIBILIDAD DE ESTADO
Resulta avergonzante para la justicia asistir a un proceso jurídico-político degenerativo en el que los lejanos horizontes del respeto a la Separación de Poderes de la Unión, de acato a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, han sido sustituidos por bastardos intereses derivados de la narco-justicia. Por desgracia el poder de la justicia en el hoy se vincula a poderes políticos especulativos, transformando a la procuración e impartición de ella en un instrumento al servicio de otros poderes, por sobre todo al auxilio del interés de aquella casta impune dedicada a la narco-política.
Al repudiado proceso de la Reforma Judicial de Andrés Manuel López Obrador, la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, lo denomina “degeneración por voto en la impartición de justicia”. Desde Carlos Salinas de Gortari hasta el pasado presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos siempre existieron síntomas de un mal actuar, pero nunca como hasta hoy han tenido contornos políticos irreversibles, ello se afirma en razón a que la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, pretende seguir manteniendo las actuales modas de hacer política a costa de la justicia.
A esta realidad de “degeneración de la justicia” ha contribuido de manera esencial el poder de la narco-política, la injerencia, opacidad e impunidad con la que se ha rodeado argumentando siempre que por “razones de estado”, “sentido de estado” y “seguridad de estado”, ello no se investiga. Esa aludida Reforma Judicial no es otra cosa que la traducción de esfuerzos y deseos para que por siempre predomine en México el “poder del delincuente” que necesariamente exige contar con impartidores de justicia para encubrir sus actividades contrarias a derecho.
La selección de jueces, magistrados o ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por voto popular y/o juego de azar será básicamente una impartición de justicia al servicio de la injusticia, de la impunidad, de la corrupción y de los intereses partidistas. La abogacía independiente de la República se opone firmemente a ello, toda vez que la justicia sólo debe de ser aplicada si se encuentra al servicio del derecho, de la ley, del Pacto Federal y de México.
En nuestra Patria, este fenómeno de “degenerar a la justicia” ha llegado a alturas insospechables, ha arribado a una imbecibilidad de estado, como bien lo ha definido en toda su extensión un docto magistrado del Poder Judicial Federal.
El ateneo de estudios jurídico penales solo desea añadir a lo expuesto por esa toga de conocimientos y dignidad que ese poder delincuencial no se va a poder librar del Derecho. No podrán barrenar la dignidad de la independencia judicial para obtener impunidad, por más que acusen, difamen, intimiden y pretendan eliminar a esos jueces, magistrados y ministros de probidad.
Es cuánto
Lic. Alberto Woolrich Ortíz
