La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia canceló definitivamente su afiliación y la separó de la dirigencia estatal del partido. La alcaldesa enfrenta un proceso penal por la presunta simulación de su secuestro para encubrir un faltante de recursos públicos; habitantes del municipio también exigen que deje el cargo.
Morena decidió romper definitivamente con Nancy Nápoles Pacheco, presidenta municipal de Tenancingo, Estado de México, luego de los señalamientos de la Fiscalía mexiquense que la involucran en la supuesta organización de su propio secuestro para justificar un faltante de aproximadamente 40 millones de pesos de las finanzas municipales.
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del partido determinó cancelar de manera permanente su afiliación y retirarla de la presidencia del Consejo Estatal de Morena en el Estado de México, responsabilidad que desempeñaba desde 2022.
La resolución, correspondiente al expediente CNHJ-MEX-374/2026, fue dada a conocer el 19 de noviembre, después de un procedimiento interno que comenzó meses atrás, cuando se conocieron las investigaciones ministeriales sobre el caso.
Con esta decisión, el partido concreta la expulsión de una de sus autoridades municipales más cuestionadas, aunque la sanción partidista no significa que pierda automáticamente la presidencia municipal.
La Fiscalía sostiene que el secuestro habría sido un montaje
El caso se remonta al 31 de mayo de 2026, cuando Nancy Nápoles denunció haber sido privada de la libertad por varias personas que supuestamente exigían 40 millones de pesos como rescate.
Según la versión inicial de la alcaldesa, logró escapar de sus captores. Sin embargo, las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) llevaron a una hipótesis distinta: el supuesto plagio habría sido organizado para encubrir un presunto desvío de recursos del Ayuntamiento.
Las autoridades ministeriales sostienen que la operación comenzó a planearse desde febrero y que habrían participado personas del círculo familiar de la presidenta municipal, entre ellas su esposo, José Roberto “N”, y su cuñado, Óscar “N”.
La investigación también señala a otras personas que presuntamente habrían intervenido en la logística del supuesto secuestro. Tres de ellas fueron detenidas en Oaxaca, mientras que los familiares señalados permanecían prófugos, de acuerdo con los reportes publicados sobre el expediente.
La Fiscalía sostiene que el objetivo era justificar la salida de 40 millones de pesos de las arcas municipales mediante la exigencia de un supuesto rescate.
Morena ya había suspendido sus derechos partidistas
La expulsión no ocurrió de manera inmediata. En junio pasado, la dirigencia nacional de Morena, encabezada entonces por Ariadna Montiel, impulsó el procedimiento disciplinario contra Nápoles.
El órgano interno suspendió provisionalmente sus derechos como militante y abrió una investigación para determinar si su conducta contravenía los principios y estatutos del partido.
Durante el procedimiento fue convocada a una audiencia estatutaria, a la que no se presentó. Finalmente, la CNHJ resolvió cancelar definitivamente su afiliación y retirarla de la dirigencia estatal.
La determinación también se extendió a otros perfiles políticos: Morena expulsó a Blanca Yaneth Chiu López, exalcaldesa de Jiquipilas, y a Olivia Espinosa Mendoza, regidora de Ocozocoautla, ambas en Chiapas, señaladas por presuntos delitos de abuso de autoridad y extorsión agravada.
Habitantes exigen que también deje la alcaldía
Mientras Morena resolvía su situación partidista, el descontento contra la administración municipal continuó creciendo.
Integrantes del Colectivo Tenancingo acudieron al Congreso del Estado de México para exigir la separación de Nancy Nápoles de la presidencia municipal y solicitar que se investiguen las presuntas irregularidades financieras y administrativas de su gobierno.
Los inconformes pidieron la intervención de los legisladores y de la Fiscalía estatal para esclarecer el destino de los recursos públicos. Javier Martínez Calzada, representante del colectivo, aseguró que la agrupación reúne a más de un centenar de personas y que sus demandas reflejan el malestar de numerosos habitantes.
La exigencia ciudadana va más allá de la expulsión partidista: buscan que se determinen las responsabilidades por el presunto faltante millonario y que se revise el manejo de las finanzas municipales.
Auditorías también detectaron irregularidades
A los señalamientos penales se suman observaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos públicos.
De acuerdo con información difundida por Reto Diario, la revisión de la Cuenta Pública 2025 realizada por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) arrojó 163 observaciones a la administración municipal.
Entre los aspectos señalados figuran posibles inconsistencias en la nómina, pagos a personas que no aparecían en la plantilla autorizada y remuneraciones superiores a los tabuladores oficiales.
También se reportaron observaciones derivadas de la revisión de contratos municipales, con señalamientos relacionados con licitaciones, obras públicas y empresas contratadas.
Estos resultados representan otro frente de cuestionamientos para el Ayuntamiento, aunque las observaciones de auditoría no constituyen por sí mismas una declaración de responsabilidad penal.
La expulsión no significa su destitución
Pese a la determinación de Morena, Nancy Nápoles no pierde automáticamente su cargo como presidenta municipal de Tenancingo. La sanción partidista y los procedimientos para separarla de la administración pública son asuntos distintos.
Por ahora, su permanencia en el Ayuntamiento dependerá de los procedimientos legales y políticos correspondientes, mientras las autoridades continúan con las investigaciones sobre el supuesto secuestro y el manejo de los recursos municipales.
El caso deja una nueva crisis para Morena: una alcaldesa que llegó al poder bajo sus siglas, pero que ahora enfrenta acusaciones por un presunto montaje criminal relacionado con 40 millones de pesos, observaciones de fiscalización y exigencias ciudadanas para que abandone el gobierno municipal.
La expulsión del partido ya está decidida; el destino de los recursos públicos y las responsabilidades de quienes presuntamente participaron en el caso todavía deben esclarecerse.

