El Estado y el derecho
Por Alberto Woolrich Ortíz
No se trata aquí de hablar con delicadeza que resulta ser un patrimonio moral de pocos, ni de alabar al Poder Ejecutivo Federal, ni de externar sus virtudes si las tuviera, ni de los enredos y cuentos de que todo va bien en ésta Cuarta Transformación de la nación, sino sólo se trata de expresar lo que resulta verídico y sincero, lo cuál es la repugnancia que se siente por aquellos que no respetan la Constitución política.
Todos sabemos que no puede existir neutralidad con aquellos que infringen la ley y no la respetan y los que la reverencian y acatan. Neutralidad para los abogados independientes de la República no significa tener la capacidad para impedir que un estimulo político externo altere el estado de ánimo. No podrá haber nunca una imparcialidad posible ante el derecho y la justicia cuando ésta es violada impunemente.
En los Estados Unidos Mexicanos es un hecho indudable que deben existir necesarias e imprescindibles relaciones entre la Cuarta Transformación de la nación y el derecho.
Si nos remontamos a años antes de la promulgación de nuestra carta magna, nos encontramos que el gobernado luchó y triunfó por su libertad política, es verdad, que también luchó por encontrar y hacer valer el imperio del derecho y la ley, así como mantener el orden, es decir que el Estado se encontrara siempre sometido al derecho. Todas las togas de la República saben que un Estado no sometido es la extralimitación, el atropello, la injusticia, la iniquidad, la ilegalidad y el absolutismo y la negación de la libertad. Todas esas togas igualmente sabemos que es en los tiranos en los que se manifiesta plenamente la arbitrariedad.
Precisamente es en el derecho donde se arranca un proceso de garantías para limitar la acción arbitraria del Poder Ejecutivo Federal. Es en ese instante en que el Estado y el derecho se vuelven a unir y como lógica consecuencia jurídica ello conduce al Estado a reintegrarse a un orden jurídico total.
Ahí radica la importancia de indagar, procesar, sancionar y encarcelar al narco-político que dio origen a ese despreciable fenómeno. El Estado debe de respetar al Derecho cuando es un reclamo de la vida social. Ahora es Andrés Manuel López Obrador —si así lo entendiera— el que debe y tiene que interpretar esa vida social, el Poder Ejecutivo Federal debe encauzar y aceptar que el fenómeno de la narco-política ya tiene que entrar al campo de la juridicidad.
También todas las togas independientes de la Nación saben que la concepción actual de nuestro Estado de Derecho desde el ayer quedó precisada por la Comisión Internacional de Juristas de la Haya y un medio para hacer efectivo el respeto a ese Derecho es “responsabilidad de la administración pública por sus propios actos”.
Presidente Andrés Manuel López Obrador, la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C. lo conmina a respetar la ley, lo invita a modificar su actuar político por el bien de México.
Es cuanto
Presidente de la Academia de Derecho Penal
del Colegio de Abogados de México, A.C.
