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Denuncian falta de pago en “Jóvenes Construyendo el Futuro”

Los programas sociales no sólo se evalúan por el monto que entregan, sino por la confianza que generan. Cuando un beneficiario depende de un recurso para cubrir transporte, alimentación o necesidades básicas, un retraso de semanas o meses deja de ser un problema administrativo y se convierte en una afectación directa a su economía.

Eso ocurre con algunos participantes de Jóvenes Construyendo el Futuro en Xalapa, quienes reportan atrasos de hasta tres meses en el depósito de sus apoyos. La inconformidad ha crecido al grado de plantear protestas y cierres carreteros para llamar la atención de las autoridades. Aunque no todos los beneficiarios enfrentan la misma situación, el malestar de quienes siguen cumpliendo con sus actividades sin recibir el pago es comprensible.

El programa fue concebido para brindar capacitación laboral y un ingreso que permitiera a miles de jóvenes adquirir experiencia mientras desarrollan habilidades para incorporarse al mercado de trabajo. Su éxito depende tanto de la calidad de la capacitación como de la puntualidad en los pagos. Si uno de esos elementos falla, el objetivo del programa comienza a debilitarse.

La falta de información uniforme tampoco ayuda. Mientras algunos beneficiarios aseguran haber recibido fechas específicas para regularizar los depósitos, otros afirman haber obtenido respuestas distintas. Esa diferencia de versiones alimenta la incertidumbre y abre espacio a la desconfianza.

Cazarín tiene la responsabilidad de explicar con claridad el origen de los retrasos, informar cuántos beneficiarios resultaron afectados y establecer un calendario que realmente se cumpla. La comunicación oportuna evita rumores y reduce la tensión entre quienes esperan una respuesta.

Los programas públicos requieren recursos, supervisión y una operación eficiente. Quienes participan en ellos también cumplen compromisos: asisten a sus centros de trabajo, respetan horarios y desarrollan las actividades asignadas. Esa responsabilidad debe corresponderse con una administración que cumpla en tiempo y forma.

La política social alcanza mejores resultados cuando ofrece certeza. Los retrasos pueden tener explicación, pero no deben convertirse en una constante ni en un motivo para que los beneficiarios consideren las protestas como el único camino para ser escuchados.

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