Rogelio Franco héroe o víctima
ALMA GRANDE
Por Ángel Álvaro Peña
Una vez erradicada la rabia que contenía el artículo 331 de Código Penal del Estado de Veracruz, los 1,053 presos por el delito de Ultrajes a la Autoridad, deben alcanzar la libertad; sin embargo, como muestra de que ese artículo sólo era un pretexto para sacar de la jugada política a los contrincantes, ninguno de esos internos logra salir.
Desde que la aprobación de dicha ley, llamada Ley Franco, por ser destinada a Rogelio Franco Castán, al aplicársele a unas horas de que el Congreso local de Veracruz la aprobara, se utilizó como auxiliar en la detención de quienes estorbaban políticamente a las más altas autoridades de la entidad.
Las autoridades judiciales están para hacer justicia y no para castigar la disidencia o por no coincidir con los intereses de quien someten arbitrariamente en nombre de la ley.
Este es el caso de Rogelio Franco, ex secretario de gobierno de diciembre de 2016, a noviembre de 2018; dirigente estatal del PRD y candidato plurinominal a una diputación federal en el momento de ser detenido, es decir, horas después de que la ley de Ultrajes a la autoridad cobrara vigencia en Veracruz.
El castigo contra Franco fue no sólo clara sino evidentemente orquestada con antelación y una gran perversión, porque en políticas no hay coincidencias y hubo muchas de éstas desde el momento de su detención hasta ahora que lleva más de un año y que por fin fue liberado del cargo de violencia intrafamiliar, cuyos hechos nunca existieron, y de testigos están sus hijas que actualmente los apoya a estar convencidas de que es inocente de este delito.
La combinación estuvo triangulada entre el PRD nacional y estatal, la secretaria de gobierno de la entidad, y el Poder Judicial de Veracruz, que actuaron de manera planeada con alevosía y ventaja para sacar de la competencia electoral a Franco Castán porque representaba u peligro para la deshonestidad desatada de los perredistas.
Así, se impuso la figura de abogado defensor en la persona de Jesús Velázquez, quien era, al mismo tiempo, su abogado defensor y en lugar de defenderlo permitió que se le imputaran otros delitos para asegurarse de que nunca saliera de la cárcel, donde todavía se encuentra.
Los logros del proceso de este caso se deben al despacho del Lic. Juan K. Moreno Torres y sus abogados Ricardo Moreno Correa y Gustavo Martín Gómez Chavarría, quienes trabajaron arduamente para enfrentar un caso contra todo un aparato no sólo judicial sino un ventajoso sistema de gobierno.
El PRD actúa con un doble discurso y una doble moral, por un lado, crea la estrategia para que permanezca en prisión y, por el otro, exige públicamente su libertad con marchas y mítines, que sólo buscan la atención de los medios para anunciar que todavía vive.
De los delitos imputados al diputado Franco Castán, ninguno es grave, de tal manera que bien pudo estar libre y llevar su proceso en libertad, pero los jueces seguían órdenes expresas de la secretaria de gobierno de la entidad para no permitirle gozar de sus derechos.
Además, no se configuraron los delitos previstos en los artículos 331 y 371 quinqués del Código Penal para el Estado de Veracruz, por lo que desaparece el auto de formal prisión que se le impuso por tales ilícitos. Ahora sólo queda pendiente de resolver un supuesto delito por extorsión, en un supuesto agravio contra Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de seguridad Pública de Veracruz, quien nunca señaló haberle entregado cantidad alguna a Franco Castán a cambio de algún beneficio. Es decir, nunca hubo acusación, pero sí imposición del delito por parte de la Fiscalía.
La ilegalidad es una característica del caso Franco Castán, dejarlo libre no es un acto de justicia sino una obligada reparación de daño, por un capricho de quienes lo tienen preso sin delito y por intereses personales.
El delito de ultrajes a la autoridad sólo sirvió para enganchar hacia los reclusorios a quienes eran considerados un estrobo para el desarrollo de las actividades poco transparentes de la secretaría de gobierno, del PRD estatal y nacional y de la propia fiscalía.
Puede percibirse que no sólo el delito de Ultrajes a la autoridad fue diseñado para perjudicar a Rogelio Franco sino que se convierte en el ejemplo claro de las arbitrariedades de un partido que lo utiliza sólo cuando necesita reflectores, con un secretario de gobierno que le estorba apara acabar de manipular la realidad del estado y una fiscalía desesperada por mostrar resultados en su lucha contra la delincuencia y que finalmente actúa como delincuente.
PEGA Y CORRE
Algunos medios quieren atemorizar a la sociedad con la amenaza de amparos y litigios contra la reforma eléctrica. Desde luego habrá muchos, pero más de la mitad no son siquiera aceptados, otros se negocian y otros más ganados, se pierden sólo unos cuantos y no siempre…
Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
