Su defensa no se limitó a negar los señalamientos. También lanzó una acusación contra el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, al asegurar que agentes de esa institución habrían ofrecido protección e inmunidad al excontralmirante Fernando Farías Laguna y a sus familiares a cambio de involucrarlo, junto con su padre, en el escándalo del huachicol fiscal.
Reconoce que conoce a Amílcar Olán, pero niega negocios
Uno de los puntos centrales de su pronunciamiento fue su relación con Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario tabasqueño cuyo nombre ha aparecido en investigaciones periodísticas relacionadas con contratos públicos y presuntos negocios con personas cercanas a los hijos del expresidente.
López Beltrán reconoció que conoce a Olán desde hace algunos años, cuando este se dedicaba a la comercialización de materiales de construcción, pisos y piedras naturales en Villahermosa.
Sin embargo, aseguró que esa relación no implica sociedades comerciales, complicidad ni participación en operaciones de tráfico de influencias.
También sostuvo que nunca intervino ante dependencias gubernamentales para conseguir contratos o beneficios para empresarios y recordó que desde julio de 2024 había rechazado públicamente las versiones sobre supuestas recomendaciones para favorecer a determinadas compañías.
«Nunca supimos de eso», sostuvo al referirse a las presuntas actividades ilícitas que se le atribuyen.
El morenista insistió en que no existen pruebas que acrediten su participación en el contrabando de combustibles y negó haber mantenido comunicación con funcionarios de la Secretaría de Marina para intervenir en esas operaciones.
Acusa al FBI de ofrecer inmunidad a Fernando Farías Laguna
La parte más delicada de su mensaje fue la acusación dirigida a las autoridades estadounidenses.
Andy aseguró que agentes del FBI habrían viajado hasta Argentina para ofrecer protección e inmunidad a Fernando Farías Laguna, quien fue detenido en ese país el 23 de abril de 2026 y posteriormente trasladado a México para enfrentar el proceso penal relacionado con el huachicol fiscal.
Según la versión del hijo del expresidente, el ofrecimiento habría tenido como condición que Farías proporcionara información para involucrarlo tanto a él como a López Obrador en las actividades ilícitas.
La FGR ha descartado, hasta ahora, investigarlo
La controversia tiene otro elemento importante: la postura de la Fiscalía General de la República.
Desde el 17 de agosto, la institución había rechazado que existiera una investigación contra López Beltrán por huachicol fiscal, al asegurar que no contaba con datos de prueba suficientes para abrir una indagatoria.
La posición volvió a ser tema de discusión a finales de octubre, luego de que se difundieran las declaraciones de Farías Laguna. La Fiscalía sostuvo que los señalamientos conocidos no aportaban elementos suficientes para investigar a Andy y Adán Augusto.
Mientras tanto, las investigaciones sobre la presunta estructura de contrabando de hidrocarburos continúan. De acuerdo con información difundida sobre el expediente, 17 personas habían sido detenidas y llevadas a proceso penal por su presunta participación en la red relacionada con el buque Challenge Procyon, que transportaba aproximadamente 10 millones de litros de combustible.
Por otra parte, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, había señalado el 6 de octubre que la UIF no tenía investigaciones abiertas contra el llamado entorno empresarial de Andy López Beltrán.
Andy acusa una campaña para golpear a su familia
En su pronunciamiento, López Beltrán también responsabilizó a empresarios y comunicadores de impulsar una campaña para desacreditarlo y afectar políticamente a su padre.
Entre los personajes que mencionó están el empresario Ricardo Salinas Pliego y los periodistas Carlos Loret de Mola y Ramón Alberto Garza, a quienes señaló de participar en la difusión de versiones que, desde su perspectiva, buscan dañar la imagen de la familia López Obrador.
El morenista sostuvo que no existen pruebas que acrediten las acusaciones y aseguró que no dará marcha atrás frente a lo que considera una ofensiva política y mediática.
Su mensaje llega en un momento en que el caso del huachicol fiscal sigue avanzando judicialmente y las investigaciones sobre la presunta red de contrabando de combustibles mantienen bajo escrutinio a empresarios, exfuncionarios y antiguos integrantes de la Secretaría de Marina.