La protesta por agua limpia terminó con detenciones y denuncias de tortura. Pablo Lemus reconoció excesos en el operativo y anunció investigaciones contra los policías involucrados.
La actuación de la policía de Jalisco quedó bajo cuestionamiento después de la manifestación del pasado domingo 11 de octubre en Guadalajara, donde ciudadanos que exigían una solución al problema del agua contaminada denunciaron agresiones durante su detención.
Ante las acusaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) una investigación exhaustiva que permita reconstruir lo sucedido, escuchar a las víctimas y establecer quién ordenó el operativo y si hubo responsabilidades de los mandos policiales.
Durante su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria cuestionó que en México todavía se denuncien actos de tortura cometidos por elementos de seguridad. Señaló que el uso de gases lacrimógenos y chorros de agua a presión, así como los señalamientos de maltrato contra jóvenes detenidos, deben investigarse y no quedar sin consecuencias.
Sheinbaum también informó que pidió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, un informe detallado sobre los acontecimientos. Además, planteó que la Fiscalía General de la República (FGR) intervenga si corresponde, a fin de esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades penales.
La CNDH atrae la investigación
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos anunció que ejercerá su facultad de atracción para investigar las presuntas violaciones ocurridas durante la movilización.
El organismo informó que buscará esclarecer las actuaciones de los policías estatales y coordinará acciones con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. También pidió a las autoridades locales investigar las detenciones y las agresiones denunciadas, además de adoptar medidas para evitar el uso arbitrario o desproporcionado de la fuerza.
La intervención nacional busca dar seguimiento a los señalamientos de represión, malos tratos y posibles detenciones arbitrarias. Las denuncias deberán documentarse para establecer qué ocurrió en cada caso y determinar las responsabilidades correspondientes.
Lemus reconoce fallas en el operativo
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, admitió que durante la intervención policial hubo uso excesivo de la fuerza y detenciones injustificadas. Tras revisar las imágenes de lo ocurrido, reconoció errores en el despliegue de seguridad y anunció una investigación interna con acompañamiento de la comisión estatal de derechos humanos.
El mandatario aseguró que se buscará sancionar a los elementos que hayan incurrido en abusos. Aunque inicialmente se informó que las 39 personas detenidas durante la movilización habían recuperado su libertad, reportes posteriores señalaron que algunos casos continuaban sujetos a decisiones judiciales.
La protesta se originó por las exigencias ciudadanas de acceso a agua potable de calidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara. La inconformidad escaló frente a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador, donde ocurrió el despliegue policial que ahora es objeto de revisión.
Las investigaciones deberán establecer responsabilidades
El caso ha abierto un nuevo frente de cuestionamientos sobre los límites del uso de la fuerza pública y la protección del derecho a manifestarse.
La petición presidencial y la intervención de la CNDH colocan en el centro de la investigación no solo las acciones de los policías que participaron directamente, sino también las decisiones de mando que pudieron determinar la forma en que se respondió a los manifestantes.
Por ahora, las denuncias de tortura y otros abusos deberán ser esclarecidas mediante las investigaciones correspondientes. El objetivo será establecer los hechos, identificar a los responsables si los hubo y determinar las sanciones aplicables, sin que las acusaciones sustituyan el resultado de las indagatorias.
La exigencia de fondo es que una protesta ciudadana no derive en violaciones a los derechos humanos y que cualquier abuso cometido por servidores públicos sea investigado con independencia y transparencia.