La exalcaldesa panista fue arrestada en la Ciudad de México por una orden de aprehensión solicitada en Quintana Roo. La Fiscalía investiga contratos para el lavado de vehículos oficiales que, presuntamente, nunca se cumplieron.
La investigación por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante el gobierno municipal de Playa del Carmen llegó hasta la Ciudad de México. Roxana Lili Campos Miranda, quien encabezó el Ayuntamiento de Solidaridad entre 2021 y 2024, fue detenida la noche del jueves 19 de noviembre en la alcaldía Venustiano Carranza.
La captura fue confirmada este viernes por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, que informó sobre el cumplimiento de una orden de aprehensión por su probable participación en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
De acuerdo con las investigaciones ministeriales, la exfuncionaria habría ocasionado un perjuicio económico superior a los 62 millones de pesos a las finanzas municipales, mediante contratos públicos relacionados con el lavado especializado de vehículos pertenecientes a la Secretaría de Servicios Públicos.
La detención se realizó alrededor de las 19:47 horas en la calle Emiliano Zapata, en la colonia De la Unión Zapata, en Venustiano Carranza. Posteriormente, fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes en instalaciones de la Fiscalía General de la República, en Tacubaya.
Contratos millonarios bajo sospecha
El expediente señala que durante la administración de Campos Miranda, entre 2022 y 2024, se habrían asignado irregularmente tres licitaciones públicas a un mismo particular para prestar servicios de limpieza especializada de unidades oficiales.
Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue la cantidad de servicios reportados frente a la capacidad operativa de la empresa contratada.
Según la Fiscalía, el parque vehicular de Servicios Públicos estaba integrado por 123 unidades, pero los registros contemplaban hasta 865 lavados mensuales, incluidos fines de semana y días festivos.
La empresa responsable contaba únicamente con 15 trabajadores, situación que forma parte de las inconsistencias señaladas en la investigación.
A esto se suma que, presuntamente, el proveedor no contaba con los comprobantes fiscales digitales que acreditaran los primeros servicios contratados. Pese a ello, continuaron realizándose pagos que superaron los 62 millones de pesos.
La Fiscalía también señaló posibles omisiones de funcionarios encargados de supervisar los contratos, quienes no habrían verificado que los trabajos se realizaran ni que existiera la documentación necesaria para justificar los desembolsos.
De la alcaldía a una investigación penal
Lili Campos llegó a la presidencia municipal de Solidaridad bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN), para el periodo 2021-2024. Antes había ocupado una curul en el Congreso de Quintana Roo.
En las elecciones de 2024 buscó la reelección, pero perdió frente a la candidatura de Morena.
Durante aquella contienda, la entonces alcaldesa denunció que la Fiscalía estatal preparaba investigaciones en su contra con motivaciones políticas. Incluso presentó señalamientos por presunta violencia política de género contra el fiscal estatal, Raciel López Salazar.
Ahora, dos años después de dejar el gobierno municipal, enfrenta una orden de aprehensión relacionada con el manejo de recursos públicos durante su administración.
La Fiscalía de Quintana Roo sostiene que existen elementos para investigar el presunto uso indebido de atribuciones y facultades. Sin embargo, las acusaciones deberán ser acreditadas ante las autoridades judiciales y la exfuncionaria conserva el derecho a la presunción de inocencia.
La investigación también alcanza a excolaboradores
El caso se suma a otros procedimientos relacionados con personas que trabajaron durante la administración de Campos Miranda.
En 2025, dos de sus excolaboradores fueron imputados por presuntos hechos relacionados con la apropiación indebida de terrenos en el municipio de Solidaridad.
La detención de la exalcaldesa abre una nueva etapa en las investigaciones sobre el manejo de recursos y las decisiones administrativas tomadas durante su gobierno.
Por ahora, el monto superior a los 62 millones de pesos constituye el presunto daño económico señalado por la Fiscalía, mientras las autoridades deberán determinar las responsabilidades individuales de quienes participaron en la contratación, autorización, supervisión y pago de los servicios cuestionados.

