Abren centro laboral para jornaleros agrícolas de San Quintín a 11 años del levantamiento

A poco más de dos meses de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó el Plan de Justicia para San Quintín -fecha que coincide con el onceavo aniversario del levantamiento de trabajadores del campo contra la explotación laboral-, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, inauguró el Centro de Atención Integral para Trabajadores Agrícolas, el primer punto contemplado en el compromiso presidencial.

En seguimiento a la promesa presidencial, los programas de la mandataria nacional que aseguró aquel 31 de enero que «estamos aquí para cumplir», en un plazo de seis meses, Montiel Reyes ratificó los puntos a cumplir por la administración federal, en coordinación con los otros niveles de gobierno.

Al respecto, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda calificó el Centro como una acción de justicia para quienes alimentan al país; afirmó que a 11 años del levantamiento de los jornaleros de San Quintín se ha avanzado en la atención a rezagos, pero admitió que todavía falta para resolverlo de fondo.

“Que ahora sí beneficien y no sean palabras al aire”

Convocados en el Gimnasio Nueva Era de la colonia del mismo nombre, donde funcionará provisionalmente el centro integrador -en tanto se construyen las oficinas federales en un predio denominado Las Escobas-, habitantes se mostraron expectantes de que, «ahora sí», se resuelvan de fondo los rezagos históricos que viven, tanto en su situación laboral como en el acceso a servicios y seguridad social.

José Luis Hernández Cruz, jornalero residente de la colonia Las Aves, demandó que los programas se apliquen en todas las colonias y no se queden como “palabras en el aire”. En su caso el acceso a vivienda es inalcanzable porque si les han aumentado los salarios, el costo de la vida también ha subido: deben comprar agua porque no tienen servicio y buscar alternativas para energía eléctrica.

Aseguró que en su comunidad no se les censó para detectar las necesidades de su comunidad, es decir que no es parte del levantamiento de censo que realizó la Secretaría de Bienestar para determinar los puntos del Plan de Justicia.

Por su cuenta, Elizabeth Rojas, presidenta de la colonia Las Aves, pidió apoyo para pagar por la introducción de agua potable. Luego de que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda anunció la cobertura del servicio como un plan paralelo de la Federación, personal de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe), anunció que deben pagar 9 mil pesos para hacerles llegar el líquido a sus hogares.

Ahí, la funcionaria federal recordó que la mandataria se comprometió a construir el Centro de Atención Integral para Trabajadores Agrícolas de San Quintín, donde se gestionarán desde trámites básicos como la gestión de acta de nacimiento, hasta la expedición de «certificados laborales» para empresas agroexportadoras que cumplan con la cobertura de derechos laborales de su personal.

Anunció que el próximo lunes iniciarán con el registro de personas para atender peticiones puntuales.

Pero, los testimonios directos dicen lo contrario: todavía son comunes las prácticas violatorias de los derechos laborales, como el esquema «saliendo y pagando», que se aplica para evadir obligaciones patronales y que da como resultado que nueve de cada 10 personas que trabajan en el campo carezcan de seguridad social, pues sus contratos son temporales, igual que la inscripción en el Seguro Social, por lo que los trabajadores se ven obligados a aceptar este formato.

Rosa, originaria de Oaxaca, quien tiene 57 años y desde niña ha sido jornalera, señaló que las décadas de trabajo pesado no le fueron suficientes ni para reunir las 500 semanas de cotización en el Seguro Social porque los patrones la daban de alta y le quitaban el servicio sin avisarle.

“A mi edad a qué puedo aspirar para retirarme”, mencionó y admitió que su trabajo en BerryMex le ha ayudado, pero tampoco es suficiente porque tiene contratos temporales que apenas complementan siete meses al año.

Pidió la intervención de autoridades para complementar las semanas que requiere para cotizar, y si no es posible que “por lo menos vean por las nuevas generaciones”.

Al respecto, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, confió en que el certificado laboral para agroexportadores eliminará esta práctica, pero no pudo asegurarlo.

Dijo que la intención es cambiar estructuralmente los esquemas, y afirmó que la seguridad social no es una dádiva, es un derecho; aseguró que esta práctica de escatimar el registro “tiene que desaparecer”.