La marcha presidencial
Por Ricardo Homs
La marcha prometida por el presidente López Obrador para el próximo 27 de noviembre, -para conmemorar los cuatro años de su mandato-, evidentemente es una respuesta a la marcha ciudadana del 13 de noviembre pasado, organizada como acción ciudadana depara defender al INE de una reforma que pretende limitar la independencia de nuestro instituto electoral.
Sin embargo, esta marcha presidencial tiene todas las características de una “marcha de estado”, al viejo estilo priísta del siglo XX.
Ya el Sindicato Mexicano de Electricistas, SME, quienes trabajaron para una empresa que fue liquidada en 2009 por el presidente Calderón, -denominada Luz y Fuerza del Centro-, se prepara para participar como agradecimiento de este sindicato por las pensiones vitalicias otorgadas por el presidente López Obrador a este gremio.
Ya circula por las redes sociales un video donde el gobernador Barbosa, -de Puebla-, organiza los apoyos que saldrán de este estado para la marcha presidencial y en una mesa escucha los requerimientos de la gente de los municipios de Pantepec, así como de Jalpan, Venustiano Carranza y Zihuateutla. Asimismo en medios de comunicación este gobernador anunció que 50,000 poblanos participarán en esa marcha en apoyo del presidente, seguramente patrocinados con el presupuesto de su gobierno.
Si bien el presidente tiene todo el derecho a convocar esta marcha y los gobernadores morenistas a respaldarlo, este tipo de acciones generan interpretaciones que deben ser tomadas en cuenta.
Primeramente, el riesgo de ser considerada esta marcha como acto anticipado de campaña.
Además, la alta posibilidad de que para organizarla se utilicen recursos públicos, lo cual constituye un delito puesto que es un acto partidista que tendrá financiamiento de instituciones municipales, estatales y federales.
El impacto en la identidad de este gobierno de la 4T nos remite a las prácticas corporativistas del viejo PRI del siglo pasado, cuyo gobierno popularmente se denominó “la dictadura perfecta”.
Esto contrasta con las reiteradas declaraciones presidenciales, en las cuales se esfuerza por dejar constancia de que su gobierno es totalmente diferente de los anteriores. Sin embargo, cada vez más se parece a los viejos tiempos priístas del presidente Echeverría.
Las diferencias se marcan con acciones disruptivas e innovadoras las cuales generaron la expectativa de sectores no morenistas que dieron su voto a favor de López Obrador después de escuchar sus ofertas de campaña sustentadas en la promesa de un cambio radical.
En contraste, el exagerado interés presidencial por temas electorales y los relativos a la promoción de la imagen de su gobierno, -como lo es esta marcha-, contrasta con el descuido en la resolución de los graves problemas cotidianos que impactan directamente la vida de los ciudadanos, como lo es la inseguridad.
El contexto de violencia debiese convertirse en la prioridad gubernamental y sin embargo las únicas referencias que hace el gobierno a este problema son para justificar las acciones emprendidas e insistir en que se están resolviendo.
Si el interés del mismo presidente y de sus subordinados, -así como de los gobernadores morenistas es mostrar músculo a favor de la 4T-, se focalizaran en resolver la violencia criminal, las extorsiones, los feminicidios, el cobro de piso entre otras tantas manifestaciones de la violencia criminal en contra del ciudadano, entonces ya se estaría viendo sus resultados y el regreso de la confianza pública, así como la disminución del temor colectivo y la tensión social.
Estos distractores, -como lo es esta marcha-, solo ocultan y maquillan los graves problemas del país que afectan directamente la vida de los ciudadanos.
Gobernar a base de mañaneras y marchas representa una irresponsabilidad y abuso de autoridad, pues permite que los problemas crezcan y después sean más difíciles de resolver.
Menos grilla y más gobierno debiese ser la exigencia ciudadana.
¿A usted qué le parece?
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