Gobierno invierte más de 686.5 mdp en Plan de Justicia para pueblos Chichimeca y OtomíV
Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), señaló que el gobierno federal ha invertido 686.5 millones de pesos en el Plan de Justicia de los Pueblos Chichimeca y Otomí del Noreste de Guanajuato y del Semidesierto de Querétaro.
El funcionario encabezó junto a autoridades indígenas la Asamblea Regional de Seguimiento de dicho plan, el se centra en cuatro ejes temáticos: Lugares y Sitios Sagrados, Cultura e Identidad; Tierra, Territorio y Medio Ambiente; Gobierno Tradicional, Paz y Seguridad y Bienestar Común.
Detalló que en el tema de Lugares sagrados, cultura e identidad se han invertido 7.4 millones de pesos en la preservación, fortalecimiento de los lugares y sitios sagrados a fin de elaborar un Catálogo Regional, así mismo, la conformación de la Comisión de Lugares y Sitios Sagrados, lengua, danza, festividades y producción artesanal de los Pueblos Chichimeca y Otomí.
En el eje temático de Tierra, Territorio y Medio Ambiente, se ha invertido 37.1 millones de pesos y en el de Gobierno tradicional, paz y seguridad, el director del INPI reportó una inversión acumulada de 104 millones de pesos.
Subrayó que 110 comunidades indígenas recibieron presupuesto directo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
El director del INPI reiteró el trabajo directo de gobierno a gobierno para la consolidación y despliegue de este Plan de Justicia. “Nosotros tenemos la profunda convicción que hay que trabajar de manera directa a través del diálogo y la escucha con las autoridades como representantes legítimos de la comunidad”.
Aseveró que el reconocimiento pleno de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y afromexicanos, llegó con el Gobierno de la Cuarta Transformación al firmarse el Decreto Constitucional del Artículo 2° de la Carta Magna, “y se implementa por decisión y liderazgo de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo”.
Este reconocimiento a las comunidades como sujetos de derecho público con patrimonio propio, significa reconocer a su gobierno tradicional con capacidad para tomar decisiones; que sus decisiones, – tomadas en sus Asambleas Comunitarias-, tienen una fuerza obligatoria; que las comunidades pueden recibir recursos públicos de manera directa; que las comunidades pueden hacer sus obras públicas de manera directa y que la comunidad tiene un patrimonio; su tierra, templo, palacio, sus caminos, que no es un patrimonio individual sino colectivo.
Jesusa Rodríguez Ramírez, asesora de la Presidencia de la República en materia de Defensa y Protección del Medio Ambiente, recalcó el compromiso de la presidenta para hacer justicia y garantizar los derechos históricos a los pueblos indígenas, que desde el primer año de su gobierno “aceleró la implementación de la reforma constitucional con la creación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos”.
Alma Alcaraz Hernández, delegada de los Programas del Bienestar en el estado de Guanajuato, resaltó que el Gobierno de México destinó en este estado, alrededor de 60 millones de pesos del FAISPIAM. “En el Plan de Justicia, se le está regresando a las comunidades lo que por años les fue negado y que por derecho les corresponde”.
Israel Ramírez González, presidente del Comisariado del Ejido Nuevo Cruz del Palmar resaltó que uno de los avances fundamentales de este Plan de Justicia es la culminación de un conflicto agrario, creándose el nuevo ejido La Cruz del Palmar con una extensión de 569 hectáreas.
En el eje temático de Bienestar Común, se reportó el apoyo, aperturas y rehabilitaciones a Comedores Escolares de la Niñez Indígena; así como acciones para el fortalecimiento de la medicina tradicional y economía y sistemas productivos. También se reportó avances en la construcción de caminos artesanales, estudios sobre calidad de agua, apoyos de vivienda y acciones de electrificaciones de parte de la Comisión Federal de Electricidad.
En la Asamblea Regional se reconoció como un avance fundamental, la iniciativa sobre la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SSA-2025, para establecimientos de salud y el reconocimiento de la partería, en la atención integral materna y neonatal, donde el IMSS Bienestar firmó la adhesión del Centro para los Adolescentes (CASA) en el Municipio de San Miguel de Allende, para convertirlo en el Centro de Excelencia en Partería y Bienestar.
En plenaria, la asamblea acordó darle seguimiento puntual a los pendientes y profundizar el Plan de Justicia, por ello, se estableció la revisión y análisis de las reglas de operación de los programas federales, para que estas sean adecuadas al nuevo contexto jurídico de la reforma al Artículo 2 constitucional.
También se acordó que las autoridades indígenas y el equipo técnico del INPI comenzarán recorridos en territorio el 26 de enero con el objetivo de revisar técnicamente el estado actual de los caminos, identificando las necesidades particulares de cada obra caminera. Lo anterior, en seguimiento de la petición de 50 caminos artesanales.
