DOS MEDIDAS PARA EVALUAR LA CORRUPCIÓN
“Mexicanos contra la corrupción” ha realizado un análisis donde muestra que durante el gobierno priísta de Enrique Peña Nieto, -al cual se le consideró pleno de prácticas corruptas-, 12 gobernadores enfrentaron procesos judiciales por corrupción y de ellos algunos aún siguen en la cárcel. Diez eran priístas y dos panistas.
Significativos fueron los casos de Javier Duarte de Ochoa, -quien fuera gobernador de Veracruz y en 2017 fue detenido-, así como el de Roberto Borge Angulo, -ex gobernador de Quintana Roo-, quien fue encarcelado por corrupción en enero del 2018, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ambos aún siguen en prisión.
César Duarte, exgobernador de Chihuahua, así como Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, -ambos de Tamaulipas-, también enfrentaron largos procesos judiciales, incluyendo el arresto, sólo por mencionar a algunos exgobernadores.
Este estudio realizado por “Mexicanos contra la Corrupción” fue publicado por la revista Nexos y puede ser consultado en línea, en la sección titulada “Desarmar la corrupción”.
En contraste, durante el gobierno de López Obrador, -que construyó su campaña sobre la base de la lucha contra la corrupción-, también han sido señalados trece gobernadores, pero ninguno enfrentó proceso judicial, -y es más-, fueron exonerados en las mañaneras por el mismo presidente, en lugar de ser sometidos a investigación.
El caso reciente de Cuauhtémoc Blanco, -ex gobernador de Morelos-, es patético. Este exfutbolista estuvo cuestionado y acusado de delitos de corrupción. Sin embargo, obtuvo una diputación plurinominal de MORENA para protegerlo de los delitos que le imputaba el fiscal del Estado de Morelos, Uriel Carmona, quien terminó siendo destituido del cargo por el Congreso del Estado, -dominado por la 4T-, para terminar de una vez por todas con una investigación incómoda. El manto protector de MORENA desactivó la investigación.
A su vez, el gobernador de Sinaloa de Rocha Moya, -por quien ha habido manifestaciones ciudadanas que exigen su destitución-, y además fue señalado por el Mayo Zambada como alguien cercano a él, es todo un testimonio de un gobierno de la república que se niega a ver la realidad y a enfrentarla y termina protegiendo a los denunciados.
Añadamos a esto la crisis de seguridad y violencia que vive Sinaloa. Mientras la crisis de inseguridad se agrava, el gobernador recibe apoyo de su camarilla y de un grupo de cuestionables legisladores que fueron a refrendarle su solidaridad.
Los hechos valen más que las palabras y en política esto es determinante para evaluar el desempeño de un gobierno.
La congruencia entre las acciones de gobierno y los mensajes que emite y declara el gobernante, es un valor ético fundamental.
Hasta hoy lo que hemos visto de este nuevo régimen es complacencia con quienes pertenecen al partido en el gobierno y una actitud de acoso en contra de la oposición.
Ahora, con un Poder Judicial controlado totalmente por la 4T podemos esperar que la tolerancia con “los de casa”, -respecto a actos constitutivos de delito-, se mantenga.
La separación funcional entre los Tres Poderes de la Unión antes garantizaba la aplicación de la justicia sin impacto político, a diferencia de hoy, que el Poder Judicial ha sido cooptado por el Poder Legislativo.
Estos son los nuevos tiempos.
¿A usted qué le parece?
