CIEP: Requiere México más de 12 mmdp para recuperar pérdidas en aprendizaje
<< Durante el primer semestre de 2022, la SEP ejerció 24 mil 927 mdp menos de lo programado para ese periodo >>
CIUDAD DE MÉXICO. El regreso a clases implica retos que la Secretaría de Educación Pública (SEP) deberá afrontar, tales como la implementación de estrategias y programas nacionales de recuperación del aprendizaje para contrarrestar los costos de la pandemia por Covid 19.
Aunado a esto, la cobertura educativa cayó en todos los niveles: de acuerdo a cifras de la SEP, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. (CIEP), estima que al menos un millón 139 mil niñas, niños y adolescentes dejaron los estudios de educación básica.
El CIEP, en su investigación ‘Ciclo escolar 2022 – 2023: Hacia la recuperación de la pérdida de aprendizaje’, cuantifica los requerimientos presupuestarios para recuperar las pérdidas de conocimiento y habilidades en el proceso académico de estudiantes de primarias públicas en todo el país.
Extender la jornada escolar una hora para implementar programas de recuperación de las pérdidas de aprendizaje, podría requerir de al menos 12 mil 677 mdp sólo para realizar una evaluación de aprendizajes y para cubrir una hora adicional de salario de los 503 mil docentes de primarias públicas en el país, durante un año.
Cabe señalar que, a junio de 2022, la SEP ejerció 24 mil 927 mdp menos de lo programado; los recursos estimados para la recuperación de aprendizajes representan la mitad de este subejercicio.
Por otro lado, el Banco Interamericano de Desarrollo recomienda que el gasto público en educación sea de entre 4 y 6% del PIB. En México, este gasto es del 3.1% del PIB en 2022, el nivel más bajo de la última década.
Finalmente, el CIEP precisa que, en un escenario en donde casi 25 millones de estudiantes de educación básica regresan a las aulas con la implementación de un nuevo programa de estudios, no se cuenta con una estrategia de recuperación de aprendizajes, así como una política que aborde la caída de la matrícula escolar y la priorización del bienestar psicosocial de las y los alumnos.
