REPORTAJE
Redacción Políticos al Desnudo
La discusión sobre la sobrerrepresentación legislativa vuelve a colocarse en la agenda electoral. La Alianza Democrática para la Observación Electoral prepara una propuesta dirigida al Instituto Nacional Electoral (INE) para cerrar los espacios legales que permitieron a Morena y sus aliados alcanzar una mayoría de curules muy superior a su porcentaje de votación en las elecciones de 2024. El planteamiento busca que las reglas de asignación de diputaciones de representación proporcional respondan a los principios constitucionales y eviten distorsiones en la integración de la Cámara de Diputados.
La organización propone dos alternativas. La primera consiste en que las coaliciones sean consideradas como una sola fuerza política desde el momento de su registro, tal como ocurrió en los procesos electorales de 2000 y 2003. La segunda plantea recuperar la aplicación de la Tesis Jurisdiccional XL/2015, que establece la observancia preferente y obligatoria de los límites constitucionales de sobre y subrepresentación en la integración de los congresos.
Ricardo Becerra, especialista electoral que participó en la elaboración de la propuesta, sostiene que el INE tiene la responsabilidad de corregir las ambigüedades de la legislación. A su juicio, la interpretación aplicada por el Tribunal Electoral en 2024 terminó por profundizar el problema que la representación proporcional busca contener. Este mecanismo nació para equilibrar la integración de los órganos legislativos y garantizar espacios a las distintas expresiones políticas, por lo que su aplicación debe conservar ese propósito.
Los resultados de la elección federal de 2024 mantienen vigente el cuestionamiento. Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo obtuvieron juntos el triunfo en 256 distritos electorales, mediante una estrategia de coalición. Sin embargo, al momento de distribuir las diputaciones plurinominales, solicitaron que cada partido fuera considerado de manera independiente. La coalición terminó con 73 por ciento de los escaños frente a una votación efectiva conjunta de 54.7 por ciento. La oposición, pese a conseguir cerca de 40 por ciento de los triunfos distritales, recibió menos de 30 por ciento de las diputaciones de representación proporcional.
Becerra considera que esta diferencia evidencia una distorsión en las reglas de asignación. Los partidos realizan campañas conjuntas, comparten candidaturas y presentan plataformas electorales comunes, pero al distribuir las curules plurinominales reclaman un tratamiento individual. Para el especialista, esa fórmula debe revisarse antes de que vuelva a repetirse en el siguiente proceso electoral.
El calendario coloca al INE ante una decisión relevante. Durante la primera semana de diciembre comenzará el registro de alianzas y coaliciones a nivel distrital, por lo que el organismo tendrá que establecer criterios que permitan verificar la afiliación efectiva de quienes compitan por el principio de mayoría relativa. Esta revisión también busca impedir que los partidos utilicen candidaturas prestadas para modificar artificialmente su representación legislativa.
La afiliación efectiva constituye otro de los puntos centrales de la propuesta. El problema aparece cuando un partido registra a un candidato bajo sus siglas para obtener beneficios en la distribución de diputaciones plurinominales, pero una vez instalado en el Congreso termina incorporándose a otra fuerza política. Becerra advierte que esta práctica puede beneficiar a los partidos aliados, incluso cuando su desempeño electoral no corresponde con la representación que finalmente consiguen.
La discusión tiene antecedentes concretos en la integración de la Cámara de Diputados, donde legisladores registrados por el Partido Verde y el PT han terminado incorporándose a Morena. Este movimiento entre bancadas alimenta las dudas sobre la verdadera afiliación de los candidatos y sobre la manera en que se contabilizan los espacios legislativos de cada partido.
Las dos alternativas de la Alianza Democrática para la Observación Electoral ya fueron presentadas al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y a los consejeros electorales Arturo Castillo y Martín Faz. También fueron entregadas a las representaciones de Movimiento Ciudadano y PAZ ante el INE.
El próximo registro de coaliciones distritales abrirá una nueva oportunidad para discutir los criterios que definirán la representación política en el país. El Consejo General del INE tendrá que valorar si mantiene la interpretación aplicada en 2024 o establece reglas que impidan que una alianza electoral obtenga ventajas adicionales mediante la separación formal de sus integrantes al momento de repartir las diputaciones plurinominales.
La integración del Congreso debe guardar correspondencia con la voluntad expresada en las urnas. La representación proporcional tiene una función constitucional que exige reglas claras, verificables y aplicadas de manera equitativa. Evitar que las coaliciones multipliquen su peso legislativo mediante fórmulas de registro y asignación será una de las pruebas más importantes para la autoridad electoral.

