Justicia en números rojos
Por Ricardo Homs
Según la ONG denominada Intersecta, -en dos años, de 2019 a 2021-, han aumentado en 65.4 % el número de detenidos en la Ciudad de México, que aún no reciben sentencia.
Lo que pone esto de manifiesto es que, -entre otras circunstancias-, se ha incrementado el número de personas detenidas por la policía de la Ciudad de México, sin razón alguna, a las cuales se les fincan cargos ficticios, con datos falseados que se acomodan a la comisión de algún delito que aún no está resuelto. En pocas palabras, quizá está creciendo el número de casos, -en que para generar la percepción pública de eficiencia-, las policías practican la búsqueda de “chivos expiatorios” a quienes fincan cargos inexistentes, con la complicidad de ministerios públicos que ignoran la información que de inmediato aportan los detenidos y sus familias para evidenciar el error.
Cada vez más crece en el país el abuso policiaco, que es exhibido en redes sociales por testigos ocasionales que grabaron la detención violenta. La información llega incluso a los noticieros de televisión con cobertura nacional y no sucede nada. Las autoridades para las que trabajan dichos agentes les protegen con total cinismo, generando impunidad.
La actitud insensible e indiferente de las autoridades es la causante de la impunidad en la persecución del delito, de la práctica de abuso de los derechos humanos, de la violencia contra la mujer, del abuso sexual infantil y de otros muchos delitos que no son tomados en serio por los ministerios públicos, como sucedió con el asesinato de Luz Raquel Padilla en Zapopan, Jalisco, en condiciones salvajes: quemada viva.
Hay evidencias de que ella percibió el peligro por las amenazas y solicitó protección a las autoridades, pero fue ignorada.
¿Qué tanto el incremento de la violencia se debe a negligencia de las autoridades, así como a abuso?
Hacer como que investigan un delito y terminan buscando un chivo expiatorio, significa dejar libres a los delincuentes para que sigan cometiendo fechorías contra otras víctimas. Pero significa también violación de derechos humanos e incluso, uso la tortura para incriminar en un delito a gente inocente.
Aterra esta impunidad que lastima a la gente vulnerable que no se puede defender.
Es la gente vulnerable y anónima la que siempre sufre el abuso.
Nuestra idiosincrasia nacional es represiva y se sustenta en el abuso del fuerte sobre el débil. Sin embargo, genera una cadena interminable de abusos. Quien hoy ha sido víctima si mañana adquiere poder, -quizá contratado como policía-, seguramente repetirá sobre otros el trato recibido, como un cobro de facturas que le libera de los fantasmas del pasado.
¿Por qué no se inicia el combate contra el delito cotidiano reordenando los procedimientos de los cuerpos policiacos y los ministerios públicos?
Si se empezara a castigar el abuso policiaco y la negligencia del MP, se empezaría a mandar un mensaje de “cero tolerancia”.
Es fundamental que el Poder Legislativo, -tanto federal como los congresos estatales-, legislen para castigar con mucha severidad los abusos de los funcionarios públicos. Seguramente ahí está la mitad de la solución.
Erradicar la mentira de los procesos jurídicos y castigarla con mucha gravedad, evitaría la práctica de los chivos expiatorios, seguramente también la tortura y otros graves vicios de nuestra justicia.
Replantear el combate a la delincuencia con una estrategia paralela, -de reorganización y rescate moral de los cuerpos policiacos, así como los de procuración de justicia-, es fundamental. No hacerlo es como tener al enemigo en casa.
Es urgente un replanteamiento integral del sistema de justicia.
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