¿Quién alumbra al que enciende la luz?
Por más que se intente justificar con tecnicismos, la diferencia tarifaria entre Tabasco y Veracruz es, a todas luces, un agravio. No hay manera de explicarle a una familia veracruzana que paga tarifas más altas por la luz, mientras su estado genera buena parte de la energía eléctrica que consume el país.
Veracruz no solo alberga la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, la única de México, sino también termoeléctricas, hidroeléctricas y parques de generación que aportan al sistema nacional. Sin embargo, esa contribución no se traduce en ningún beneficio directo para los hogares veracruzanos. Tabasco, por el contrario, goza de la tarifa 1F todo el año, una conquista política que hoy se justifica bajo el argumento del clima, aunque su origen fue una negociación económica y social con la CFE.
A esa desigualdad se suma otro tema que se prefiere mantener bajo llave: la seguridad nuclear. Laguna Verde opera bajo estrictas normas internacionales, pero el hermetismo en torno a sus reportes técnicos alimenta más sospechas que confianza. Si la austeridad republicana recorta recursos de mantenimiento, o si los informes sobre incidentes permanecen reservados, el riesgo ya no es administrativo: es humano.
La transparencia en una planta nuclear no debería ser una concesión, sino una obligación. La población tiene derecho a saber si las condiciones de operación son seguras y si los recortes presupuestales no están poniendo en juego la estabilidad de una zona densamente habitada.
Veracruz merece un trato justo: tarifas acordes a su realidad y garantías claras sobre la seguridad de la planta que da energía a todo un país. No se trata de política, sino de justicia energética y responsabilidad pública.
