Xóchitl a la cárcel
Por José García Sánchez
La urgente necesidad de la defensa de la hidalguense convertida en precandidata a la Presidencia por el híbrido grupo opositor, obliga a sus improvisados abogados a incurrir en complicidades de esa mujer, como es el caso de la violación de la ley por ser servidora pública y realizar negocios de sus empresas con el gobierno, motivo por el cual debería ser juzgada la ex vendedora de gelatinas.
No es uno el artículo de la Ley de Servidores públicos que viola, pero ante la necesidad de victimizarse contrata defensores y escribanos que ante la ignorancia y la prisa por defender lo indefendible incurre en erratas que sólo pueden ser propias de principiantes, como el hecho de comentar que no pueden darse a conocer los datos de la empresaria porque la pone en riesgo de ser secuestrada.
Habrá que enterar a los improvisados tinterillos que todo servidor público debe tener a la vista de la población sus datos, se soliciten o no. Si no quiere que se conozcan podría evitar entrar a la burocracia.
En lugar de ver el delito que la mujer comete contra el país los defensores sin oficio prefieren irse por la vulnerabilidad, tratando de hacer de una delincuente una víctima.
Abusó de la función pública, se cometió cohecho, practicó el tráfico de influencias, pero eso para sus defensores es intrascendente, lo importante para ellos es que pudieran secuestra a La Cenicienta o robarla, o insultarla en su casa. La percepción de los valores de los improvisados defensores de la Gálvez, quienes ven la paja en el ojo ajeno, está distorsionada, porque en lugar de callarse para no caer en la complicidad la defienden como si fuera una menor de edad.
Es muy claro para la mayoría de la gente medianamente educada académicamente que ningún servidor público en funciones puede hacer negocios con el gobierno, ya sea de manera directa o hasta con sus familiares en cuarto grado, de no hacerlo debe ser investigada y castigada, ya que la corrupción es un delito grave.
Quien viola la privacidad de las personas es el equipo de Xóchitl Gálvez, con su anuencia, que irrumpe en los teléfonos celulares privados con grupos de WhatsApp, como el denominado Xóchitl Presidenta, cuando la gente a la que le envía mensajes nunca les dio el teléfono para convencer de las virtudes delictivas de la delincuente, se trata de una clara violación a los datos personales porque la gente que quiere convencer no es servidora pública y la información de su vida es privada.
Hay quienes recriminan al Presidente que haya ventilado datos de Hacienda de las empresas de Gálvez, habrá que recordarles que esa dependencia pertenece al Ejecutivo, no se trata de ninguna intromisión sino de la utilización de datos de sus propias oficinas, para dar a conocer el estado que guarda la legalidad, puntualidad o evasión de los grandes, medianos o pequeños contribuyentes.
La Gálvez se pasó varios años denunciando corruptelas ajenas tratando de ocultar las suyas. Defendió al INAI porque tenía nexos comerciales con esa institución, protegió al INE a pesar de que su entonces presidente consejero había insultado a un gobernador indígena, que debería defender como si fuera su hermano. Es decir, la víctima es más bien indiciada de estos y otros delitos.
El Frente Amplio por México poco a poco la va dejando atrás a causa de los lastres que implica inflar un proyecto de esa magnitud, porque no es la mujer indígena clara y transparente que dijo ser y si la mentira fuera delito, sería otro acumulado a una larga lista de violaciones a la ley que deberían aplicarse de inmediato.
Se requiere de mucha ingenuidad para pensar que se trata de un producto que pueda venderse como lo que dice que es, menos aun en el ámbito electoral donde la investigación de causas y orígenes del estado actual de los protagonistas o candidatos es materia de búsqueda incansable. Hay a quienes les gusta ser engañados, ya sea por ignorancia, por falta de información, o por mansedumbre, pero quienes entran a defender sin razón a una delincuente es simplemente complicidad y merece castigo.
