La violencia tolerada
El tema de la violencia delincuencial se ha convertido en un foco rojo para el gobierno de la presidenta Sheinbaum. La marcha del “15N”, -denominada también de la “Generación Z”-, junto con el “Movimiento del Sombrero”, -vinculado al asesinato del alcalde Carlos Manzo-, más el paro transportista de la ANTAC de este 24 de noviembre, son reacciones ciudadanas en contra de la violencia incontrolable y la desidia e indiferencia gubernamental para resolverlo.
En realidad, nunca ha habido un compromiso político, -y menos una decisión real-, para cortar de tajo este problema teniendo toda la infraestructura para hacerlo.
Contando el Ejército Mexicano con 371,368 efectivos en 2025, mas 95,550 la SEMAR, mas 130 mil la Guardia Nacional, además de un gran presupuesto y equipo, -como nunca antes-, es impensable que no se pueda controlar la inseguridad en todo el territorio nacional. Sin embargo, las Fuerzas Armadas no son autónomas y requieren del permiso del “comandante supremo” que es el presidente en turno.
Incluso, sacar de sus funciones militares a las Fuerzas Armadas, -como lo hizo López Obrador-, para convertirlas en constructores de obras de ingeniería y administradores de infraestructura empresarial y pública, las distrajo de su vocación natural, regulada por el Artículo 129 de nuestra Constitución, que dice que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las militares.
López Obrador y la presidenta Sheinbaum han estado más preocupados por lidiar con sus adversarios políticos que con la delincuencia. Sus discursos lo muestran. El mensaje de la presidenta en el desfile del 20 de noviembre, -conmemorando la Revolución Mexicana-, estuvo totalmente orientado a señalar como enemigos a los sectores de la sociedad que exigen seguridad y paz y no en contra de los generadores de violencia.
Mientras tanto, la delincuencia crece y contamina a la sociedad, complicando aún más el problema.
Vemos que la delincuencia de hoy ya no es producto de grupos marginales, -escondidos en las sombras-, como sucedía antes en México y aún hoy acontece en otros países.
La delincuencia organizada hoy ha contaminado a la sociedad mexicana, que se ha vuelto permisiva moralmente.
La cultura del “dinero fácil”, -ese que no es producto del esfuerzo y la dedicación-, invariablemente lleva a dos caminos: la corrupción para la elite que tiene la suerte de tener acceso al “dinero público”, y la delincuencia para los desesperados que están dispuestos a afrontar los riesgos mortales a cambio de disfrutar una temporada de bonanza y quizá de riqueza y opulencia.
La narcocultura es una nueva manifestación de los valores que hoy contaminan la mente de nuestras generaciones jóvenes y la seducen.
A partir de que el presidente López Obrador justificó moralmente a la delincuencia como resultado de la pobreza, -equivalente a la lucha de clases promovida por el socialismo-, vimos cómo se derribaron todos los frenos y barreras que la contenían, -e incluso-, se le perdió el respeto a la autoridad institucional.
Si quien representaba a todas las instituciones del país frivolizaba a las acciones delictivas y las justificaba, era como un permiso explícito para actuar al margen de la ley.
“No me vengan con que la ley es la ley…” es otra frase icónica que destruyó el andamiaje moral del “Estado de “Derecho”, con lo cual se perdió el respeto a nuestra Constitución y a las instituciones. Por ello el crimen organizado ya no se oculta en las sombras como antes, tratando de pasar desapercibido ante las autoridades. Hoy las reta y hasta las agrede, como sucede continuamente en contra de nuestras policías, de la Guardia Nacional y de nuestras “Fuerzas Armadas”.
Nuevos delitos surgen, cada vez más sofisticados, como los despojos de inmuebles y las invasiones, lo cual invariablemente lleva un componente grave, la colusión de los delincuentes con las autoridades que legalizan este delito para tener un respaldo jurídico.
Y un día podríamos terminar pagando a la delincuencia un impuesto adicional, equivalente a un predial, por disfrutar de nuestra casa o departamento y hasta una tenencia por nuestro auto, lo cual inevitablemente convertiría al crimen organizado en un “estado paralelo”.
De darse este escenario futuro, existiría por una parte el estado democrático, -que opera legítimamente como resultado de las leyes electorales y en ejercicio de este derecho-, y en las sombras un estado ilegítimo, pero poderoso, autoritario, violento, que impone la “ley de la selva” frente a un Estado democrático débil, omiso, vulnerable y lo peor… infiltrado.
De no hacerse nada para erradicar la violencia veríamos consolidarse un gobierno paralelo e ilegítimo que no respeta los derechos humanos y menos aún la ley… que pone y quita alcaldes y ayuntamientos y que se serviría del presupuesto público como si fuese de su propiedad.
Los ayuntamientos son las autoridades con mayor cercanía con la ciudadanía. Representan la vida cotidiana del ciudadano, pero el gobierno federal desde mucho tiempo atrás los ha dejado a la deriva y ha permitido que sean infiltrados por la delincuencia y en muchos lugares dominados por ella.
Vivir esto es cosa de tiempo… a no ser que la presidenta Sheinbaum de un viraje radical y deje de lado los eufemismos políticos cotidianos y se decida a poner a la seguridad como la prioridad de su gobierno, por encima de cualquier otra cosa.
¿A usted qué le parece?
