César Jáuregui enfrenta una segunda causa penal, ahora por presunta traición a la patria. La nueva detención ocurrió después de que un juez le permitiera continuar en libertad su proceso por delitos del fuero estatal.
CHIHUAHUA, Chih.— La libertad que obtuvo César Jáuregui Moreno en un proceso judicial estatal duró poco. Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron una segunda orden de aprehensión contra el exfiscal de Chihuahua y lo pusieron bajo custodia federal para trasladarlo al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
La nueva orden corresponde a una investigación federal por presunta traición a la patria, relacionada con la participación de agentes estadounidenses en un operativo contra un laboratorio clandestino de drogas en la Sierra Tarahumara.
La detención se concretó el domingo 18 de octubre, minutos después de que concluyera la audiencia en la que un juez de Chihuahua determinó que Jáuregui podía enfrentar en libertad el procedimiento estatal. La Fiscalía General del Estado confirmó posteriormente que el exfuncionario quedó bajo custodia de las autoridades federales.
DOS INVESTIGACIONES, DOS ÓRDENES DE APREHENSIÓN
El exfiscal enfrenta procedimientos distintos por los hechos vinculados con el operativo en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua.
La primera orden fue ejecutada por autoridades estatales por presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Durante la audiencia, el juez descartó imponerle prisión preventiva y estableció medidas cautelares para que continuara el proceso fuera de prisión.
Entre las restricciones reportadas se encuentran la prohibición de salir del país, la entrega de documentos migratorios, la presentación periódica ante la autoridad y la prohibición de comunicarse con testigos.
Sin embargo, la resolución estatal no impedía que la FGR ejecutara una orden independiente por hechos investigados en el ámbito federal. Así ocurrió al término de la audiencia, cuando agentes ministeriales notificaron la nueva disposición judicial y asumieron su custodia.
EL OPERATIVO QUE DESATÓ EL ESCÁNDALO
La investigación se centra en una intervención antidrogas realizada en abril pasado, en la que presuntamente participaron dos agentes estadounidenses identificados como integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
El caso adquirió relevancia nacional después de que un accidente automovilístico ocurrido el 19 de abril, cuando los participantes regresaban de la operación, provocara la muerte de cuatro personas: los dos agentes estadounidenses y dos integrantes de la Fiscalía de Chihuahua.
La FGR sostiene que la participación de personal extranjero en actividades operativas dentro de México habría ocurrido sin las autorizaciones legales correspondientes. También investiga la forma en que se coordinó la intervención, el conocimiento que tenían las autoridades involucradas y la información que se proporcionó a las instancias federales.
La fiscalía federal considera que los hechos podrían constituir traición a la patria, al estimar que se permitió a personas extranjeras intervenir en acciones reservadas a las autoridades mexicanas. Estas afirmaciones forman parte de la acusación y deberán ser examinadas ante los tribunales.
EL ALTIPLANO, SIGUIENTE ESCENARIO JUDICIAL
Con la segunda orden, Jáuregui quedó a disposición de la justicia federal y se prevé que comparezca ante una jueza para conocer formalmente los cargos y el desarrollo de la causa penal.
Su defensa señaló que este procedimiento es independiente del proceso estatal, cuya audiencia continuará conforme al calendario fijado por el juez de Chihuahua. La existencia de ambas investigaciones significa que las decisiones judiciales de un expediente no cancelan automáticamente las medidas adoptadas en el otro.
El caso también ha generado repercusiones políticas, debido a las interrogantes sobre la colaboración entre autoridades mexicanas y personal estadounidense en operaciones contra el narcotráfico, así como sobre los límites legales de esa cooperación.
Por ahora, la situación jurídica del exfiscal dependerá de las resoluciones que adopten los jueces en ambos procedimientos. Las acusaciones no constituyen una sentencia condenatoria y su responsabilidad penal deberá acreditarse mediante el proceso correspondiente.