PRIMICIAS
Por Vicente Martínez
Después de tantos años, uno esperaría que el caso del doctor Javier Duarte de Ochoa encontrara finalmente un desenlace. Sin embargo, el nombre del exgobernador de Veracruz vuelve a ocupar los espacios informativos por un proceso penal que sigue prolongándose y que ahora podría llevarlo a juicio hasta 2027. La pregunta es inevitable: ¿cuánto tiempo más tendrá que pasar para que este capítulo de la historia política veracruzana llegue a una resolución judicial?
La noticia es que una jueza autorizó ampliar la investigación complementaria en la causa penal que Duarte enfrenta por el presunto desvío de cinco millones de pesos de recursos federales. La prórroga fue concedida durante una audiencia celebrada el 24 de septiembre de 2026 y vencerá el próximo 24 de diciembre. Con ello, el inicio del juicio oral podría aplazarse hasta mediados de 2027, aunque todavía no existe una fecha definitiva.
Duarte permanece en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, bajo prisión preventiva justificada por este procedimiento. Su defensa sostiene que no se apropió de los recursos públicos y ha promovido distintos recursos legales para controvertir las resoluciones judiciales. Como corresponde a todo proceso penal, la presunción de inocencia debe mantenerse hasta que exista una sentencia que determine su responsabilidad por estos hechos.
Pero el debate público va más allá de una ampliación de plazos. Para Veracruz, Javier Duarte representa una etapa política que dejó una profunda marca en la memoria colectiva. Su administración, de 2010 a 2016, quedó asociada a una serie de investigaciones por presuntos actos de corrupción y al deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones. Por eso, cada nuevo aplazamiento de una causa penal relacionada con su gestión vuelve a poner sobre la mesa la exigencia de justicia.
El exmandatario fue detenido en Guatemala en 2017 y posteriormente extraditado a México. En otro procedimiento recibió una sentencia por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ahora, en la causa por presunto peculado, el calendario judicial vuelve a extenderse y abre la posibilidad de que la etapa decisiva llegue hasta el próximo año.
La reiteración de fechas, audiencias, ampliaciones y recursos legales termina por alimentar una percepción de desgaste. La ciudadanía observa cómo los expedientes avanzan a un ritmo que parece interminable, mientras la expectativa de conocer una resolución definitiva vuelve a posponerse. La justicia requiere investigaciones sólidas, respeto al debido proceso y resoluciones sustentadas en pruebas; precisamente por eso, los procedimientos deben ofrecer claridad sobre sus avances y sus plazos.
También existe una cuestión que no debe perderse de vista: la prisión preventiva puede revisarse por determinación judicial. La defensa tiene la posibilidad de solicitar una modificación de la medida cautelar y plantear alternativas para garantizar la comparecencia del acusado. Corresponde al juez valorar los antecedentes y resolver conforme a derecho. La eventual celebración del juicio en 2027 no implica, por sí misma, que Duarte deba permanecer encarcelado hasta entonces.
Lo que sí resulta difícil de ignorar es el tiempo transcurrido desde que terminó su gobierno y desde que fue detenido. Casi una década después de su captura, la sociedad veracruzana sigue pendiente de procedimientos que no han concluido. La exigencia de una resolución no significa anticipar culpabilidades ni desconocer las garantías de un acusado; significa esperar que las instituciones puedan llevar sus investigaciones hasta una conclusión clara, fundada y oportuna.
Veracruz necesita cerrar judicialmente los capítulos que marcaron su vida pública. El caso de Javier Duarte no puede quedar atrapado en una sucesión interminable de fechas que se recorren y expectativas que se aplazan. Si existen elementos para acreditar responsabilidades, deberán presentarse ante los tribunales y resolverse conforme a derecho. Si no los hay, también debe existir una determinación que lo establezca.
Después de tantos años, lo que la sociedad espera es que el camino judicial de Javier Duarte de Ochoa llegue finalmente a una resolución. No otra fecha que vuelva a mover el horizonte, sino una decisión judicial que permita conocer el resultado de este procedimiento. La justicia tiene sus tiempos, pero esos tiempos también deben poder explicarse ante una ciudadanía que lleva años esperando respuestas.