El país de las mentiras
Por Ricardo Homs
Mentir sin consecuencias es una forma de vida en México.
Abelina López Rodríguez, alcaldesa morenista de Acapulco ya declaró su versión trascendental sobre los saqueos derivados de las grandes necesidades que viven los acapulqueños después del paso del huracán Otis. “NO SON ROBOS, SINO COHESIÓN SOCIAL”.
Entre la ignorancia, y la estupidez rayan estas declaraciones. Parece ser que quienes hoy tienen poder nos quieren compartir una luz de verdad que surge en nuestro país como un gesto de clarividencia universal. No importa que desde la perspectiva tanto moral como jurídica tomar lo ajeno sea calificado como un delito. Sin embargo, desde el poder hoy se pretenden justificar estas conductas.
No importa que quienes entran a una tienda de autoservicio no solo saquen alimentos, sino también pantallas de televisión, laptops o motos. El robo se justifica sólo porque quien ejerce el poder local utiliza su criterio personal, -pobre e insignificante-, para justificar que teniendo la responsabilidad de mantener el orden y teniendo a su cargo la policía municipal, ésta ha quedado rebasada.
Antes quien robaba sabía que estaba cometiendo un delito. Hoy desde el poder se justifica el acto con una bananera dosis de ideología marxista sustentada en la lucha de clases, que define que se puede despojar a quien tiene algo, simplemente porque otro lo quiere o lo necesita.
¿Y dónde queda el estado de derecho, que es el eje de la paz social?
De este modo vemos que las autoridades judiciales, -e incluso militares-, hacen caso omiso de los robos a los trailers, así como asaltos masivos en carreteras a autos particulares, saqueos a camiones siniestrados, asaltos a pasajeros en combis, cobro de derecho de piso a micro comerciantes, y en general, la tolerancia al delito con brutal indiferencia.
Sin embargo, ya lo dijo la secretaria de gobernación Luisa María Alcalde, -hace unos días-, en su comparecencia en el Senado: “¿Para qué cambiar la estrategia de seguridad?… si está dando resultado”.
Para qué preocuparse si en “las mañaneras” desfilan los secretarios mostrando logros inexistentes y cifras maquilladas, o medias mentiras y a veces hasta mentiras completas.
La distorsión de la realidad “es cotidiana en las mañaneras”. Incluso, si un periodista muestra datos extraídos de los mismos reportes publicados por instituciones que forman parte del Poder Ejecutivo, estos son desmentidos por el mismo presidente, quien dice tener otros datos, como le ha sucedido a Jorge Ramos, el periodista mexiconorteamericano que trabaja para Univisión.
Sin embargo, es importante reconocer que por idiosincrasia los mexicanos mentimos a veces hasta por placer y nuestros políticos mienten continuamente. Esta es una condición sociocultural que se desarrolla desde que el niño es pequeño y miente sin tener consecuencias. Lo vergonzoso no es mentir, sino que te descubran.
En la impartición de justicia la mentira es tolerada hasta el límite de castigar a inocentes y liberar a delincuentes después de testimonios inventados y declaraciones falsas.
Sin embargo, las crisis representan una oportunidad de evidenciar las mentiras. La destrucción de Acapulco pone una dura prueba a este gobierno de la 4T.
La desaparición del FONDEN y todo lo que había alrededor de este fideicomiso pone en riesgo a los damnificados, pues este fideicomiso no sólo representaba dinero, sino también un equipo humano especializado en la atención de desastres naturales y con la experiencia para hacerlo.
La Secretaría de Hacienda podrá aportar el dinero, pero no podrá improvisar la experiencia del equipo directivo del FONDEN, previo a su desaparición.
Es cierto que, al último director general del FONDEN, -José María Tapia-, se le ha acusado de prácticas constitutivas de corrupción mientras estuvo a cargo de este importante proyecto. Quizá esto sea cierto, pero si así hubiese sido, simplemente con cambiar al titular, -pero mantener en sus funciones a la institución y a la gente operativa-, en este momento esa decisión significaría tener capacidad de respuesta eficiente para Acapulco y la parte mayormente afectada del Estado de Guerrero.
Ahora, -en plena crisis del huracán Otis-, para justificar la desaparición del FONDEN este gobierno rescata las acusaciones contra Tapia, lo que debía haber hecho cuando desapareció este fideicomiso, lo cual sería parte de un proceso. Sin embargo, la oportunidad con que exhibe el tema corrupción en esta coyuntura de crisis humanitaria en Acapulco muestra la perversidad gubernamental y la recurrente actitud presidencial de victimización, – argumentando siempre un complot en su contra-, escabullendo así la responsabilidad implícita en las decisiones tomadas a la ligera, con fines ideológicos y politiquería.
El descontrol de la improvisación frente a una crisis se manifiesta en el maltrato al ciudadano. Circulan en redes sociales testimonios de abusos en un retén del Ejército y Guardia Nacional, ubicado después de la recta de Chilpancingo. Entre estos circula uno grabado por un médico que llevaba tres camionetas de ayuda humanitaria a Pichilingue para los empleados del condominio donde viven él y su familia. Este fue despojado no sólo de los víveres, sino también de sus pertenencias personales y las de sus hijos, además de un trato humillante infringido por los militares.
La desaparición del FONDEN equivale a la destrucción de todo el sistema de salud creado por los anteriores gobiernos, -previos a la llegada de la 4T-, para dar paso al INSABI, que resultó un fracaso frente a la pandemia del COVID. Hoy se calculan los daños de este padecimiento en 700 mil fallecimientos, que quizá hubieran sido un número mucho menor de haberse mantenido el sistema de salud anterior, con directivos más experimentados que los del equipo actual.
El presidente López Obrador acusó a la institución anterior de ser un nido de corrupción y la desapareció, con graves problemas de abastecimiento que dejaron sin medicinas a los niños enfermos de cáncer y otros grupos vulnerables, imposibilitados económicamente de atenderse en el sector privado.
A final de cuentas después desapareció el INSABI y sus actividades recientemente las absorbió el IMSS.
El “ensayo y error” ha sido la vocación de la 4T, arrastrando con sus improvisaciones cientos de miles de muertes, sin contar con los casi 130 mil asesinados hasta hoy, durante el gobierno del presidente López Obrador y su reticencia a cambiar su estrategia de “abrazos y no balazos”, que hoy constituye una afrenta para las víctimas de la violencia.
¿Quién responderá por los muertos y desaparecidos de la 4T?
¿A usted qué le parece?
