Pisotean derechos impunemente

Por Ángel Álvaro Peña

La información política fie una especie de secreto de Estado por mucho tiempo, cuando en realidad debió ser una materia que tendría que impartirse desde la primaria. Los 136 artículos de la Carta Magna debieron leerse y estudiarse porque representan los derechos que los mexicanos deben ejercer, pero siempre fueron regateados por el propio gobierno. El resultado: una profunda ignorancia sobre las leyes y la justicia.

Por muchos años hubo personas interesados en que los ciudadanos desconocieran sus derechos para jugar en el discurso con su defensa, aunque en la práctica sólo demostraran que los violentan. Dentro y fuera el gobierno las leyes eran una especie de sacramento que sólo los abogados podían manejar, cuando debieran ser del conocimiento de todos.

Los propios legisladores desconocen las leyes. Bastaría con preguntarle a los 500 diputados cuántos artículos tiene nuestra Constitución para comprobar que la aparente pasión por la representación popular es sólo un medio para alcanzar beneficios particulares, sin excepción de partidos. Desde luego hay honrosas excepciones que a veces no se localizan con facilidad.

En las últimas semanas se ha mostrado una serie de anomalías cometidas por los propios funcionarios públicos, muchos de ellos, producto de cargos de elección popular, quienes en lugar de prestar atención a los representados insisten en engañarlos.

Todo esto surgió con el encarcelamiento de seis jóvenes que fueron acusados de secuestro y finalmente los condenaron por el delito reciclado de ultrajes a la autoridad. La bandera que escogió Monreal demostró importantes posturas del senador, porque sin importar que se tratara de correligionarios, pugnó por la defensa de los derechos de los habitantes de Veracruz. Conocedor del efecto que causan en la sociedad la lucha por los derechos humanos, eligió una bandera que no debilita con el tiempo ni con las críticas en los medios.

Posteriormente, el secretario técnico del Senado, José Manuel del Río Virgen también fue detenido acusado de ser el homicida intelectual del candidato a la presidencia municipal de cazones, Veracruz, René Tovar Tovar. Fue el momento en que el abogado Monreal Ávila comenzó a litigar en los medios y hasta convocó a otros senadores a crear una comisión que finalmente nunca se creó como tal, ya que el Reglamento del senado en su artículo 119 establece que las comisiones especiales se constituyen “por acuerdo del Pleno a propuesta de la Junta”, es decir, la creación de la supuesta comisión especial incumplió lo establecido. Es decir que al no ser mayoría entro de un grupo parlamentario la comisión no tiene validez; sin embargo, insisten en llamarla así, en un insulto a la cultura política de la población.

Hubo antecedentes en esa entidad de otros encarcelamientos por el mismo delito que el senador morenista conoció después pero a tiempo para defender los derechos de los ofendidos, quienes todavía permanecen presos por capricho del secretario de gobierno de Veracruz, que es el que realmente gobierna la entidad.

Tal es el caso de Rogelio Franco Castán, quien fuera detenido tres días de regresarle vigencia a la ley de ultrajes a la autoridad, ya desechada anteriormente por representar la violación a los derechos humanos. Así, la injusta ley se aplicó a Franco Castán cuando era candidato a la diputación federal por el PRD, con lo que las interpretaciones a esta venganza política dieron lugar a que su detención fuera denominada la Ley Franco. Y hay otros sancionados por esa ley que pertenecen a partidos de oposición como Gregorio Gómez, también del PRD. Sin duda se ha abusado de la gente con esa ley.

El jueves 13 de enero, los integrantes de este grupo que preside el senador Dante Delgado, denunciaron el caso de Franco Castán, diputado federal electo, quien se encuentra en prisión desde marzo de 2021 por el delito de ultrajes a la autoridad.

La senadora Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano; Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador del PRD; y Dante, indicaron que este caso se suma al del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, José Manuel del Río Virgen, y al de un sinfín de veracruzanos.

Ante esta situación el dueño de la alianza electoral, Va por México, Claudio X. González, que integra a los partidos PAN, PRI y PRD, en lugar de crear un liderazgo en búsqueda de contrapesos y equilibrios electorales, intentó colocar al final de la fila a Ricardo Monreal, a través de un reportaje de una asociación civil de la que también es propietario el empresario, donde se afirma que la hija del senador, Katy Monreal, recibió asignaciones directas en contratos a través de su tía, por más de 35 millones de pesos.

Sabemos que en la agrupación Mexicanos contra la Corrupción no se mueve nada sin la autorización de Claudio y esto significa que quiere a Monreal lejos de la candidatura de la alianza electoral que considera de sus propiedad. Pero también sabemos que Monreal tiene un capital político dentro y fuera del Senado.

Las reuniones de grupo acumulan quejas y denuncian las arbitrariedades que el secretario de Gobierno hace en nombre del gobernador, tratando de desgastar su imagen. Por ejemplo, se dice que el fin de la ley violatoria, denominada ultrajes a la autoridad, radica en que el gobernador envíe una iniciativa al Congreso local para que se vote contra su vigencia; sin embargo, las leyes dicen que para hacer llegar una iniciativa de ley, el gobernador no es el único que puede hacerlo, puede ser el propio Presidente de la República, un senador un diputado federal o, local. Pero aquí el caso es deteriorar la imagen del gobernador.

Valdría la pena conocer quién envió al Congreso local de Veracruz la propuesta de darle vigencia a la ley de ultraje a la autoridad, que lleva a cabo con toda puntualidad la fiscal de la entidad, Verónica Hernández Giadán, quien naciera en Santiago Tuxtla, por los rumbos donde tiene sus bastiones la secretaria de energía, Rocío Nahle, a quien le allana el camino el propio secretario general de gobierno, llamado Erick Cisneros Burgos.

Quien haya sido quien revivió la ley de ultrajes a la autoridad sabía que le pegaría directamente al gobernador y por eso envió, a través de terceros incondicionales, la iniciativa a debate.

PEGA Y CORRE.- Las ausencias por Covid en el Congreso ahora superan el nivel de legisladores faltistas que llegar a su curul como si fueran turistas. Ahora, el que no tiene pandemia la inventa para no asistir, así no se compromete con nadie en tiempos de definición… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.