La comparecencia del secretario de Finanzas de Veracruz, Miguel Santiago Reyes Hernández, ante el Congreso local estuvo marcada por cuestionamientos sobre el costo del cambio de placas, el destino de los recursos públicos, refinanciamientos bancarios y denuncias por 280 millones de pesos relacionados con la UPAV.
Xalapa, Ver.— Lo que debía ser un ejercicio de rendición de cuentas sobre las finanzas de Veracruz terminó convertido en un intercambio de acusaciones y exigencias de información entre diputados y el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Miguel Santiago Reyes Hernández.
Durante su comparecencia, realizada el miércoles 18 de noviembre como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de Rocío Nahle García, legisladores de distintas bancadas pusieron sobre la mesa temas que generan controversia en la administración estatal: el reemplacamiento vehicular, el manejo de la deuda, las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el gasto en nómina y la situación financiera de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV).
Uno de los asuntos que concentró mayores críticas fue el programa de sustitución de placas. La diputada panista Indira de Jesús Rosales San Román cuestionó que el Gobierno estatal sostenga que no existen nuevos impuestos, mientras mantiene un esquema de cobro que representa un gasto adicional para miles de propietarios de vehículos.
La legisladora también pidió aclarar cuánto dinero se ha recaudado y cuál será su destino. De acuerdo con las cifras que presentó, el programa generó mil 702 millones de pesos durante 2026 y se contempla obtener otros mil 400 millones en 2027.
A las críticas se sumaron María Elena Córdova Molina, de Movimiento Ciudadano, y Montserrat Ortega Ruiz, del PAN, quienes cuestionaron que los ciudadanos tengan que asumir nuevos pagos mientras persisten problemas de infraestructura carretera y dudas sobre los criterios utilizados para determinar qué vehículos deben cambiar sus matrículas.

Reemplacamiento: cuánto costará en 2027
En respuesta, Reyes Hernández defendió el programa y explicó que el proceso se desarrollará en tres etapas, de acuerdo con el año de expedición de las placas.
La primera correspondió a 2026 y contempló matrículas emitidas hasta noviembre de 2018 y años anteriores. Para 2027 se incluirán las expedidas entre 2019 y 2021, mientras que en 2028 corresponderá a las placas de 2022 a 2024.
El funcionario aseguró que no todos los automovilistas tendrán que realizar nuevamente el trámite y defendió las características de seguridad de las nuevas láminas, que incorporan códigos QR para consultar información sobre su fabricación, identificación y vigencia.
Respecto al costo, informó que durante los primeros cuatro meses de 2027 el trámite tendrá un precio de 828 pesos. Posteriormente, durante los meses cinco y seis, ascenderá a mil 159 pesos.
También sostuvo que se utilizó como referencia la UMA de 2025 para evitar un incremento mayor en el cobro.
UPAV: denuncian presunto manejo irregular de 280 millones de pesos
Otro de los temas más delicados fue la situación de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. El titular de Sefiplan informó que existen cuatro denuncias penales relacionadas con presuntas irregularidades financieras y administrativas en la institución.
Según explicó, alrededor de 280 millones de pesos habrían sido manejados a través de una fundación que recibía las aportaciones económicas de los estudiantes y tenía el control de los recursos universitarios.
Las denuncias señalan posibles delitos como peculado, lavado de dinero, defraudación fiscal y delincuencia organizada. Tres fueron presentadas por Sefiplan y una por la propia universidad.
Reyes Hernández indicó que las autoridades estatales colaboran con las fiscalías para dar seguimiento a las investigaciones y determinar las posibles responsabilidades.
En cuanto a la situación financiera actual de la UPAV, señaló que la institución dispone de ingresos por 256 millones de pesos, con los cuales se cubren salarios, gastos de operación y compromisos pendientes. Aseguró que, después de atender esas obligaciones, existe un excedente de 87 millones de pesos.
Las acusaciones, sin embargo, deberán ser esclarecidas por las autoridades correspondientes y no representan por sí mismas una determinación judicial de responsabilidad.
Deuda pública: diputados cuestionan refinanciamientos
La situación de la deuda estatal también provocó un enfrentamiento entre el secretario y los legisladores.
El diputado independiente Héctor Yunes Landa cuestionó operaciones financieras que, de acuerdo con sus cifras, superarían los 10 mil 600 millones de pesos. Entre ellas mencionó movimientos por más de 8 mil 700 millones y dos refinanciamientos con BanBajío y Banorte, por 964 y 967 millones de pesos, respectivamente.
El legislador pidió transparentar las condiciones de esas operaciones, los costos por comisiones, las posibles asesorías financieras y los procedimientos utilizados para concretarlas.
Los cuestionamientos contrastaron con el discurso oficial de reducción de deuda y ausencia de nuevos endeudamientos.
En su defensa, Reyes Hernández afirmó que el saldo de la deuda bancaria pasó de 47 mil 775 millones de pesos, en diciembre de 2024, a 41 mil 811 millones en la actualidad.
El funcionario atribuyó esta disminución a las estrategias de saneamiento financiero implementadas por la administración estatal y aseguró que las operaciones se realizaron con personal de la propia dependencia, sin recurrir a asesores externos.
Señalan movimientos de recursos de 23 municipios
La comparecencia también estuvo marcada por los señalamientos sobre el manejo de recursos federales destinados a 23 municipios veracruzanos.
La diputada Montserrat Ortega Ruiz cuestionó movimientos relacionados con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) y exigió conocer por qué esos recursos habrían sido transferidos a cuentas bancarias distintas de las autorizadas.
La panista comparó los hechos denunciados con prácticas financieras de administraciones anteriores y exigió explicaciones sobre el destino del dinero.
Además, legisladores solicitaron aclaraciones sobre observaciones de la ASF, ampliaciones presupuestales, gastos de nómina y posibles pagos indebidos a servidores públicos.
Otro señalamiento fue el de presuntos cobros mensuales de 15 mil pesos a concesionarios de verificentros para evitar bloqueos en sus establecimientos. Se trata de acusaciones formuladas durante la sesión que requieren investigación y esclarecimiento.
Medicamentos, proveedores y gasto público, entre las preguntas pendientes
Los legisladores también pusieron atención en los recursos destinados al sector salud, particularmente al abasto de medicamentos y los convenios con IMSS-Bienestar.
Se solicitaron explicaciones sobre el financiamiento de las llamadas Camionetitas de la Salud, la adquisición de unidades de transporte público, los adeudos con proveedores y la disponibilidad de recursos para atender contingencias por fenómenos naturales.
La diputada María Elena Córdova Molina pidió información sobre el mecanismo estatal de protección ante desastres, luego de cuestionar la falta de claridad sobre los recursos disponibles para responder a emergencias.
También se abordaron los retrasos en el pago de pensiones, las reservas financieras del Instituto de Pensiones del Estado y las condiciones de pago a pequeñas y medianas empresas proveedoras del Gobierno.
La amplitud de los cuestionamientos dejó sobre la mesa diversos temas que requieren información documental y respuestas más detalladas por parte de la dependencia.
Comparecencia termina entre reproches por discurso partidista
Más allá de los números y las explicaciones financieras, otro punto de fricción fue el contenido del mensaje inicial del secretario.
Diputados de oposición reprocharon que Reyes Hernández dedicara una parte importante de su intervención a defender los principios de la Cuarta Transformación y cuestionar modelos económicos anteriores, en lugar de concentrarse en presentar resultados y responder sobre el manejo de los recursos estatales.
Indira Rosales San Román le reclamó que el Congreso no era un espacio para discursos partidistas, mientras que María Elena Córdova cuestionó su actitud frente a los legisladores.
Héctor Yunes Landa también intervino para señalar que el funcionario debía concentrarse en explicar las finanzas públicas y no convertir el ejercicio legislativo en una exposición política.
Al cierre, Reyes Hernández respondió a las críticas sobre su lugar de nacimiento y defendió su permanencia al frente de Sefiplan, al señalar que lo importante debía ser evaluar su desempeño y no su origen.
La sesión dejó varios compromisos de entrega de información adicional, particularmente sobre fideicomisos y operaciones financieras.
Así, la comparecencia del responsable de las finanzas estatales no estuvo exenta de controversias. Mientras el Gobierno de Rocío Nahle sostiene que avanza en el saneamiento de las cuentas públicas, la oposición exige conocer con mayor precisión cuánto se recauda, cómo se gasta y quién responde por las posibles irregularidades detectadas.
En Veracruz, las cuentas públicas siguen bajo cuestionamiento y las respuestas del secretario tendrán que respaldarse con documentos, transparencia y resultados.

