Tiene Tuxpan la tarifa más cara de divorcio
A propósito de las bodas colectivas celebradas por el 14 de febrero en distintos ayuntamientos del estado, abogados tuxpeños han puesto sobre la mesa un tema poco conocido pero preocupante: el alto costo que se cobra en Tuxpan por la inscripción de actas de divorcio, el cual supera los cuatro mil pesos y podría considerarse indebido.
De acuerdo con especialistas en derecho familiar, el problema radica en la forma en que el Registro Civil municipal aplica el cobro de derechos cuando se trata de divorcios derivados de una sentencia judicial, es decir, aquellos casos donde existen hijos, bienes o desacuerdos entre las partes.
Los abogados explican que existen tres tipos de divorcio: el administrativo cuando no hay hijos ni bienes y se tramita directamente en el Registro Civil, el divorcio por convenio y el divorcio incausado, estos últimos resueltos ante un juez.
En los dos últimos casos, una vez que el juzgado dicta la sentencia que disuelve el vínculo matrimonial, esta debe inscribirse en el Registro Civil para la expedición del acta correspondiente.
Sin embargo, señalan que la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Tuxpan establece que la inscripción de una sentencia de divorcio debe costar 15 UMAS. No obstante, en la práctica se estaría cobrando el equivalente a 32 UMAS, monto que corresponde al divorcio administrativo, es decir, cuando el propio Registro Civil realiza la disolución matrimonial.
“En estos casos el Registro Civil no está divorciando a las personas, solo inscribe una sentencia ya emitida por un juez, por lo que el cobro correcto debería ser de 15 UMAS”, explicaron los juristas.
Incluso, puntualizan que legalmente el divorcio surte efectos desde la fecha en que se dicta la sentencia judicial, no desde la expedición del acta en el Registro Civil, lo que refuerza el argumento de que el cobro aplicado sería incorrecto.
Abogados locales aseguran que ya existen antecedentes de amparos promovidos por ciudadanos contra este cobro, en los que la autoridad federal ha ordenado la devolución del excedente pagado.
Sin embargo, advierten que iniciar un nuevo procedimiento legal implica tiempo y gastos, por lo que la mayoría de las personas opta por pagar el monto completo.
Ante esta situación, consideran que el tema debería revisarse con la nueva administración municipal, a fin de ajustar los cobros a lo establecido en la ley y evitar afectaciones económicas a la ciudadanía.
