Ex funcionario del IPN y del Issste promueve amparo contra vinculación a proceso
Javier Tapia Santoyo, quien fue inhabilitado del cargo de secretario de Administración y Finanzas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), promovió un amparo contra la vinculación a proceso que una juez le dictó la semana pasada por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, además de ejercicio abusivo de funciones cuando era tesorero de un hospital del Issste.
La Fiscalía General de la República lo acusó por otorgar tres contratos por 11 millones de pesos a una empresa facturera cuando era tesorero del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre.
El ex servidor público presentó el recurso ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, donde reclamó la resolución de la juez de control del Reclusorio Oriente, Patricia Sánchez Nava, quien lo vinculó a proceso y le impuso como medida cautelar la prohibición de salir del país y entregar su pasaporte y visa; además, tendrá que acudir a firmar cada mes.
Sin embargo, el juez de amparo Rubén Darío Noguera Gregoire antes de aceptar la demanda de garantías, le dio a Tapia Santoyo un plazo de cinco días para que bajo protesta de decir verdad, narre de manera clara y concisa los hechos por los cuales solicita el amparo.
El juzgador advirtió que de no cumplir con lo anterior en los términos que se le indican y dentro del plazo que para ello se le concede, se tendrá por no presentada la demanda de amparo.
Tapia Santoyo fue suspendido temporalmente de su cargo en el Politécnico por instrucciones de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno desde finales de noviembre del año pasado.
Los otros acusados son Roberto Alberto Rodríguez Briseño y María Dolores Arellano Semas, ex subdirectores médico y de finanzas del mismo hospital, respectivamente, quienes también ya fueron vinculados a proceso y se les impusieron las mismas medidas cautelares.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público Federal, los acusados adjudicaron dichos contratos a Interacción Biomédica, empresa que en 2017 fue incluida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la lista de empresas “fachada”.
