Congreso de Chiapas endurece medidas contra deudores alimentarios
El Congreso de Chiapas aprobó reformas al Código Civil para fortalecer el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y garantizar una mayor protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La iniciativa fue presentada en días pasados por el presidente del poder judicial, Juan Carlos Moreno Guillén, quien dijo que la reforma representa un cambio de fondo en la forma en que el Estado protege a las infancias, al establecer mecanismos más eficaces para asegurar que quienes tienen la obligación legal de proporcionar alimentos la cumplan de manera efectiva.
A través de un comunicado difundido después de que la legislatura local aprobó la propuesta, señaló que el incumplimiento de una pensión alimenticia no constituye únicamente un conflicto entre personas adultas, sino una afectación directa al desarrollo, la salud, la educación y al proyecto de vida de niñas, niños y adolescentes, por lo que el Estado tiene el deber de adoptar medidas que garanticen el respeto a sus derechos.
Agregó: “Una sociedad que protege a sus niñas y niños es una sociedad que construye justicia desde sus bases. Estas reformas envían un mensaje claro: El interés superior de la niñez debe prevalecer sobre cualquier otra consideración y el servicio público exige congruencia entre la responsabilidad familiar y la responsabilidad con la sociedad”.
Nuevos requisitos y medidas
Como parte de las reformas aprobadas, la Constancia de No Inscripción en el Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas será un requisito para acceder a diversos cargos públicos y de elección popular, así como para realizar distintos trámites administrativos, fortaleciendo el principio de que quienes aspiran a servir a la sociedad deben demostrar responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes familiares.
También incorpora herramientas jurídicas que permitirán localizar bienes inmuebles de las personas deudoras e inscribir anotaciones con efectos de embargo precautorio, reforzando las garantías para que las personas acreedoras alimentarias reciban oportunamente el sustento que por derecho les corresponde.
El poder judicial manifestó que con estas reformas, Chiapas fortalece su marco jurídico para hacer más efectivo el derecho de alimentos y consolida una política pública orientada a proteger a las infancias, promover la corresponsabilidad parental y garantizar que el ejercicio de la función pública se sustente en principios de legalidad, responsabilidad y compromiso social.
