Xalapa, Ver.- La revisión de la Cuenta Pública 2025 en Veracruz arrojó un presunto daño patrimonial por 2 mil 749 millones 658 mil 658 pesos, de acuerdo con el informe del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.
Los municipios son los que acumulan la mayor parte del monto. De los 211 ayuntamientos auditados, 181 registraron observaciones por 2 mil 703 millones 301 mil 531 pesos. Los 30 restantes solo presentaron fallas administrativas sin afectación económica cuantificada.
En el ámbito estatal, el ORFIS revisó 81 entes. Solo 17 resultaron con presunto daño por 4 millones 200 mil 401 pesos. Otros 63 tuvieron observaciones de carácter administrativo y en un caso no se encontró irregularidad alguna.
En cuanto a los organismos paramunicipales, de 19 entidades auditadas, 14 presentaron presunto daño por 42 millones 156 mil 725 pesos. Entre los señalados están las comisiones de agua de Banderilla, Coatepec, Coatzacoalcos, Coscomatepec, Emiliano Zapata, Fortín, La Antigua, Lerdo de Tejada, Naolinco y San Andrés Tuxtla, además de Hidrosistema de Córdoba, el Instituto Metropolitano del Agua, el organismo SIGIRES y el Instituto Municipal de las Mujeres de Perote.
El informe detalla que mil 817 millones 519 mil 381 pesos del monto observado corresponden a obra pública en municipios y paramunicipales. De esa cifra, mil 002 millones 446 mil 209 pesos, que representan el 55.15 por ciento, derivan de obras ejecutadas sin permisos, validaciones o documentación básica como acreditación de la propiedad, factibilidades de CFE, dictámenes de impacto ambiental y autorizaciones de la Comisión de Agua del Estado y de la SIOP.
Durante el periodo de solventación, los entes fiscalizables reintegraron 47 millones 441 mil 351 pesos. De ese total, 70 municipios devolvieron 22 millones 872 mil pesos, cuatro organismos paramunicipales reintegraron 24 millones 101 mil pesos y once entes estatales regresaron 467 mil 499 pesos.
El ORFIS aclaró que los resultados corresponden únicamente a las muestras revisadas y que los casos con presunto daño patrimonial deberán pasar a la fase de investigación para determinar responsabilidades administrativas.