SCJN abre espacio inédito a personas con discapacidad; exigen consulta real y vinculante

Sentados frente a una mesa en la zona de Murales del máximo tribunal del país, ocho ministros escucharon este lunes, en un inédito ejercicio, a una treintena de personas con discapacidad que defienden su derecho a la consulta antes de que se legisle sobre temas que los afecten.

La jornada, que duró cuatro horas y media, marcó el primero de tres días seguidos de audiencias públicas, para desahogar una lista de participantes de 102 integrantes de asociaciones civiles, de la academia, y personas en lo individual.

La demanda fue unánime, que el Pleno no apruebe el proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama que resuelve la acción de inconstitucionalidad 182/2025 promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán porque determina que no se deben invalidar en automático las leyes por falta de consulta previa, si estas amplían los derechos de las personas con discapacidad.

Saori Beatriz Pérez Milo, quien vive con autismo, advirtió que la propuesta elimina la obligación de consultar a las personas con discapacidad antes de aprobar leyes que las afectan, lo que las vuelve a excluir de las decisiones sobre su propia vida y contradice el artículo 4, párrafo 3, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

“La consulta es un derecho, no una opción”, afirmó tras denunciar el uso político de este sector: “Para las fotos y los votos todos aman el autismo y cualquier tipo de discapacidad, pero cuando se trata de garantizar derechos desaparecemos de las mesas de decisión. Lo mismo ocurre cada vez que se utiliza a las personas con discapacidad para la conveniencia pública, mientras el resto del año somos invisibles para el Estado”.

En la audiencia participaron, de manera presencial y por videollamada, principalmente personas con discapacidad motriz, visual y auditiva, apoyadas por intérpretes de lengua de señas. Ángel Ibarra Jasso, quien intervino a distancia, advirtió que la propuesta de Batres podría restringir sus derechos, al plantear que las comisiones de derechos humanos solo impugnen normas cuando lo soliciten, con firmas, al menos 15 personas afectadas directamente.

“Esta parte de que solamente las personas con discapacidad puedan firmar o no acerca de una acción de inconstitucionalidad se me hace un poco peligroso por la persecución política que pueda existir acerca de si firmas, si no firmas, qué pasa”, expresó.

La socióloga Patricia Claudia Brogna, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, destacó la obligación de los congresos de consultar a dicho sector antes de legislar, e incluso establecer un mecanismo que sean ellos quienes los busquen

“Que se habiliten foros de consulta en los distintos estados, considerando las lenguas indígenas y las distintas discapacidades de las personas. Por lo tanto, me parece que la propuesta de la ministra Batres, en realidad, habilita un debate mucho más profundo de cómo garantizar el derecho a consulta, no tanto un procedimiento… si no se invierte la carga de la prueba, y van a ser las personas con discapacidad y las organizaciones las que van a tener que hacer el trabajo de revisar las leyes y de ir a golpear la puerta para decir que hay que formularlas y que violentan o violan ciertos derechos, y muy particularmente el derecho a consulta”, dijo.

En varias intervenciones, las personas con discapacidad expusieron problemas y situaciones que no estaban directamente relacionados con el tema de la audiencia, por lo que el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, pidió ceñirse al debate y aclaró que el ejercicio era una audiencia, no una consulta, ya que son el Legislativo y el Ejecutivo quienes están obligados a realizar ese tipo de procesos.