La FGR argumentó que divulgar información del expediente podría comprometer la seguridad nacional y generar conflictos con otros países. La defensa cuestionó las condiciones para preparar el caso.
Estado de México, 20 de octubre de 2026.— El proceso penal federal contra César Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua, se desarrollará bajo reserva, luego de que un juez autorizara que la audiencia inicial se lleve a cabo a puerta cerrada, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR).
La institución federal sostuvo que durante la diligencia se expondrán datos relacionados con otros países, cuya difusión podría tener consecuencias en materia de seguridad nacional y relaciones internacionales. El juez de control Ricardo Alfonso Santos Dorantes consideró fundada la solicitud ministerial.
La decisión se tomó en el Centro de Justicia Penal Federal ubicado en las inmediaciones del penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, donde el exfuncionario permanece detenido.
Jáuregui pidió una audiencia pública
Durante la comparecencia, el exfiscal manifestó su desacuerdo con la posibilidad de que el procedimiento se desarrollara sin acceso público. Argumentó que se trata de un asunto de relevancia nacional y que la ciudadanía debería conocer los elementos presentados por las autoridades.
La defensa también planteó dificultades para preparar el caso, al señalar que no había tenido acceso oportuno a la totalidad de la carpeta de investigación. Ante esta situación, solicitó tiempo adicional para revisar los documentos y los materiales probatorios.
El juez concedió un receso de aproximadamente 12 horas y programó la reanudación de la audiencia para las 21:00 horas de este martes. Entre los materiales que debían ponerse a disposición de los abogados se encuentran cuatro tomos de la investigación, 53 anexos y diversos videos.
Una investigación vinculada con agentes de Estados Unidos
La acusación federal contra Jáuregui está relacionada con un operativo realizado en abril pasado en la comunidad de El Pinal, en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, para intervenir un presunto laboratorio de drogas.
De acuerdo con las investigaciones, en esas acciones participaron agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, sin que presuntamente se notificara de manera adecuada a las autoridades federales mexicanas ni a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El caso adquirió mayor relevancia después de que dos agentes estadounidenses y dos funcionarios mexicanos murieran en un accidente vehicular cuando regresaban del operativo.
La FGR investiga la posible responsabilidad del exfiscal por el delito de traición a la patria, mientras que en Chihuahua enfrenta una causa penal por presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición.
Dos procesos y una controversia política
La situación jurídica de Jáuregui se complicó luego de que, tras enfrentar una audiencia en Chihuahua, fuera detenido nuevamente por autoridades federales y trasladado al Altiplano.
Su defensa ha cuestionado la coexistencia de procedimientos penales en los ámbitos estatal y federal, al considerar que atender ambos expedientes representa una dificultad para organizar adecuadamente la estrategia jurídica.
El caso también ha provocado tensiones políticas en Chihuahua y un debate sobre los límites de la colaboración con agencias extranjeras en operaciones de seguridad dentro del territorio mexicano.
Por ahora, la investigación federal deberá avanzar conforme al procedimiento judicial. La acusación de la FGR no constituye por sí misma una sentencia, por lo que la responsabilidad penal del exfiscal tendrá que determinarse mediante el proceso correspondiente.