AIGLP pide nueva regulación para crisis del gas LP en México

La situación actual del gas doméstico en México preocupa, porque más allá de los intereses empresariales, afecta el acceso permanente a un energético limpio, asequible y seguro, señaló la Asociación Iberoamericana de Gas Licuado de Petróleo (AIGLP).

“La solución no radica en eliminar por completo la regulación (precios máximos), sino en crear un modelo regulatorio inteligente, que combine protección al consumidor con viabilidad operativa”, subrayó el organismo que agrupa a los principales actores del sector en América Latina.

La AIGLP comentó que el costo no puede determinarse por decreto, pues se trata de “una mercancía global, cuyo valor está determinado por variables de oferta y demanda internacionales, costos logísticos, volatilidad del crudo, tasas de cambio, restricciones geopolíticas, entre otros factores”.

Apuntó que si bien las políticas de contención del precio en México buscan beneficiar a los consumidores, a la vez se ha generado una crisis, porque “desconocen la lógica económica detrás de un mercado de mercancías y la complejidad operativa que implica la distribución del LP en un país extenso y desigual como México”.

“Preservar su abasto seguro, eficiente y competitivo requiere una política pública basada en datos, economía y diálogo”, destacó la AIGLP

Recordó que desde 2021, el gobierno mexicano puso en práctica un esquema de precios máximos para el gas doméstico, con base en un estudio de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) que señalaba la falta de competencia efectiva en el sector. No obstante, “el resultado ha sido una contracción acelerada del margen comercial de las empresas distribuidoras”.

Refirió que datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP y Empresas Conexas (AMEXGAS), indican que la tarifa de distribución se redujo en más del 50 por ciento, por lo que el margen por litro de gas llegó a niveles que no permiten cubrir siquiera los costos operativos básicos.

Agregó que actualmente, las plantas sólo reciben alrededor de 2.68 pesos por litro, cuando se necesitarían 4.25 pesos para mantener la operación con estándares mínimos de calidad y seguridad. “Como consecuencia, cerca de 40 plantas han cerrado en los últimos meses, en particular, en estados como Jalisco, Veracruz, Puebla y Tamaulipas. Esto ha implicado la pérdida directa de miles de empleos, y ha afectado a más de 135 empresas, que representan el 90 por ciento de la distribución formal en el país”, dijo.

El organismo comentó que fijar un precio, sin considerar las variables que intervienen en el precio, “equivale a obligar a los actores del sector a operar con pérdidas permanentes”.

El organismo señaló que no tomar en cuenta todos los costos implica que las empresas abandonen rutas y esto limita el acceso a fuentes modernas de energía, lo cual obliga a las familias en zonas rurales a utilizar leña, lo cual no solo repercute en la salud, sino en el medio ambiente.

Además, dijo, incentiva el crecimiento del mercado ilegal, con bandas dedicadas al robo y distribución clandestina de combustibles, conocido como huachigas. “Este fenómeno no solo representa pérdidas fiscales, sino también riesgos de seguridad para la población”, señaló.

Precisó que esta medida también limita la inversión en infraestructura como la adquisición de nuevos cilindros, vehículos de reparto, equipos de medición o plantas más eficientes, por lo que la seguridad operativa se compromete.